edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
25/01/2010
OBSERVATORIO DE TELECOMUNICACIONES

La guerra de las telecos y los municipios ya no tiene cuartel

Las telecos quieren intervención de Moncloa y un aval estatal ante la retirada de antenas móviles municipales, pero Industria calla ante las tasas a las operadoras y el ‘boom’ del wifi local
Casi 200 ayuntamientos pidieron permiso a la CMT para wifi; una veintena ultima planes ante el Fondo Local con 11 millones de euros aprobados y una quincena buscará expandir la fibra

Ana Zarzuela
Pone en ebullición, otra vez, las aguas que durante los últimos meses permanecían congeladas ante las expectativas  Ley de Economía Sostenible y el Fondo del Plan E. Los enfrentan las tasas de dominio público, el despliegue de  más antenas móviles y los fondos públicos al wifi municipal y  la fibra óptica local. Moncloa les ha dejado a los 8.100 municipios a mano -y a contrapié de los recelos iniciales de Sebastián- el ‘bálsamo’ del Plan de Inversión local y sus aristas tecnológicas, pero con cada puñado de los 5.000 millones de euros del nuevo fondo, Manuel Chaves echa sal a la batalla entre las operadoras y los municipios y a los propios desencuentros del vicepresidente con Zapatero y con Sebastián.

Se salta la neutralidad con la que trata de caminar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y sacude las promesas que un día Industria les hizo a los casi 200 ayuntamientos que quieren subirse en la carrera de internet por la puerta del adsl sin cable  gratuito municipal. El aluvión de euros sólo llueve en un mar de desencuentros: una treintena de grandes municipios esperan estrenar nuevas tasas por ocupación del dominio público en este año. Siguen las recomendaciones y la asesoría -si es necesaria- de la propia FEMP (Federación de Municipios y Provincias), dispuesta a pelear ‘pueblo a pueblo’ con Redtel. Y el refarming y el reparto de frecuencias agitan el mapa de las antenas móviles, los municipios las eliminan,  pero las operadoras necesitarán cada vez más. Además Moncloa les pelea a las grandes telecos la fibra con el mismo calendario, las urgencias por agradar a Bruselas, los euros del futuro Fondo Sostenible  y los mismos euros del Plan E con los que ya les ha blandido los sables del wifi municipal.

El Secretario de Estado para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, lo ha dicho alto y claro: es “un error que los ayuntamientos pretendan convertirse en un operador de telefonía con inversiones  que permitan acceder a Internet de forma gratuita a los ciudadanos”. Más aún si su avanzadilla se alimenta del Fondo Estatal de Inversión Local para 2010. Si hasta ahora las operadoras se conformaban con repudiar el wifi municipal gratuito y esperar las resoluciones caso a caso de la CMT -en tanto llega la nueva regulación por parte de la Comisión- ahora están dispuestas a levantar las lanzas de todas las reclamaciones con lo que las patronales Asimelec y Aetic consideran ‘competencia desleal’ y a pelear las tasas municipales, ahora que los municipios se han lanzado a ‘pasar la gorra’, con la utilización del dominio público local como ariete.  Todo antes de terminar financiando a golpe de tasas el despliegue de su propia competencia en banda ancha fija y móvil. El ‘efecto Chaves’, el repliegue del wifi municipal gratuito andaluz y las zozobras de financiación que más de un consistorio vive ya se lo pone más fácil a una tercera vía entre las operadoras y los municipios para el adsl: la facilidad del acceso y las infraestructuras a cambio de despliegues conjuntos, o complementarios y la cooperación público-privada, tras las huellas de Avilés o Miguelturra.

Aceleran sus pasos con el impulso de Industria. Sólo 132 de los más de 8.100 municipios españoles tiene licencia WiFi, pero más de 200 ayuntamientos han llamado ya en los últimos meses a la puerta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Siguen las huellas de Bilbao -que ya ofrece conexión a internet libre y gratuita a través de WiFi en los doce centros municipales de distrito de la ciudad, así como en la Plaza Nueva- estudia ahora propone ampliar las zonas wifi a las calles peatonales. Si en 2009 las entidades locales invirtieron en redes 8,35 millones del primer Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad, ya hay más de una veintena de municipios a las puertas de los 5.000 millones de euros del nuevo Fondo Local -11 proyectos ya aprobados con una inversión de 14 millones de euros- y más de uno podría buscar el impulso financiero, más allá, en el Fondo Sostenible de la LES.

Entre los proyectos ya aprobados están el de Alcorcón con 6,2 millones de euros; el de Sevilla con una inversión de 1,7 millones; Zaragoza con 2,8 millones -que multiplicará este año por diez los puntos de acceso a  su red municipal, hasta 500 y llegará a todos los barrios de la capital aragonesa- o Pamplona con 986.000 euros. La CMT mira a Valencia -donde 260 de los 266 municipios de la provincia han solicitado participar en el programa ‘Valencia provincia WiFi- o a Aragón, con más de 40 municipios inscritos como operadores WiFi, aunque muchos de estos proyectos aún están en fase de desarrollo. Tendrá que atender, además, las solicitudes que cocinan ya una veintena de ayuntamientos con otras aplicaciones del WiFi distintas al mero acceso a Internet, desde servicios públicos como el control del tráfico, o el tiempo de paso de los autobuses y todo tipo de soluciones prácticas, como sucede en algunas ciudades de Estados Unidos, donde los contadores de agua disponen de WiFi, lo que permite obtener el consumo de agua en tiempo real de toda una zona.

Miran a los modelos de Barcelona -con casi tres millones de euros de inversión, tiene desde de julio una red abierta de 180 puntos y apunta a que en 2010 sean 500-  Ourense -con casi un millón de euros- o Jaén con 850.000 euros- y cruzan los dedos para que las previsiones de la consultora ABI Research se hagan realidad en España y en cuatro años la cobertura Wi-Fi municipal se multiplique por 60. Pero  es la propia ABI la que le pone líneas rojas: no puede ser gratis para todos –no sólo por las restricciones de la CMT, que considera que si un Ayuntamiento instala una red wifi gratuita en una zona en la que los operadores privados han realizado sus inversiones y ofrecen servicio, infringe las reglas del libre mercado), sino por sostenibilidad- y puede obtener ganancias por vías ajenas a los usuarios, como instalar sistemas de vigilancia sin cable para servicios de emergencia, o servicios municipales de garantía de salud pública.

Lo sabe Gowex una de las pocas empresas que busca la ‘cuadratura del círculo’ con los municipios, una plataforma (WILOC) de publicidad y contenidos que genere ingresos para los ayuntamientos que han podido pasar las ‘líneas rojas’ de la CMT. Miran al modelo de Avilés y su red WIFI ciudadana gratuita WILOC: asesorados por GOWEX, ofrece Internet gratis a los vecinos, genera beneficios para el consistorio e involucra al pequeño comerciante en su cobertura. Lo ha ‘sufrido’ en carne propia la ‘wifi’ de Gallardón, la capital tiene 1.812 hot spots (puntos de acceso) comerciales, pero limita la conexión gratuita de su red Wireless fidelity a la plaza de Santo Domingo en un acceso libre y sin restricción de tiempo, con la única restricción de contenidos de tipo violento, sexista o xenófobo- y en alguna de las 26 Aulas de Madrid Tecnología repartidas en centros culturales o de juventud de los distritos. Para conectarse es imprescindible registrarse antes y, en principio, el uso está limitado a media hora. Sólo la iniciativa de Gowex trata de driblar esa tendencia, con la conexión en los aledaños de 120 quioscos de la ciudad mediante un acuerdo con la Asociación de Vendedores de Prensa de Madrid, -aunque sólo serán gratis 30 minutos-.

No es Corcubión el único que comienza a saltarse las líneas rojas: más de uno, tras el municipio coruñés se propone hacer permanente el wifi gratis a sus 1.822 habitantes -que parte de cuatro adsl convencionales- a cambio de una cuota para poder rentabilizar su soporte técnico. Pese a la negativa de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones -que detuvo ya el proyecto original contemplaba crear espacios wifi gratuitos en la vía pública- la segunda fase de la 'Red Biznaga' de acceso inalámbrico wifi municipal del Ayuntamiento de Málaga se pondrá en marcha con una campaña informativa a lo largo del primer trimestre hasta que todas las sedes ofrezcan definitivamente acceso gratis a internet. Aseguran que cuentan ya con un total de 1.416 usuarios registrados y una media de unos 500 accesos únicos mensuales.

El oxígeno del Plan E les permitirá a los municipios lanzarse a una piscina a la que hasta ahora la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le ha puesto límites -o es temporal, o debe financiarse- y que ya empieza a resultar demasiado fría para algunos: si requiere servicios técnicos o antenas, los ayuntamientos quieren cobrar;  se pueden solapar las frecuencias; empiezan a darse cuenta de que su mantenimiento, su conservación y su reparación necesitarán nuevos fondos. Y de que, si le dan la espalda a las operadoras de telefonía y el despliegue de fibra ultrarrápida, los municipios serán los primeros ´huérfanos’ de las verdaderas autopistas de la información. Algo que -Madrid lo sabe bien- no siempre les interesa: la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha preferido desistir de la promesa de wifi y wimax gratis en sus 2.000 autobuses, antes que claudicar en los muros del regulador, que abogaba por subir la tarifa de los billetes a cambio del servicio o  instalar el WiFi con carácter provisional.

Andalucía estrena Internet móvil de 3,6 Mbps en todas las poblaciones de menos de 20.000 habitantes -2.015 núcleos de población, entre ellos 696 que no superan los 20.000 habitantes y, también, 1.245 núcleos secundarios o pedanías- delegando en Vodafone el despliegue de estaciones 3G con financió con más de 20 millones de euros de Fondos Europeos FEDER para compensar la falta de interés de las operad oras en las zonas menos rentables.  La comunidad es la primera región del mundo en garantizar el acceso universal a Internet con un teléfono móvil o un ordenador, pero Griñán ha tenido que dar marcha atrás en las promesas de expandir una wifi autonómica gratuita por todo su territorio.

CONDENADOS A UNA ‘TERCERA VÍA’ A LA PAZ

Los ayuntamientos y las grandes operadoras de telefonía se miden las distancias y las urgencias. Si la administración pública ofrece Internet sin coste,  nadie va a contratar su conexión con un proveedor de Internet, por lo que se daña la competencia. Pero los ayuntamientos saben que la euforia de sus ‘autopistas digitales’ municipales tiene líneas rojas: los analistas les advierten que los canales wifi pueden solapar sus frecuencias, si el consistorio ocupa un canal en todo el  territorio. Las autoridades municipales saben que si no atienden a las demandas de los operadores que construyen las redes de nueva generación, de banda ultra-ancha, se quedarán sin las auténticas ‘avenidas’ de sus ciudades digitales. Para las telecos, el cumplimiento por parte de las corporaciones locales de la Ley de Acceso Electrónico es mucho más que el puente de la ‘e-administración’  con las Administraciones y los ciudadanos por medios electrónicos, es, además, un gran generador de la demanda para sus servicios. Los alcaldes tienen miedo a quedarse atrás en la carrera hacia la Sociedad de la Información; los operadores de telefonía, a la emergencia masiva de empresas públicas de telecomunicaciones amparadas por los euros del PlanE. Reclaman la vía libre a las canalizaciones que utilizarán los operadores y exigen que se eliminen las restricciones de licencias para zanjas o antenas, la emergencia continua de organismos locales que construyen infraestructura de telecomunicaciones y las nuevas tasas y cargas fiscales.

Y advierten que se puede poner en peligro la inversión privada y ampliar la brecha digital. Desde el sector de las TI -con la Aetic al frente- las operadoras -a través de Redtel y Aste- y desde los municipios -por boca de la Femp- han llamado a la paz. Miran, de parte y parte, el antecedente de Migueturra, donde la CMT ha aceptado el modelo del ‘operador neutro’.El Ayuntamiento del municipio castellano ha desplegado una red de fibra óptica que será alquilada a los operadores para ofrecer hasta 100 megas. El consistorio sólo se ha ocupado de las infraestructuras (la parte más costosa de la inversión) y serán las telecos los que ofrezcan servicios de banda ancha pagando a Miguelturra -que no interfiere en las ofertas- por el alquiler de la fibra. Una iniciativa similar a la red Asturcón desplegada en el Principado de Asturias y que permite a los usuarios navegar con 100 megas desde 40 euros al mes. Los ayuntamientos que tengan ya una red corporativa pueden aportarla a una empresa mixta constituida con operadores privados, o incorporarla a un convenio, contrato o consorcio. La Diputación de Valencia, por ejemplo, ha anunciado la licitación de un contrato de colaboración público-privada para una red provincial en el que se va a usar la novedosa técnica del diálogo competitivo.

Además, mientras  las operadoras frenan las prisas de la fibra (al menos hasta que Moncloa decida si sigue las promesas del Secretario de Estado Ros, sintoniza con la regulación de las redes ultrarrápidas que ultima la UE y la coordinación de las inversiones privadas) por ahora, ante las exigencias del sector, Moncloa sólo les devuelve la espalda de sus obligaciones: si Redtel pide un marco regulador claro y un Plan E para la fibra ultrarrápida con respaldo del Plan Avanza y apoyo de la administración para expandir la banda ancha móvil, Moncloa les obligará a hacerse cargo del servicio universal de la banda ancha antes de 2011.El plan de inversiones para favorecer la fibra sólo llegará en los próximos presupuestos, con garantías para los nuevos edificios y una parte menor de los 400 millones para modernizar las telecomunicaciones.

Sólo el Fondo de Inversión Local dará aire a la fibra de los ayuntamientos, ahora que tras los pasos de ‘Villadecans’, decenas de municipios se entregan al ‘sálvese quien pueda’ de la fibra y desplegarán sus propias redes, con o sin las operadoras, al calor del vacío inversor y las obligaciones de las telecos. Las operadoras, como con el wifi, buscarán la tercera vía de las alianzas municipales, pero advierten que España enfría la carrera de la fibra. La pelota está en el tejado de Moncloa -la inversión pública será imprescindible en muchas zonas- y de las operadoras alternativas. La CMT descuenta que hay sitio para tres redes rentables nacionales, pero requieren una inversión de más de 400 millones de euros por ciudad.

LA BATALLA FISCAL Y LAS ANTENAS
 
La mayoría de los municipios no han tenido que esperar al informe realizado desde el Colegio de Economistas de Murcia para el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF) de España que evidencia las dificultades de los ayuntamientos para cuadrar las cuentas públicas para lanzarse a la carrera de las tasas, que ya reporta el 22% de su recaudación a golpe de impuestos a la extinción de incendios o salvamento, el alcantarillado o las licencias de autotaxi con el mismo ‘fervor’ que al aprovechamiento del dominio público. En los últimos meses, los municipios respiran en las espaldas de las telecos por las heridas de las estrecheces de sus arcas, unas urgencias que en promedio recaudan una media de 525 euros por habitante, pero con intensidades muy dispares -mientras en Baleares las tasas de prestación de servicios públicos locales representan el 70% de los ingresos en este capítulo, mientras que en Murcia o Navarra no llegan al 30%- y que hasta ahora las operadoras de Redtel siguen peleando una a una.

Aunque de los 3.408 millones de euros que aproximadamente pagan en impuestos periódicos las operadoras de telecomunicaciones -incluyendo la nueva fiscalidad para financiar RTVE-, el 90% corresponde a tributación estatal y tan sólo un 10% a la local, el desencuentro impositivo con los ayuntamientos llueve sobre mojado porque la presión parafiscal que sufre el sector de las telecomunicaciones en España, con impuestos y tasas específicos, que gravan exclusiva o preferentemente a las operadoras, se eleva a 825 millones de euros en 2008. Además de pagar los impuestos comunes  (Sociedades IBI, etc), las telecos abonan un pagan una serie de tasas exclusivas por 400 millones al año, como la tasa de operadores (para financiar la actividad de la CMT), la tasa por la numeración y la que se paga por el espectro de frecuencias radioeléctricas- son las principales contribuyentes, en un 85%-. Además, y aunque contribuyen a financiar a los ayuntamientos con un IAE específico por las antenas de telefonía móvil, desde hace cuatro años, muchos consistorios quieren cobrar a los grupos de móviles la tasa por ocupación del dominio público -que ya repercuten sobre las operadoras fijas- a pesar de que la Ley de Haciendas Locales las excluía expresamente.

Tras los pasos de Úbeda -que espera cobrar por el uso del espacio radioeléctrico hasta 100.000 euros anuales, Burriana -la misma cantidad-, La Laguna -llenará sus arcas con 600.000 euros de apellidos ‘telefónicos’- o Sabadell -800.000 euros anuales- una treintena de grandes municipios esperan estrenar esa vía de recaudación en este año. Siguen las recomendaciones y la asesoría -si es necesaria- de la propia FEMP (Federación de Municipios y Provincias), que aconseja a sus miembros dar esta ‘batalla’ en todos los consistorios a las operadoras e incluso ya ha remitido a los ayuntamientos toda la documentación orientativa y sentencias judiciales que permiten a los consistorios cobrar esta tasa. Se aferran a la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2009, que confirma la exigibilidad de dicha tasa, tras varios intentos anteriores por parte de distintos ayuntamientos y diversos pronunciamientos judiciales.

Después de cuatro años de guerra abierta -en tablas hasta ahora, las compañías de móviles se habían negado a pagar mayoritariamente y han generado cerca de 2.000 procedimientos judiciales- la avidez de los municipios ha reabierto las grietas del desencuentro. Redtel está dispuesta a recurrir, una a una, la Tasa por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local. Ya lo han hecho con la cantidad de de 53.926 euros que el Ayuntamiento de Salobreña reclamar a Vodafone, Movistar, Orange y Yoigo por la utilización del dominio público local.

Las operadoras ya pagan el Impuesto de Actividades Económicas y están  gravadas por el Estado por la utilización del dominio público que utilizan (el espectro radioeléctrico), a través de una tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. Aunque los operadores reconocen la validez de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se justifica el canon por ocupación del dominio público local, recuerdan que en telefonía móvil la mayoría de llamadas se canalizan a través del espectro radioeléctrico por el que ya satisfacen una tasa al Estado. Y niegan que la sentencia del Tribunal Supremo de abril en la que se ratificaba otra previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideraba ajustada a derecho esta nueva tasa, sea aplicable nada más que al municipio de Badalona, para el que fue dictada. Miran a las sentencias favorables al sector en la cuantía de las tasas en los Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura, País Vasco, Canarias, La Rioja y Madrid. Sólo tienen ojos para el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE), que ha anulado la tasa municipal sobre las operadoras de telefonía móvil de 57 municipios extremeños, al considerar, entre otras cosas, que establecer de forma genérica un impuesto del 1,5% de los ingresos brutos no es correcto.

Los desencuentros por las antenas de telefonía móvil suman y siguen en una gota a gota que sólo se resuelve municipio a municipio, con una ‘bitácora’ propia en cada caso. Una que ya ha abierto más de una veintena de contenciosos y en la que Industria no ha querido terciar. Todo lo contrario: el proceso de reparto y redistribución de frecuencias móviles que Moncloa prepara para este semestre –tanto las de 2,6Ghz como las de 900 Ghz y el refarming- prometen sacudir aún más un conflicto que ya ha llevado a decenas de ayuntamientos a restringir las licencias, aunque Redtel advierte que los antecedentes de Castellón -necesita un 30% más de antenas para móviles de las que tiene- serán cada vez más comunes por la intensidad geográfica de la telefonía celular y la banda ancha móvil –ya hay muchas poblaciones que superan el 100% de penetración móvil- sobre todo en las zonas costeras, con cambios estacionales de consumo. Los operadores critican la voluntad de los ayuntamientos de crear áreas donde se prohíba la colocación de antenas, aunque "todas" cumplen con los niveles de emisión de ondas y los requisitos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aviso para navegantes, ya han empezado a advertirlo ante decisiones como las de Marratxí y una decena de municipios de Mallorca de quitar los dispositivos del casco urbano.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...