edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
30/07/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La indemnización de los altos directivos está por encima de la voluntad de las partes al negociar

Javier Ardalán

La Sala de lo Social del Supremo ha notificado una sentencia, de 22 de abril de 2014, con voto particular,  en la que reconoce el derecho a cobrar una indemnización de siete días por año de servicio a un ex alto cargo, aunque en el contrato se haya pactado lo contrario, cuando la extinción se realice por decisión unilateral del empresario.

El ponente, el magistrado Manuel Ramón Alarcón, considera que no parece lógico interpretar que el legislador permita un pacto –como el del caso de autos cuyo contenido no se limite a fijar una cuantía diferente a esa subsidiaria sino que consista, lisa y llanamente, en eliminar toda indemnización. Si fuera así, el legislador incurriría en una palmaria contradicción con lo que él mismo establece en primer lugar y de manera terminante: el alto directivo “tendrá derecho”. Cabrán, pues, modulaciones varias de ese derecho pero no su completa eliminación.

Estima que es lógico que, en un contrato basado en la mutua confianza como es el de los altos cargos, se permita el libre desistimiento –sin necesidad de alegar ni acreditar causa alguna- por ambas partes. Pero no lo es que ese libre desistimiento sin causa no vaya acompañado de alguna indemnización. Es un principio general del derecho de obligaciones la indemnización de daños y perjuicios, incluso si no está expresamente prevista en el contrato, por falta de cumplimiento de éste.

Basa su decisión la mayoría de la Sala  de lo Social en el artículo 11.1, párrafo segundo, del Real Decreto 1382/1985, que se compone de tres elementos normativos distintos. El primero confiere directamente al alto directivo un derecho no condicionado a recibir una indemnización cuando su contrato se extinga por voluntad unilateral del empresario sin necesidad de justa causa alguna (desistimiento, dice el precepto con toda propiedad): “El alto directivo tendrá derecho en estos casos a las indemnizaciones…”

Señala el ponente, que no establece directamente la cuantía de dichas indemnizaciones sino que se remite a la que pacten las partes:"…pactadas en el contrato”. Y, en tercer lugar, establece una norma subsidiaria para el caso de que las partes no hayan pactado dicha cuantía: “a falta de pacto la indemnización será equivalente a siete días de salario en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades”.

También considera que hay un párrafo del Preámbulo del Real Decreto 1382/1985 que es bastante clarificador de la voluntad del legislador, porque tras aludir a que esta relación especial “se caracteriza por la confianza recíproca que debe existir entre las partes”, añade que “Precisamente por estas características de la relación que une al directivo con la Empresa se ha optado por proporcionar un amplio margen al pacto entre las partes de esta relación, como elemento de configuración del contenido de la misma, correspondiendo a la norma por su parte el fijar el esquema básico de la materia a tratar en el contrato, profundizando más en cuestiones, como por ejemplo, las relativas a las causas y efectos de extinción de contrato, respecto de las que se ha considerado debía existir un tratamiento normativo más completo, al ser menos susceptibles de acuerdos entre partes“.

Tras recordar que el sentido de esta relación especial es dar “un amplio margen al pacto entre las partes”, añade, a modo de matización a esa idea básica, que la norma tiene un cometido regulador doble: fijar el esquema básico de la materia a tratar en el contrato y “profundizar” en algunas cuestiones, como las relativas a los efectos de la extinción del contrato (uno de cuyos principales efectos es, obviamente, la indemnización) “respecto de las que se ha considerado debía existir un tratamiento normativo más completo, al ser menos susceptible de acuerdo entre partes”.

Por todo ello, la Sentencia del Tribunal Supremo concluye que no parece lógico interpretar que ese tratamiento normativo “más completo” (contenido, en parte, en el artículo 11.1) –que el legislador justifica porque, en su opinión (acertada o no), se trata de una cuestión menos susceptible de acuerdo entre las partes- pueda consistir, paradójicamente, en permitir que las partes sean absolutamente autónomas para pactar que no exista ninguna indemnización, siendo así que la indemnización es un efecto típico de casi todas las extinciones contractuales en materia laboral, incluidas las objetivas por justa causa e incluso la extinción debida a la mera llegada del término en los contratos temporales.

El magistrado José Luis Gilolmo ha emitido un voto particular, a la que se adhieren José Manuel López García y Miguel Ángel Luelmo en el que argumenta que ninguna de las normas que regulan el resto de relaciones laborales especiales en nuestro ordenamiento sitúan en primer plano a la autonomía de la voluntad en la forma y con la intensidad que lo hace la de alta dirección.

Concluye la relevancia y primacía del principio de la autonomía de la voluntad es una característica exclusiva de la relación laboral especial de los altos directivos, y como consta pactado que el desistimiento empresarial sería “sin derecho a indemnización”, y ese acuerdo no tiene vicio alguno, no afecta a normas imperativas, de policía o de orden público y no perjudica a terceros, es perfectamente válido y eficaz, tratándose, como se trata sin duda, de un verdadero alto directivo.
Consideran, pues, que el recurso, pues, debió ser desestimado y, en mi opinión, confirmada la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

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