edición: 2324 , Martes, 17 octubre 2017
27/05/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

La impugnación de un testamento no es posible hasta que adquiere eficacia con la muerte del testador

DATADIAR
La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Madrid estimó en parte la demanda de declaración de nulidad de un testamento por la posterior declaración de incapacidad del testador. Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de una de las beneficiarias del testamento, la Audiencia Provincial de Madrid, dictó Sentencia desestimando el recurso y confirmando la sentencia apelada. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación por la beneficiaria del testamento, fueron conocidos por el Tribunal Supremo, quien, en Sentencia de 23 de febrero de 2010, resolvió los mismos.

El planteamiento del motivo del recurso de casación se resume en que el tutor carece de acción para ejercitar la nulidad del testamento del sometido a tutela durante la vida de éste, ya que al ser el testamento un acto mortis causa, ante mortem carece de eficacia alguna para los llamados. Nadie puede reclamar la nulidad del testamento mientras carezca de eficacia. Además, el hecho de la muerte del testador acaecida después de haber quedado constituida la relación jurídico-procesal no puede fundamentar la desestimación de las excepciones alegadas con anterioridad a la producción del hecho de la muerte.

Señala el ponente, que en lo relativo a si el tutor está legitimado para pedir la nulidad del testamento por incapacidad del otorgante antes de su fallecimiento, debe admitirse la tesis mantenida por la recurrente en su recurso de casación. Las razones se exponen a continuación:

1º El testamento es un acto sin eficacia hasta que se produce la muerte del causante. Aunque éste fuese incapaz, no se puede impugnar un testamento que no tiene la condición de acto eficaz hasta que adquiere dicha eficacia, es decir, en el momento de la muerte del testador.   

2º El tutor debe actuar en beneficio del tutelado. La acción para pedir la nulidad del testamento no beneficia para nada los intereses del incapaz, porque el testamento no va a ser eficaz en vida y cuando fallece, va a beneficiar a los llamados en el testamento, pero no al incapaz y los interesados tienen legitimación para ejercer aquellas acciones que crean conveniente para pedir la nulidad de un testamento. Es por esta razón que la segunda acción emprendida por el tutor en relación a la nulidad de diversos actos de disposición entre vivos relativos a cuentas corrientes e inversiones ha sido estimada, porque dichos actos perjudicaban al propio incapaz, en cuyo nombre está legitimado el tutor para actuar.   

3º El propio testador no puede pedir la nulidad de un testamento por falta de capacidad o vicio de la voluntad, aunque tiene en su mano la revocación si es capaz. Si es incapaz, serán sus sucesores los que impugnarán el testamento caso de no haberlo revocado el testador. Por lo que no pudiendo el tutelado ejercer esta acción, tampoco estará legitimado el tutor.   

4º Además, el testamento de fue otorgado en un periodo en el que regía la presunción de capacidad del Art. 664 CC, de modo que la discusión sobre la nulidad o no del testamento no puede centrarse en una incapacidad declarada cuatro años después por medio de la declaración de incapacitación. Lo que debe demostrarse en una acción de nulidad por falta de capacidad es que el testador no estaba capacitado para otorgar el testamento en el momento en que lo hizo y ello no puede deducirse de una posterior incapacitación.      

La doctrina jurisprudencial fijada desde 1903 dice que “como las disposiciones testamentarias, por ser esencialmente revocables y estar ordenadas para después de la muerte del testador, no pueden producir efecto alguno hasta que el mismo testador fallezca, es obvio que durante la vida del que ordenó el testamento no puede persona alguna impugnar la eficacia de éste, mediante acción de carácter civil, ya que ningún perjuicio irroga ni puede irrogar al testador, mientras vive, la existencia de la disposición testamentaria que aquél puede derogar o ratificar sin contención de ninguna clase" y esta doctrina no se altera cuando el testador ha sido declarado incapaz “por haberle sobrevenido perturbación en sus facultades intelectuales", no pudiéndose "conceder al representante o tutor el incapacitado y con referencia a todos los actos ejecutados anteriormente por éste, acciones que el mismo por sí no hubiera podido ejecutar, pues ni la ley consiente esa especial modificación, ni existe fundamento legal alguno para atribuir al tutor mayores facultades que las que tendría el propio interesado”

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad (BOE nº 97 de 22 de abril de 2010).
La nueva legislación sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio obliga a adecuar la regulación de las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación, atendiendo a la nueva redacción del artículo 14 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que transpone parcialmente a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior. El artículo 14 de la Ley 38/1999 se refiere a las entidades de control de calidad de la edificación y los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, estableciendo las obligaciones de las entidades de control de calidad de la edificación y de los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, y autoriza al desarrollo reglamentario de los requisitos técnicos exigibles para el ejercicio de su actividad en todo el territorio español.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de blanqueo de capitales. El patrimonio era fInancieramente injustificado y los bienes provienen de un delito cometido. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de marzo de 2010.
La Audiencia consideró que la adquisición de bienes realizadas por la recurrente en 1997, 2000, 2001, 2003 y 2004 permiten subsumir la conducta de la recurrente bajo el tipo penal del art. 301.1 CP. La acusada no tenía ocupación alguna que le hubiera permitido adquirir esos bienes, por lo que su patrimonio era fInancieramente injustificado. Su compañero había sido condenado en sentencia no firme por la Audiencia Provincial de Sevilla por «hechos que datan del 8 de febrero de 2006» por el delito de tráfico de drogas. Doctrina de la Sala: El art. 301.1 CP requiere que el autor de la adquisición, convierta o trasmita bienes que tienen su origen en un delito, o que realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. En todo caso será necesario que los bienes provengan de un delito. Siempre será necesario comprobar la procedencia de los bienes. Vulneración existente. Interpretación extensiva proscrita: no se realiza ese tipo penal con la sola conducta consistente en no poder demostrar el origen lícito de los bienes que conforman el patrimonio de una persona. Esta interpretación constituye una extensión analógica del tipo penal que vulnera claramente el principio de legalidad en tanto éste garantiza la aplicación de la lex stricta. Si bien es cierto que no es necesario que el delito origen de los bienes haya sido comprobado formalmente en una sentencia, no es menos cierto que es ineludible comprobar que los bienes provienen de un delito cometido, consecuentemente, antes de la adquisición, conversión o trasmisión u ocultamiento de los bienes.

Mercantil

Diferencias entre contrato de distribución y contrato de agencia. No son aplicables siempre analógicamente las normas del contrato de agencia. Tribunal Supremo. Sentencia 10 de marzo de 2010.
La Sala Primera del TS ya  puso de manifiesto en varias de sus sentencias las diferencias existentes entre los contratos de agencia y distribución, destacadas por la doctrina y la jurisprudencia afirmándo que, así como el distribuidor compra y revende las mercancías del fabricante por cuenta y en nombre propios, con la ganancia que representa el llamado margen o beneficio comercial, el agente promueve y, en su caso, concluye la venta de los productos del empresario, por cuenta y en nombre del mismo, a cambio de una comisión. Precisamente la consecuencia de esas diferencias es la improcedencia de aplicar, de un modo automático, los artículos de la Ley 12/1992 a la liquidación de la relación contractual de distribución, cual si fuera cierta una igualdad jurídica esencial, la cual, como regla, no existe. No es, por lo tanto, correcto recurrir a la analogía para aplicar a la liquidación del contrato de distribución las normas de la Ley 12/1992, sin tomar antes en consideración las circunstancias concurrentes en la relación entre las partes y las características del mercado relevante.

Acción de nulidad del modelo industrial por ser prioritarias en el Registro las marcas de la entidad actora. Prescripción extintiva de la acción de nulidad de modelo industrial. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de marzo de 2010.
Los modelos industriales se han venido rigiendo, en cuanto a la normativa sustantiva, hasta la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial 20/2003, de 7 de julio, por el Estatuto de la Propiedad Industrial, al no haber sido sustituida su regulación - arts. 182 y ss. del EPI- ni por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (que sólo se refiere a las patentes y a los modelos de utilidad), ni por la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (que limita su regulación a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento). Por lo expuesto, como el régimen jurídico aplicable es el del EPI y el problema litigioso fundamental se centra en el conflicto entre dos signos registrados de modo que la aplicación de la prioridad se traduce en la apreciación de una causa de nulidad por semejanza que determina incompatibilidad de convivencia en el tráfico (art. 187 que remite al 124.1, ambos del Estatuto ) la prescriptibilidad de la acción de nulidad ejercitada por el titular del signo prioritariamente inscrito respecto del signo llevado al registro con posterioridad prescribe a los quince años, por aplicación del art. 1964 CC, al que se remite el art. 9 del EPI, que dispone que «la prescripción de acciones en cuanto no estuviese regulada por este Estatuto, se regirá por lo determinado en el Código Civil«

Civil

La intención de los contratantes era, claramente, la de regirse por el régimen de prórroga forzosa. Tribunal Supremo. Sentencia 10 de marzo de 2010.
En este caso se necesita examinar cuál es la intención de las partes, a fin de comprobar si lo realmente querido por el arrendador y el arrendatario es someterse, en cuanto a su duración, a un régimen de prórroga forzosa. Y esto es lo que hace precisamente la sentencia recurrida: analizar los contratos de arrendamiento para alcanzar la determinación de cuál fue la voluntad real de las partes. En este examen, desde una interpretación literal (art. 1281.1 del Código Civil ), valora que la intención de los contratantes era, claramente, la de regirse por el régimen de prórroga forzosa; ello en tanto la cláusula 20ª , relativa a la duración de ambos contratos, que resultan ser sustancialmente idénticos, expresa literalmente que transcurrido el vencimiento del presente contrato se procederá a expedir uno nuevo, cada tres años, en las mismas condiciones que el presente, con prórroga forzosa y sin incrementos adicionales. Esta interpretación de la Audiencia Provincial es la que debe prevalecer, al no resultar ilógica o arbitraria, porque, como es bien sabido, la interpretación de los contratos es función propia de los órganos de instancia, por lo que debe ser mantenida en casación salvo que sea absurda, ilógica o arbitraria, calificativos que, no pueden predicarse respecto de los argumentos que ofrece la sentencia recurrida, que de manera razonada explica que el necesario pacto explícito se deduce visiblemente de las estipulaciones que las partes, tras negociar, incluyeron en el documento contractual.

Si con anterioridad por otros condueños se hubieran hecho obras ilegales en nada afecta a la acción ejercitada desconociéndose si fueron las mismas precedidas de un acuerdo comunitario conforme a las exigencias legales. Tribunal Supremo. Sentencia 3 de marzo de 2010.
No cabe duda alguna que la demandada no puede ampararse en una supuesta autorización de la comunidad ni siquiera tácita, por consentimiento de cerramientos anteriores. En estos casos es criterio de la Sala que es exigible al propietario afectado perpetrar la autorización de la junta de propietarios invocando si cabe la existencia de obras iguales a las pretendidas por él, y en caso de no aceptación de la obra, podrá impugnar el acuerdo en la vía judicial para que se reconozca su derecho de igualdad frente a otros propietarios a los que se le han consentido las obras. Pero lo que en modo alguno puede ampararse es en la ley de la selva en el ámbito de la comunidad de vecinos, de tal forma que la obra realizada sin consentimiento unánime de la comunidad de propietarios ni en su defecto aprobación judicial ha de reputarse ilícita, criterio que vale tanto para la totalidad de las obras ilícitas de la comunidad que no se hayan sometido a la aprobación de la junta. Además, el que con anterioridad por otros condueños se hubiera hecho obras ilegales en nada afecta a la acción ejercitada por no ser el «thema decidendi», desconociéndose así si fueron las mismas precedidas de un acuerdo comunitario conforme a las exigencias legales».

Laboral

Paga de productividad. No puede estimarse que exista el trato discriminatorio denunciado, pues para que exista el mismo es preciso que se den dos situaciones o supuestos de hechos iguales y una diferencia de trato. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de marzo de 2010.
La cuestión litigiosa consiste en determinar si el colectivo de Tripulantes Técnicos de Pilotos de la Compañía Aérea, tiene derecho o no a percibir la paga de productividad que se ha abonado al resto de personal de la propia empresa en relación al año 2006. Entiende el recurrente, que nos encontramos ante una vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación salarial, ya que el no abono  de la paga de productividad al colectivo de Pilotos de la empresa  carece de una justificación objetiva y razonable respecto de los otros colectivos  de la misma empresa. No puede estimarse que en el caso, exista el trato discriminatorio denunciado, pues para que exista el mismo es preciso que se den dos situaciones o supuestos de hechos iguales y una diferencia de trato. Si para los Tripulantes Pilotos se habla de paga de participación en beneficios, y que era la que también percibían en principio los tripulantes de tierra y de cabina, y que a los primeros se les aplicó por el apartado c) del art. 4 del Convenio Colectivo de los Tripulantes de Tierra, lo que no pueden ahora los Pilotos, es acogerse a la cláusula de salvaguarda para que se les aplique una paga de productividad, de naturaleza diferente y cuyo nacimiento parte de un Acuerdo firmado entre la empresa y los Tripulantes de cabina y tierra.

Derecho de los trabajadores al incremento de un 2% sobre los conceptos salariales fijos previstos en el convenio, debiendo tomarse los salarios resultantes de dicho incremento para las retribuciones del año 2009. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de abril de 2010.
Recurre la empresa la sentencia que reconoce el derecho de los trabajadores al incremento de un 2% sobre los conceptos salariales fijos previstos en el convenio, no tratados especialmente en otros apartados, debiendo tomarse los salarios resultantes de dicho incremento para las retribuciones del año 2009. La revisión únicamente procedería, conforme a lo pactado, en el supuesto de que el IPC real fuese superior al previsto. En segundo lugar, denuncia la empresa que se ha producido el enriquecimiento injusto de los trabajadores afectados por el Convenio Colectivo, pues si el incremento debido -se razona- era el IPC real más la ganancia del poder adquisitivo [1,9 %], la percepción material de un aumento del 2 % comporta un exceso del 0,1 %.  Ahora bien,  el Convenio Colectivo no contempló la hipótesis de que la denuncia parte [revisión a la baja] y por ello no concurren los requisitos de la figura de que tratamos, el enriquecimiento injusto. Ese desplazamiento patrimonial al que la recurrente califica de injusto, carece de toda reprochabilidad por ampararse en la legítima causa que el Convenio Colectivo significa. La misma suerte desfavorable corresponde a la tercera de las denuncias [infracción de los arts. 1195 y siguientes, y 1202 CC, así como 26.5 ET], porque si no procedía «regularizar» por exceso el incremento salarial, ninguna cantidad de más habría sido percibida y mal puede la empresa acudir a fenómeno compensatorio alguno.

Administrativo

Cuestión de inconstitucionalidad. Precepto cuestionado respetuoso con la legislación básica del Estado vigente en el momento en que se dictaron las resoluciones administrativas impugnadas en el proceso a quo. Tribunal Constitucional. Sentencia 27 de abril de 2010.
El art. 19.2 del Decreto Legislativo 1/1991, al establecer que los funcionarios de la Administración del Estado podrán incorporarse a los puestos de trabajo de la Administración autonómica a "través de las oportunas convocatorias de concurso o de libre designación en que así se exprese" en modo alguno excluye, desconociendo la legislación básica estatal vigente en el momento en que se dictaron las resoluciones administrativas impugnadas en el proceso a quo, que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 17.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y 17.1 del texto refundido de la Ley de ordenación de la función pública de Aragón, sea en las relaciones de los puestos de trabajo de la Comunidad Autónoma en las que se determinen aquéllos que pueden ofrecerse a funcionarios de otras Administraciones públicas, entre ellos, los funcionarios de la Administración del Estado. El precepto viene a añadir así un requisito al establecido en la legislación básica estatal entonces vigente, cual es que, además de en las relaciones de puestos de trabajo, también se prevea esa posibilidad de movilidad de los funcionarios de la Administración del Estado a la Administración de la Comunidad Autónoma en las convocatorias públicas de los puestos de cuya provisión se trate en cada caso. Requisito adicional que por sí mismo, en una interpretación sistemática de los arts. 17.1 y 19.2 del texto refundido de la Ley de ordenación de la función pública de Aragón, no desconoce la legislación básica estatal que opera en este proceso como canon de constitucionalidad y que encuentra cobertura en la competencia de desarrollo legislativo de la Comunidad Autónoma en materia de función pública, en cuyo ejercicio puede exigir que, además de en las relaciones de los puestos de trabajo, se recoja o exprese también en las respectivas convocatorias la posibilidad de que los funcionarios de la Administración del Estado puedan ocupar puestos de la Administración autonómica.
 
Función pública. Vulneración del derecho del recurrente a la intangibilidad de las resoluciones judiciales. Tribunal Constitucional. Sentencia 27 de abril de 2010.
El conflicto no tiene su origen en un problema de aplicación retroactiva de la Ley 13/1996, ni de determinación de la cuantía de las retribuciones que se perciben por cada trienio, en función de la categoría a la que se pertenecía en el momento de perfeccionar el mismo. Si el recurrente nunca perteneció al Grupo de clasificación E, porque así fue reconocido en resolución judicial firme, nunca habrá podido perfeccionar trienios en dicho Grupo. Así, incluso aplicando el art. 120 de la Ley 13/1996, que dispone que, a efectos retributivos, los trienios que se hubieran perfeccionado antes de la entrada en vigor de la Ley se valorarán en el Grupo en el que se perfeccionaron, para el recurrente siempre será el D el Grupo de clasificación en el que perfeccionó todos sus trienios. Así las cosas, es palmario que cuando la Resolución administrativa impugnada revisa la nómina del recurrente para modificar las cuantías que se le abonaban en concepto de trienios, fundamentando tal proceder en la aplicación del art. 120 de la Ley 13/1996, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sentencia de 23 de noviembre de 2004, confirma esa actuación, no respetan el derecho adquirido por el recurrente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1996, a saber, el derecho a ser encuadrado en el Grupo de clasificación D, dejando sin efecto su nombramiento en el Grupo de clasificación E y, en consecuencia, vulneran el derecho del recurrente a la intangibilidad de las resoluciones judiciales.

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