edición: 2703 , Miércoles, 24 abril 2019
13/01/2010
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

La guerra al Banco Central destapa a los Kirchner: se los comen las deudas y arruinan a Argentina

Resucita el fantasma del default en 2010 que bancos y analistas habían alejado al final de 2009: necesitan 18.000 millones de dólares -tres veces las reservas en disputa- para cerrar el ejercicio
La Casa Rosada busca nuevas cajas: la pelea por los 6.569 millones de dólares del BCRA es sólo un aperitivo del menú que los Kirchner quieren servir a la mesa de las empresas públicas y los bancos
Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina
Ana Zarzuela

Sobreactuó. La presidenta argentina buscaba con el ministro Amado Boudou como ariete, servir a la mesa de los holdouts algún nuevo acuerdo de deuda externa sin manchar el ‘altar’ argentino con el FMI y, de paso, dejar la puerta abierta de otros 10.000 millones de dólares de reservas de ‘libre disposición’ para las deudas caseras. Y vistió de alarde sus urgencias. Planeaba -explican ahora desde la Casa Rosada- despejar cualquier fantasma de un 'default' a la vista. Pero han despertado todas las sombras que quisieron conjurar. Si los analistas despejaron al cierre de 2009 el riesgo de impago estatal hasta el segundo semestre de 2010, los Kirchner han enseñado otra vez el cartón de sus necesidades. Y con él, la avalancha de las dudas que ni los técnicos del Banco Central pueden ya acallar. Hoy, tras la guerra a Martín Redrado, no son sólo las ventanas de la liquidez exterior las que se le empañan al Gobierno argentino, ni sólo el ‘paseíllo’ de Boudou a las puertas de los bonistas y los mercados de crédito –previsto para esta semana- lo que se postponen. Tras el ruido de sables, a los Kirchner les huele de nuevo a 2001. No sólo es el FT el que jura que su “peor problema económico es el peronismo”. Cristina Fernández se queda sin ‘monederos’ en un año electoral en el que mantiene a tres provincias tratando de sortear el desfiladero de la quiebra regional. Pone en peligro la solución a los flecos del 'default' de 2001, deja a la luz el intervencionismo, se arriesga a que los ‘fondos buitres’ paralicen el conjunto de las reservas exteriores del BCRA y deja a la vista los problemas para hacer frente a todas sus deudas y cubrir unas necesidades de crédito que han subido este año de los 5.900 millones de dólares de 2009 hasta los 10.700 millones actuales para el primer semestre.

Han agotado las cajas del Tesoro, las arcas de los organismos estatales, las pensiones nacionalizadas -le dieron 7.300 millones de dólares en 2009-, el recurso a los bonos de Venezuela, la extensión de los vencimientos locales y hasta la emisión pública a las espaldas de la obra social de los jubilados. Pero aún hay sed de liquidez. Tanto que levanta todos los baldosines propios y ajenos y ahora que se les rebela hasta el Banco Central, busca de nuevo el ‘bolsillo’ de la banca comercial. Hipoteca el último año de gobierno a niveles peronistas y le deja el país al borde del default al siguiente inquilino de la Casa Rosada. El mensaje, con o sin victoria sobre Redrado, ya ha llegado a los mercados: Argentina está débil y peligra no sólo el canje. Para las empresas españolas suma y sigue con la erosión del intervencionismo: perciben al país ya casi al mismo nivel de riesgo que Venezuela o Bolivia: sólo un 20% de las cotizadas en el Ibex mantendrán el nivel de inversiones en 2010.

Entona el ‘no quiero verlo’. Dicen los muros de Palacio que la presidenta se deprime y ha prohibido que le cuenten las miserias del perfil de su deuda y los riesgos de sus finanzas. A Carlos Fernández la sinceridad le costó la cabeza. La Casa Rosada sólo tiene ojos para el consuelo de Morgan Stanley, el que descontaba -antes de la crisis institucional- que a pesar del déficit fiscal en 2010 de casi el 1% del PIB, sus ‘juegos de manos’ le permitirían pagar, aunque no a medo plazo, más allá de los 18 meses. Y sigue la bitácora inversa a las recomendaciones. Nada de reducir gasto público, nada de recuperar acceso a los mercados voluntarios, menos aún, un acuerdo con el FMI que permita salvar la brecha de 2010.

Sacude sus últimas huchas, pero sólo le llegan las sirenas de sus zozobras y los ecos del último default. Ése del que trataba de salir por la puerta grande de los pagos adelantados. Pero ha hecho de la oportunidad el epicentro de una nueva crisis, con su intento por regresar a las piruetas de 2006, la última vez que un decreto de emergencia estableció un fondo de reservas así para el pago de deuda. Tras el ‘tango’ más arrebatado con Martín Redrado y el ‘catecismo’ de la ortodoxia del Banco Central, la presidenta argentina  intentó esconder la mano de sus urgencias, ésas que necesitan más de 18.000 millones de dólares -tres veces el Fondo que pelea con el BCRA- para salvar al menos el primer semestre del año. La guerra de los Kirchner con el Banco Central se cerrará, más pronto que tarde, aunque les cueste saltarse -como prometen- a los jueces, llevar los tanques de sus empeños al Congreso y hacer oídos sordos a los avisos de los bancos de inversión y hasta los técnicos del ministerio de Economía. Pero ni la ‘cabeza’ de Redrado ni el consuelo de los 6.590 millones de dólares de reservas en disputa -si es que  el gobierno consigue hacerse con ellos finalmente- son ya suficientes. El ‘manto’ del Fondo del Bicentenario no ha hecho más que enseñar las ‘vergüenzas’ que trataba de disimular para abrir el mercado.

No sólo es Lavagna el que advierte que el próximo gobierno, dentro de un año, “tendrá cero margen de acción”. Ni sólo el economista  Guelar el que advierte que los K coreografían un ‘regreso al futuro’, en el que cada paso en el déficit de las empresas públicas, la falta de liquidez para hacer frente a los ‘flecos’ de 2001 -y renegociar los 20.000 millones pendientes con los tenedores de bonos- y regresar al mercado mundial de crédito, el endeudamiento de las provincias y la falta de nuevas ‘fuentes’ de liquidez llevan al default. Les pone fecha, alto y claro, Standard and Poors, con la misma letra con la que pronosticó las quiebras de General Mostors y Chrysler: a los Kirchner “les queda poco tiempo”. “Si no corrigen su política económica” la tierra del tango desembocará de nuevo en la cesación de pagos en 2010; ni la emisión de nueva deuda en los próximos trimestres ni el rebaño de las últimas migajas de la Anses serán ya suficientes para contener la vía de agua de la fuga de capitales, la tormenta de la caída de las reservas oficiales y de los flujos de ingresos: si no llueve en latitudes argentinas la financiación externa, dará con sus huesos en la reedición del default. Hasta el Banco Central le recuerda que si no regresa a los mercados y genera un mayor superávit, puede tener problemas para cubrir los servicios de deuda y otras necesidades de financiamiento más allá de 2010.

Varios ministros hacen llegar sus temores a los analistas independientes y bajo la mesa del titular de Economía, Amado Boudou: la liquidez de la Anses y los depósitos públicos en la banca oficial serán sólo un ‘aperitivo’, la ‘prueba del nueve’ vendrá después.  Boudou, mira a las ‘cajas’ hasta ahora intocadas y pasa su mano por las últimas telarañas de las ya exprimidas: la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le dio 7.300 millones de dólares a las arcas públicas en 2009 y acaba de suscribir letras del Tesoro por 1.500 millones de dólares, pero al principal financiador de los Kirchner le tiemblan ya las piernas de la liquidez. Será insuficiente para encarar los 20.000 millones pendientes para los primeros compases de 2010 ante la salida de capitales, la recesión prevista en un 3% y la debilidad del músculo fiscal, por primera vez en seis años en déficit.

En los últimos cinco años ha esquivado la laguna del 'default' con las pértigas de los bonos que colocó en Venezuela, las inyecciones de liquidez del sector público y el bálsamo de su balanza comercial. Ahora, con los mercados voluntarios de crédito aún cerrados y a la vista de los muros del Banco Central, se prepara para echar mano del Banco Nación y otros organismos públicos, de algunas ayudas del BID e intenta apretarle las últimas tuercas de la liquidez al sistema financiero: a la vista del enfado del tejido bancario argentino han vuelto a meterlas al congelador, pero Bodou y Echegaray no ocultan que sólo buscan una oportunidad para imponer un impuesto a la renta financiera sobre todos los instrumentos–aún a riesgo de subir más las tasas de interés, retraer el crédito y aumentar la fuga de capitales- y un bono sobre los recursos en poder de los bancos -probablemente sus depósitos en dólares- como el que ya fracasó con Domingo Cavallo justo en 2001.

TODAS LAS LUCES ROJAS

Le han puesto el tentetieso a sus intenciones. Y han encendido las líneas rojas de las sospechas de los bancos de inversión y los analistas de riesgo ante las intenciones de un país que acabó el año en déficit fiscal por primera vez desde 2003, que ha sufrido en sólo un año un deterioro fiscal de más de cinco puntos del PIB -equivalente a períodos de ‘salvatajes’ bancarios en Argentina- se ha bebido más de de las instituciones públicas y ha duplicado el crecimiento de gastos al de ingresos, hasta hacer del gasto público el 35% del PIB. Por primera vez en 2009, el superávit fiscal primario no alcanzó para cubrir ni siquiera los intereses de la deuda. Y hasta la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto) advierte que los servicios de la deuda tienen una tendencia creciente, hasta niveles del orden del 3% del PIB en 2012, cuando en los últimos años osciló entre el 1,5 y 2% (en 2009). Irritan al Banco Central y se arriesgan a estirar las costuras de su contabilidad para forzar el trasvase de liquidez al Tesoro; mendigan a las puertas de Hugo Chávez, preparan los canjes de divisas de emergencia con Brasil y China; comienzan a forzar la morosidad de sus proveedores -Pdvsa para empezar no verá los 800 millones de dólares que le deben-; enfadan a los grandes bancos con su amenaza de una megatasa financiera y la emisión ‘voluntaria’ de bonos bancarios.

Y hasta han comenzado ya a buscar la liquidez bajo el colchón de la Anses: repatría ya las inversiones de EEUU, estudia desinversiones y busca qué activos vender en Argentina para tener acceso a parte de los 7.500 millones de dólares que calcula en esas participaciones. Nada suficiente. Hasta la Anses le recuerda que ya está en rojos, duplicó su déficit en dos trimestres y no da para mucho más, ahora que las nuevas reglas de movilidad le  el suelo de su caja tonta. Los Kirchner miran ahora al sistema financiero y a las murallas foráneas. Sólo con la emisión de nuevos papeles de deuda en el exterior podrá financiar, para empezar los 20.000 millones de dólares de sus planes de infraestructuras.

Los asesores de Boudou advierten que el sector público tendrá que recurrir a préstamos del sector bancario. Ya han comenzado a tantear las puertas. Y sacan de nuevo de la nevera la Ley bancaria que el cierre del Parlamento no les permitió gestar. Al ‘zigurat’ de sus cuentas públicas le faltan ya otra vez fichas para cubrir l10.000 millones de dólares del próximo semestre. Si no cuaja la opción internacional para Argentina, ya tiene todas las recetas -bonos, fideicomisos y créditos- para ponerle apellidos bancarios a los primeros 1.500 millones de dólares para el Estado. Hasta el acceso estatal al ‘encaje’ de seguridad que se reserva para el Banco Central está ya sobre la mesa. Los gravámenes a la venta de acciones y bonos y la prolongación dos años más al impuesto a los cheques son sólo el preludio del nuevo papel que los Kirchner les reservan a la banca privada. Preparan para los bancos más fuertes una fórmula de fideicomisos y préstamos que aporte 1.500 millones de dólares al Estado si no hay acuerdo con el FMI. Pero el sistema financiero se niega a ser el ‘pagador’, el Congreso no le dará la luz verde. 

No bajan las lanzas ante Martín Redrado. Aunque fuera uno de sus más fieles abanderados desde 2004 y por más que su mandato no expire hasta septiembre y que haya obtenido de la jueza el visto bueno para seguir en su cargo, los Kirchner descuentan que antes o después, con o sin ayuda del Parlamento -que no volverá a las sesiones ordinarias hasta marzo- el presidente del Banco Central tiene contadas las horas de su rebelión. Su número dos, está ya a los pies del sillón con el mandato en ristre desde hace dos semanas.

Pero los mercados y los analistas locales han empezado a mirar más allá: tras cada avanzadilla en la batalla, saben que es mucho más que el pulso entre la Casa Rosada y el BCRA lo que se juega Cristina Fernández. Y con ellos, como escudero, Amado Bodou. Mucho más que la posibilidad de disponer del uso de 6.569 millones de dólares en reservas monetarias que el BCRA se negó a liberar en el Fondo Bicentenario que el gobierno dio a luz con un decreto de emergencia y de los 18.000 de ‘libre disposición’ en la trastienda del decreto a los que Bodou ya les había puesto encima el ‘ojo’ y las intenciones. Ni la decisión de la jueza Sarmiento (restituir a Redrado y blindar las reservas), ni la impugnación ante la Corte Suprema les dejarán tocar los fondos del Bicentenario que Martín Redrado intentaba salvaguardar de posibles demandas de bonistas. No será el peor de los problemas de la Casa Rosada. El ministro prometía comenzar esta semana la gira europea para empezar la salida del default de 2001, un periplo llamado -según sus planes- a pero sobre todo, a ‘regalar’ confianza en el mundo financiero para acceder de nuevo -después de casi una década- a los mercados de crédito voluntario y conseguir financiación por debajo del 10% -lo que hoy estarían dispuestos a ofrecerle, una de las peores tasas mundiales-en un año en el que las cuentas empiezan a no salir en la mesa de Amado Bodou.

Todos los pasos de sus urgencias se pisan ya allende las fronteras argentinas, busca el atajo al redil del crédito internacional, pero trata de hacerlo esquivando la puerta del FMI. Su plan para cancelar la deuda con el Club de París en cuotas de 1.000 millones de dólares anuales -y la supervisión del G-20- y para los acreedores privados. Nada más lejos de la realidad. No llegará, como estaba anunciado, el canje de hasta un 60% de la deuda en default (unos 14.000 millones) con la emisión de un bono de 7 años para los que rechazaron la reestructuración en 2005 y atraer así de nuevo el interés de los 3.000 millones de dólares de los minoristas. Los K driblaron los avisos de Redrado y hasta del informe de Cleary Gottlieb para la administración argentina adelantado por Clarín: tocar las reservas del Banco Central para esquivar el pago de la deuda de 2010 -aunque sólo fuera la octava parte- lloverá sobre mojado en las sospechas de los ‘fondos buitre’ y sus denuncias ante la justicia americana para el embargo en el exterior. Ha empezado a hacerlo ya ahora que el juez neoyorquino Thomas Griesa ha aceptado cuentas de la entidad que estaban en la Reserva Federal.

El ministro propició un programa de seducción que incluía cuatro etapas: solucionar el tema de los holdouts; volver al mercado voluntario de deuda para abonar los vencimientos del año próximo; aceptar la revisión del FMI y acordar con el Club de París. Pero se desarticuló por completo ese programa de Boudou y sólo quedó la postergada reapertura del canje. Justo lo que obligó al ministro a exagerar el anuncio del Fondo de Garantía, para disimular el fracaso de su estrategia. El panorama internacional financiero juega a favor-hay liquidez, tasas bajas y los inversionistas buscan títulos rentables de los países emergentes- pero no llega el acuerdo con Buenos Aires y los 10.000 millones de dólares que Argentina esperaba emitir siguen sobre la mesa de las dudas.

EN BUSCA DE NUEVAS ‘CAJAS’

Busca cajas. Propias o ajenas. Quiere triplicar los planes sociales en los doce meses que le quedan en el poder. Y necesita oxígeno para las provincias: con un déficit de 13.500 millones de dólares la mayoría por impagos estatales- sólo las ayudas extraordinarias han permitido a Buenos Aires y Córdoba hacer frente al pago de los salarios. El zigurat de sus impagos tiene sucursales provinciales, se lo advierte el BCRA: las cuentas provinciales seguirán deteriorándose por la caída de recursos propios y la coparticipación federal de impuestos. Economía y Regiones estima que el déficit de las provincias ascenderá al menos a 10.0000 millones de dólares en 2010, 12.000 si se reabren las paritarias antes de fin de año.

La Casa Rosada transita por las líneas rojas de las cuentas públicas: empeñado en darle cuerda a un titanic sin música, el gobierno de Cristina Fernández se bebió a borbotones el oxígeno de la Anses. Ahora el Tesoro tendrá que encarar en los próximos meses más de 5.000 millones de dólares por los bonos Boden y aunque espera un superávit primario de unos 5.000 millones, si se excluyesen los fondos de garantía de la Anses y de parte de las ganancias del Banco Central con los que cuenta Boudou, el déficit sería de 5.000 millones de dólares. Hay sed de liquidez en un año electoral. En 2009, el superávit fiscal primario no alcanzó para cubrir ni siquiera los intereses de la deuda. Por eso, por primera vez desde 2002, el Estado cerró con un déficit financiero. El gasto público crece al 25% anual con una dinámica propia –mientras la recaudación sube al 12%; los subsidios a empresas privadas (energía, transporte, agroindustrias) este año llegarán a $ 35.000 millones. Y si en el futuro la recaudación no repunta fuerte (por la reactivación, eliminación de exenciones tributarias y/o disminución de la evasión), será mayor la dependencia del endeudamiento externo para financiar obras públicas u otros programas de inversión. Se ha ‘bebido’ ya los fondos de las estatalizadas AFPJ, el ‘affaire Redrado’ ha arrugado el desempeño de los bonos que ‘lucía’ sobre los 135.700 millones de dólares que maneja la Anses (el último de sus balones de oxígeno). De sus recursos adicionales, sólo el 60% se destinó a las prestaciones, el resto fue a financiar el gasto corriente y de capital de la Casa Rosada.   

Pero además, Cristina Fernández sabe que no podrá saciar sus urgencias -un gasto que crece al 30% y sus recursos al 21%), en las mismas ‘fuentes’ que los últimos doces meses: la recuperación de precios de los títulos públicos y otros activos generaron un aumento del stock de la Anses que los analistas ya advierten que se ‘licuará’ en 2010. El salvavidas del sudoku de su déficit y de la orfandad de las inversiones institucionales que antes hacía la AFJP-, grandes compradoras de títulos y los principales inversores en las suscripciones de acciones-, no podrá seguir siéndolo ya más, no al menos por mucho tiempo y desde este mismo mes Argentina tendrá que replegar las alas exteriores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), más de 6.900 millones de dólares que las pensiones tenían en activos fuera del país -ADR, empresas argentinas y alguna multinacional como Coca Cola-. Del total de 80.000 millones heredados del ahorro de las administraciones privadas, 60.000 están ya en títulos públicos, préstamos garantizados y Letras de Tesorería y 7.500 millones de dólares corresponden a acciones de empresas locales, tampoco de disponibilidad inmediata. Además, desde septiembre habrá que financiar el aumento a jubilados por la Ley de Movilidad, al menos 2.000 millones de dólares de costo adicional para el último trimestre y 7.000 millones para 2010. Y ya no podrá usar el FGS para financiar el pago este semestre de la asignación universal a 3,8 millones de niños.

El ministro Boudou ya acudió a 6.000 millones de dólares del Banco Central, a la campaña -frustrada al final- para imponer la resolución 125 al campo, ‘empapeló’ a la Anses (el 62% de sus inversiones son ya títulos públicos), tomó los 2.500 millones de dólares que le correspondían a Argentina por la ampliación del capital del FMI (aunque debían haber estado en el BCRA), llegó a pasarle la mano hasta a 5.200 millones del fondo de garantía de la Anses (el previsto para garantizar el pago de las prestaciones). Estatalizó las pensiones y confiscó ahorros en la AFJP. Ni siquiera las provincias ‘menguantes’ y cuanto organismo público estuviera a tiro esquinaron su avidez: más de 41.000 millones de dólares sólo de instituciones estatales. Lo sabe hasta el PAMI: la obra social de los jubilados tuvo que ceder a finales 700 millones al Estado a cambio de la emisión en la última semana del año de una Letra del Tesoro en pesos y otra en dólares a ser suscrita por el Fondo de el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS). Nada que no hubieran hecho por 2.130 millones durante todo 2009. La reforma añadida a última hora a los Presupuestos de 2009 le permite al Ejecutivo usar hasta el 30% de los depósitos de organismos oficiales en el Banco Nación, pero sólo alcanza unos 9.000 millones de pesos.

Y, a la vista de los últimos números que reconoce hasta el Indec no será del retorno de capitales y sus planes de ‘blanqueo’ de donde emane su liquidez: los argentinos atesoran 160.000 millones de dólares fuera del circuito económico local, tres veces las reservas del banco central, cinco veces el ‘capital’ fugado en 2006, cuando los K comenzaron sus campañas de regreso. Aunque las expectativas de apreciación del dólar, la liquidez internacional y la búsqueda de mercados emergentes han mejorado la avidez por los bonos argentinos y los depósitos en pesos han vuelto a crecer, los inversores esquivan la tierra del tango. Es el mismísimo Banco Central y las luces rojas que ha encendido la pugna con Redrado las que llueven sobre mojado en los avisos de las calificadoras de riesgo y el perfil de los bonos: Ni la letra pequeña de S&P a la que se aferran los Kirchner ni las nuevas caras de su aparato económico opacan los fantasmas que  Fitch Ratings advierte a iProfesional: la nacionalización del sistema de seguridad social fue la respuesta inadecuada a la crisis. La falta de liquidez en el mercado local es sólo una evidencia más de que los inversores extranjeros no se acercan y los argentinos se ponen a cubierto en la trastienda de un escenario en el que han entonado la tocata y fuga.

TENTACIONES BANCARIAS

Argentina busca torniquetes bancarios y los tapones del miedo para cerrar -por las buenas o por las malas- las vías de agua que desaguan la nave de las cuentas públicas y se tragan cada dos meses la misma cantidad que las pensiones estatalizadas pensaban aportarle a las arcas argentinas. Les duele -no lo ocultan- que las entidades privadas hayan pasado casi de largo de los fideicomisos de la obra pública. Más aún que en el último trimestre sus beneficios hayan ascendido a 1.220 millones de dólares, un 51% más. La Casa Rosada -lo reconoce hasta el propio ministro- necesita más fondos para atender el déficit de este año y con el acceso a los mercados voluntarios de crédito sellado para Argentina, prepara el mapa de las soluciones bancarias. Le ha pasado ya todas las manos al tejido financiero, sólo un 15% de los depósitos escapa a la avidez del Estado y sus emisiones, o al menos a sus urgencias, pero el nuevo mapa de sus aspiraciones de inversión pública requiere más.

Enarbolan las varas del escarmiento y buscan esta vez que sean los bancos -si son multinacionales mejor- los que taponen alguna de las fugas del buque de la economía argentina, al menos las del populismo peronista. Se abrazan a ellos con las ofrendas de paz -bonos y dividendos- en una mano y las nuevas ‘digestiones’ -impuesto de cheques y ley- en la otra. Saben que después de tironeo entre Redrado -el presidente del BCRA- y Cristina Fernández, la Superintendencia de Entidades Financieras quedó en manos de Carlos Sánchez, un ‘kirchnerista’ de pura cepa, dispuesto a cerrar filas desde el supervisor con las propuestas de la Casa Rosada.  El bancario será -si la aritmética del Parlamento se lo permite- el siguiente plato del ‘menú’ de la urgencia y la necesidad. Ya en 2009 lo descontaban los analistas locales en Crítica: desde su llegada al ministerio, Bodou baraja salidas para su déficit con las cartas marcadas para la banca argentina. Las suyas propias, pasan por un programa de Letras de cortísimo plazo en pesos, a no más de 90 días para que las entidades financieras coloquen en el Estado la plata que no les prestan a la gente y a las empresas. Retoman ahora la Ley Financiera que cocinaron en 2009 ya los fogones del peronismo, la que busca la vía libre del Estado a una parte de los 7.800 millones de dólares de los encajes (los fondos inmovilizados) que las entidades financieras tienen en el Banco Central, a cambio de una tasa anual del 5%.

De espaldas a las advertencias de los analistas y a las luces rojas del sector: la sombra el intervencionismo espantará aún más la confianza. En las entidades financieras suponen que, como poco, el Gobierno intentará una colocación ‘voluntaria’ de bonos al 10% en dólares, pero los banqueros prefieren incluso seguir con su dinero en títulos que cotizan ya a precio de default. No son la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) las únicas que advierten que la emboscada bancaria es sólo ‘una mancha más para el tigre’. Cristina Fernández se guardó en junio en el último segundo un decreto de necesidad y urgencia para fijar la tasa de interés que deben cobrar los bancos por las tarjetas de crédito. Ya estaba servido a la mesa. No fueron las alertas de los analistas- (advierten que se produciría un estrangulamiento del crédito más grave que el que ya existe), sino el ruido de sables con las energéticas y el ‘affaire’ Techint lo que pudo más.

El decreto fue sustituido por una autorregulación de los costos bancarios similar a la que estableció Barack Obama en los Estados Unidos, pero el proyecto de la nueva Ley lo volvería a revivir. Quiere llegar allá donde la mano del Banco Central, las líneas rojas del crédito y el mercado no alcanzan. Le da otra vuelta de tuerca a la mano del Estado sobre el tejido bancario, pero se engolosina con su propia sombra. Olvida que, si sólo 15 de cada 100 pesos que entran en los bancos sólo se prestan 15, es porque el sector público absorbe el resto para financiarse, o suscribir letras y notas: más de 6.000 millones de dólares, según el propio Banco Central, fueron a parar a sus arcas, o a financiar al Tesoro Público. Y lo harán más aún ahora que la Nueva Ley de Responsabilidad Fiscal permitirá a las provincias ofrecer deuda pública. Y que- como le recuerdan las asociaciones bancarias- ni los conflictos políticos y sociales, ni una morosidad que se ha casi duplicado en dos años en los créditos privados -hasta un 6,4% en los segmentos de ‘familias’-, invitan a los bancos a desmontar el blindaje de su liquidez. Sólo darán más crédito si mejora el clima político. Sobre todo a las arcas públicas. Es el propio Servicio de Estudios del Banco el primero en advertir que algo huele a 2001 en Argentina, en igualar el riesgo con Venezuela y alertar de que los K y Chávez caminarán juntos de la mano hacia la recesión en 2010.

EN EL LABERINTO DEL INTERVENCIONISMO

Los Kirchner encadenan el ‘tango’ de sus amenazas y taconean sobre la voluntad del ‘repuesto’ presidente del Banco Central con la misma cadencia con la que estrecharon los lazos de la Anses, levantaron los baldosines de la liquidez ajena, o estrechan los muros de un laberinto al que Standard & Poor’s le ha puesto apellidos: es el reino de la “discrecionalidad” kirchnerista sobre los negocios energéticos y las inversiones de las multinacionales. Uno del que, para empezar, huirán las inversiones en infraestructuras eléctricas - Moody´s dixit- ante la incertidumbre regulatoria y la restricción a las calificaciones crediticias de las empresas de servicios públicos de electricidad. Los obstáculos  a las exportaciones, la intervención en el sector agropecuario con la ONCCA, los controles de precios y las limitaciones de operación y tarifas en los servicios, el desembarco de sus ‘hombres’ en las Juntas de las grandes empresas por la puerta de la nacionalización de las AFJP y sus participaciones tejen un laberinto que los Kirchner iluminan sólo con las luces rojas de los escarmientos.

Lo hizo con el desembarco en Trasener y ahora le pisa los talones, alto y claro, a Papel Prensa –la empresa de papel de los principales diarios- con la mano de las pensiones de AFPJ sobre los accionistas mayoritarios, Clarín y La Nación. Nada que no vivan las empresas locales, pero nada que no afecte, antes de nada a las multinacionales españolas, los primeros inversores en el país y los concesionarios de la mayoría de los servicios públicos. No son sólo las zozobras de las energéticas españolas y las empresas de servicios públicos las que saben que el fantasma de Aguas de Barcelona -que acabó por abandonar sus tres concesiones en el país en tiempos de Néstor Kirchner- no está solo. La nueva regulación de la Ley de Medios prohíbe a Telefónica prestar servicios de triple play y, aunque ha congelado la demanda que presentó ante el Ciadi, las tarifas del teléfono básico siguen congeladas siete años después.

La intervención en Ausol y  las amenazas oficiales de estatalización a Metrogas -ahora esquivadas-  las presiones para la salida de Telco de Telecom Argentina, la cancelación del tren bala de Isolux, las tarifas congeladas de OHL, la falta de resolución del ‘affaire’ Aerolíneas (aún pendiente de resolución judicial y con 1.000 millones de dólares de pérdidas desde que comenzó la gestión estatal), las líneas rojas que los Kirchner marcan en público al futuro de YPF, las promesas de mayor intervención en la banca -con Santander y BBVA en cabeza- llueven sobre mojado. Aunque se han atragantado con su ‘bonapartismo’ y han tenido que dar marcha atrás -con los muros de la justicia en TGN y Ausol y con los de las tarifas energéticas y de transporte- ya han comenzado a espantar a las inversiones españolas. Las empresas de servicios públicos que operan en Argentina buscan una estrategia común, en voz baja no niegan que el “kirchnerismo” se ha convertido ya en la peor de sus crisis y han comenzado, con Metrogas en cabeza, a acudir a los tribunales para exigir que se cumpla el horizonte regulatorio y tarifario con el que han diseñado sus planes estratégicos.

A las españolas se les ha acabado la paciencia: hacen cuña con la patronal local, el regulador de los mercados y los tribunales: dejaran que caiga por su propio peso la salida de los interventores estatales, pero resguardan la prudencia de sus inversiones en Argentina. Ya no es sólo la patronal local la que le entona el ‘no va más’, ni la Asociación Empresarial Argentina (AEA) la que le ha puesto nombre a las “interferencias excesivas del Estado y el hostigamiento” al sector privado. Cristina Fernández tiene  ya sobre la mesa el último informe que la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa y Kreab & Gavin Anderson elaboran entre las empresas del Ibex para despejar sus intenciones de inversión en Latinoamérica en 2010: sólo un 20% de las firmas tiene previsto aumentar o sostener su inversión al mismo nivel en Argetina, aunque un 86% de la mayores empresas españolas está buscando oportunidades de negocio en Latinoamérica y la mayoría realizará más inversiones en la región. Miran a Brasil, México, Chile y Perú: no tienen ojos para las previsiones de los analistas locales, que descuentan que la economía rebotará en Argentina en 2010, aunque menos que el resto de sus vecinos. Ni la alta inflación, las tensiones en el tipo de cambio, ni la negación de la deuda externa y de la ayuda de los organismos financieros internacionales explican un desencanto al que las cotizadas del Ibex le han puesto nombre en el informe: es “la inseguridad jurídica para los negocios” lo que espanta sus expectativas y las obliga a planificar con un ojo en los vaivenes de la Casa Rosada. Nada que no hayan ido desgranando, una a una, las mayores empresas españolas con presencia al sur del Río Grande en la Comisión de investigación del Senado encargada por el Palacio de Santa Cruz.

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