edición: 2701 , Lunes, 22 abril 2019
19/04/2011
Fondos internacionales, reticentes hacia España por el descontrol de las cuentas autonómicas

La indisciplina presupuestaria, rehén de la oposición en período electoral

La deuda de las CC AA, 120.000 millones, argumento de las agencias para reducir el rating del Estado
Juan José González

No hay consolidación fiscal que valga, ni colaboración con el Gobierno central en la reducción del déficit: las deudas son las que son. Es una de las afirmaciones más comunes que se escuchan de boca de los responsables políticos autonómicos de la oposición. Manejan la idea de que ante unas elecciones locales y autonómicas, que se intentan primarias para unas generales a celebrar -si no media adelanto en noviembre- el próximo año, no será posible la colaboración entre CC AA y Gobierno central para reducir el endeudamiento de aquellas, que ya supera el 11% del PIB, y que sirve para que el Consejo de Europa, FMI y como vienen demostrando en los últimos meses, los inversores internacionales. Estos mantienen al margen cualquier posibilidad de invertir en España por el descontrol de las cuentas locales y ante la sospecha generalizada de que se trata de un asunto que se ha convertido en arma de lucha política contra el Gobierno central. Así que, en este sentido, las deudas autonómicas y locales se habrían convertido en un claro rehén en el juego político.

Amparadas en la debilidad económica como argumento –más bien argucia- para justificar el mantenimiento de los gastos autonómicos, las regiones insisten en negar su disciplina presupuestaria, impuesta para el presente ejercicio por el Gobierno, por el que deberán reducir el déficit acumulado en un 1,5% en 2011. Sin embargo, el año es electoral, y por tanto no se espera que se cumplan ni buenos deseos ni compromisos formales de reducción por parte de los Gobiernos autonómicos: estos no creen que reducir gastos financieros y de personal sea la mejor forma de hacer política.

Los economistas del BBVA señalan en su último informe que la clave esta en gastar menos o en gastar en función de lo que se pueda ingresar. Pero este es otro problema porque también fallan las transferencias del Estado. Y todo ello en época electoral e instituciones de medio mundo como el Consejo de Europa y el FMI, así como las agencias calificadoras, señalando que la confianza de los inversores será una realidad cuando el Gobierno consiga controlar las cuentas públicas de sus Comunidades Autónomas, hoy en plena indisciplina presupuestaria.

En los últimos años, y a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido entre el Gobierno y los Gobiernos autónomos, las 17 administraciones autonómicas han seguido acumulando deuda, según las cifras del Banco de España, alcanzando los 115.455 millones de euros en 2010, que equivale al 11% del PIB. En medios financieros se destaca que, al margen de la lucha particular y tradicional entre la Generalitat catalana (32.000 millones de deuda) y el Gobierno central, hay que destacar los mayores aumentos, segundo y tercero tras el catalán, de la Comunidad Valenciana y la de Madrid, con 17.600 y 13.492 millones de euros de deuda respectivamente.

Las agencias de rating no han sido ajenas a esta dinámica de creciente endeudamiento de los gobiernos autonómicos y locales españoles, y así lo han venido reflejando en las continuas rebajas de calificación crediticia publicadas por Moody´s y Standard & Poor´s, como tampoco están siendo ajenas al juego político desempeñado por varios de estos ejecutivos autonómicos y locales, para quienes el mantenimiento de la indisciplina presupuestaria, estaría desempeñando un papel de presión política teniendo en cuenta el calendario electoral, y que pasaría por las citas a las urnas del próximo 22 de mayo –elecciones autonómicas y locales- así como de cara a las próximas generales de 2012.

Porque que los Gobiernos autónomos vean –y comprueben- cómo aumentan las dificultades de financiación, como consecuencia de un peor rating de la deuda, tiene su reflejo inmediato y directo en las dificultades del Tesoro Público a la hora de financiarse, con la diferencia de que los efectos de una mala calificación de la deuda española se traslada a toda velocidad a la de la propia economía, palabras mayores si se compara con los rating locales y autonómicos.

Y no parece que se vaya a mejorar en este apartado si se tiene en cuenta que los escenarios acordados entre Gobiernos central y autonómico, cifran la reducción del déficit de estos en un 46% para el presente ejercicio respecto al año anterior, mientras que para el Estado el esfuerzo se fija en el 30%. Y la Unión Europea, desde el reciente capítulo de Grecia, mira con lupa las desviaciones, que en el caso español son más que evidentes.

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