edición: 2306 , Martes, 19 septiembre 2017
29/10/2009

La industria de contenidos española rema a dos manos, pero le hace aguas su ‘barco antipirata’ de internet

Presiona a Moncloa para que imponga cortes a los usuarios de las descargas, intenta negociar con las telecos y negocia con el proyecto de macroweb comercial
Quiere que la Setsi le haga el ‘trabajo sucio’ y comience la caza de brujas a 200 webs de descargas
El ‘efecto Spotify’ y el auge de los contenidos digitales le obligan a buscar proyectos comerciales más competitivos ante el P2P y el streaming
Ana Zarzuela

Esperan, pero no lo harán mucho más. La industria tiene prisa, ahora que ya hay una Comisión Interministerial española que regula los contenidos de internet y que Moncloa le pisa los pasos a la Ley Hadopi y el nuevo modelo británico y acelera para tener antes del 31 de diciembre sobre la mesa su nuevo ‘mapa antipirata’. La Coalición de Creadores juega a todas las manos: el puño de la presión política se vuelca en las espaldas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Le han puesto ya sobre la mesa un listado de 200 webs de descargas españolas que quieren que el Estado persiga, aunque saben que en los tribunales los antecedentes no los respaldan. Las aguas de la regulación nacional no les dejan espacio para nada más que cortarle el oxígeno a los cuatro millones de españoles que -calculan- se nutren del uso ‘pirata’ de la red. La mano de la competencia comercial trata de hacerse sitio, para las multinacionales, en el mercado de los contenidos digitales. Ven cómo las naves del streaming y del P2P se llenan del respaldo del mercado; miran ya de reojo las sugerencias de Reding -sociedad digital y un mercado europeo-. Intentarán seguir el ‘modeo inglés’: rebajar en un 70% la ‘piratería’, dejar en manos del regulador tanto el  sistema de avisos como los recortes tecnológicos;  dar un año de margen antes de comenzar los cortes definitivos y potenciar webs de contenidos de pago que cuenten con el aval de la industria y el impulso de las operadoras. Aunque la Coalición asegura que pueden tener su macroweb preparada en el primer trimestre de 2010, no lo harán sin el respaldo de Industria, intentan hacer de la necesidad virtud, generar su propia competencia, aprovechar el streaming y el P2P y neutralizar a las descargas ‘ilegales’ con las mismas armas que ahora repudian. No renuncian a retomar el diálogo con las operadoras de telefonía, aunque sólo lo harán si Moncloa vuelve a mediar y Redtel mantiene la misma postura que ha sostenido desde abril. Los creadores y las asociaciones de derechos de la propiedad intelectual miran de reojo a las avanzadillas en la red de las telecos, ahora que Telefónica ha situado a Pixbox, su tienda online de música y cine, como líder en el sector de las descargas musicales en Internet en Europa con 30 millones de descargas, en asociación con compañías como Emi Music, Universal Music, Sony Music o Warner Music.

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos -que agrupa a asociaciones como SGAE o Promusicae- renunciaba en junio oficialmente a la penalización al usuario de descargas protegidas y se abrazaban sólo a la amenaza con pisarles los talones a los proveedores, para empezar a una ‘lista negra’ de 200 webs a las que acusan del 80% de las descargas españolas. Pero ahora que la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) le ha vuelto a recomendar a Zapatero  el modelo francés contra el intercambio de ficheros P2P, los creadores y la industria española de contenidos no renuncian a probar suerte, por si acaso.

Le han puesto la diana a su ‘objetico antipirata’, apellidos y facturas. Consideran "parásitos de Internet" a los propietarios de páginas web con enlaces P2P. Y según un estudio realizado por CoPeerRight Agency por encargo de la Coalición de Creadores, cada una de estas 200 páginas webs ilegales puede ganar al año como media 1,5 millones de euros, por la vía de la publicidad y de los registros. Y, a pesar de que los expertos en contenidos digitales ponen en duda sus cifras- les atribuyen pérdidas millonarias y 25.000 puestos de trabajo en el sector musical en los últimos cinco años. Por eso, los autores quieren que Industria les haga el ‘trabajo sucio’; la Coalición de Creadores ya le ha puesto sobre la mesa una lista de 200 webs de descargas para que este ministerio actúe de oficio "inmediatamente" y traslade a la Fiscalía General del Estado la actividad de estos portales.

No es la primera vez, ya lo intentó sin éxito por sus propios medios, pero como la propia Coalición reconoce, “para un juez no sería lo mismo si es la SETSI (la Secretaría de Estado de Comunicación) la que envía la documentación a la Fiscalía”, aunque no sean nada más que dos o tres páginas web las que sirvan de ‘escarmiento’. Nada que, por ahora el Ministerio esté dispuesto a hacer. Ha estrenado los debates de la Comisión Interministerial - Cultura, Industria, Interior y Justicia- que debe regular las descargas mejorar la acción judicial en vía civil y penal como principal medio para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual antes del próximo 31 de diciembre.con las lanzas listas para cambios regulatorios, pero todas las miradas puestas en Bruselas. Sarkozy ya no está solo con la Ley Hadopi, ahora que Gordon Brown acaba de inaugurar una nueva vía británica y que podrán ejecutar cortes a los usuarios si reinciden en descargas penalizadas.

Moncloa le ‘leyó la cartilla’ a González-Sinde y, además de apartarla de todos los escenarios de internet, le dejaba claro que tendría que conformarse con las leyes que ya existen en España. Nada de los "ajustes" en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información o en la Ley de Enjuiciamiento. Menos aún las sanciones sin juez que trataba de colar en la Ley General Audiovisual, en los predios de la CMT o en el perímetro  del nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Pero las urgencias de Barack Obama pueden más. Londres y la UE han resucitado un fantasma que el mercado y el Consejo galo habían convertido ya en cadáver a los pies de Sarkozy: la propuesta, como poco, de cortes directos a instancia administrativa a los usuarios que reincidan en descargas ‘ilegales’. Además, el retorno de las zancadas de la Comisaria Europea Vivianne Reding con el ‘paquete telecom’ en ristre le destapa a Moncloa el horizonte de nuevas gateras legales y sobre todo, nuevos aliados en la UE con los que subirse otra vez al ‘barco antipirata’. Zapatero ya no se conformará, como hasta ahora, con ser un segundón, lo más silente posible en el coro de la Unión y esperar a que Bruselas defina la brújula común, quiere ser el ‘embajador’ europeo de la guerra al P2P a partir de 2010.

UNA MACROWEB PROPIA

Susto o muerte, le levantan a Moncloa ya todas las lanzas, para empezar las de la macroweb de contenidos con sus propias garantías y los apellidos de las multinacionales que forman parte de la Coalición de Creadores. Una réplica ampliada de la web británica FindAnyFilm.com, con la que las cinematográficas han conseguido un catálogo de tres millones de títulos en el Reino Unido. Los estudios y las discográficas de EE UU incluirán su catálogo en español. La principal diferencia con el portal británico es que integrará también la oferta musical a través de la patronal Promusicae, con un catálogo que puede alcanzar los cinco millones de canciones. Los promotores quieren que el portal sea autosostenible con ingresos por publicidad y de los afiliados en el menor tiempo posible, aunque no descartan las subvenciones públicas. Le hacen ‘ojitos’ al Ejecutivo, que hasta ahora se ha escudado en que para frenar las descargas gratuitas -completamente legales con la normativa actual- no sólo hace falta legislar, sino tener una "alternativa legal" donde los usuarios puedan descargarse contenidos culturales de forma fácil y asequible.

Pero aunque la Coalición de Creadores asegura que pueden tener su macroweb preparada en el primer trimestre de 2010, no lo harán sin el respaldo de Industria, no quieren arriesgarse sin una nueva regulación contra la ‘piratería’ sobre la mesa. Y si la hacen y no funciona –lo que en sus propios términos quiere decir que no reduzca un 70% las ‘descargas piratas’- quieren que sea su justificación para poder imponer, al menos el modelo inglés. El abrazo al ‘streaming’ envenena la ‘cuarta vía’ de González-Sinde y la Coalición: la creación de una web que ofrecería a precio asequible un catálogo "casi ilimitado" y de calidad de películas, música y videojuegos, y en el que estarían integrados tantos los operadores de telecomunicaciones como las industria de contenidos.  Y los recelos de la Coalición para convertir una oferta atractiva de contenidos en una tienda de contenidos digitales en la red no ayudan a recomponer unos puentes que, hoy por hoy, sólo se levantan con unos ladrillos comunes: la coincidencia en una campaña educativa para los usuarios de internet. Todos los caminos de González-Sinde conducen al ‘euro’. La industria y el Ministerio de Cultura quieren hacer caja: eso es todo lo que podrían asegurarse conseguir de la vía civil contra las webs de enlaces de descargas. Y eso es todo lo que busca su mirada, a medio plazo, con la puerta que comienza González Sinde a entreabrirle al plan de un canon por el adsl como el que Gran Bretaña estrenará este año. Ya avisa la ministra que en 2010 volverá a poner el debate en la mesa de la Comisión de Propiedad Intelectual del Congreso.

PRESIONES REGULATORIAS

La Coalición se sube a las manchas que la Administración Obama ha ‘dejado caer’ sobre la industria española y la seguridad de internet. Será otro ariete más de sus presiones para Moncloa. Ni la mediación del ministro Blanco ni los esfuerzos del lobby de la cultura española y las cifras de la industria nacional han podido evitar que el Congreso de los EE UU, a través de su Caucus Antipiratería Internacional, vea a España en su reciente lista global como la cuna de una “pandemia alarmante”, uno de los cinco grandes reinos de la piratería mundial a través de internet, junto a China, Rusia, México y Canadá. Los últimos datos del informe Recording Industry in Numbers: 2009, de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) sitúan a España entre los 10 mercados con más piratería”; según sus cálculos, el 81% de los usuarios de Internet menores de 24 descargaban obras de páginas P2P, muy por encima de la media europea, de un 52%. Washington no sólo señala, le pone apellidos a su mapa internacional: el Gobierno de ZP "carece en gran parte de voluntad política" para resolver el problema.

En España, el bloqueo o la intervención de las páginas web sólo pueden ser decididos por un juez. Además, las descargas de archivos por Internet hoy -incluyendo las sujetas a derechos de autor- son legales bajo la legislación española siempre que no se demuestre el ánimo de lucro. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblemático caso de Sharemula. Los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. Además, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez. Y en los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en España, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual. Por eso, agotadas la penal y la civil, la industria de los creadores se aferra a la vía administrativa.

Pero incluso ese atajo -el cierre por vía no judicial de las páginas- requerirá cambios legislativos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), en un artículo de la ley de enjuiciamiento civil o, en su defecto, una gatera en la nueva Ley General Audiovisual. Ni los recelos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones –a la que apuntaba la Coalición- a convertirse en sheriff de internet (menos aún ahora que sabe que quedará huérfana de competencias audiovisuales) ni el empeño de Moncloa y el Ministerio de Industria por dar a luz el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) lo más inmaculado posible obran a favor de los planes de Obama. Por eso la bitácora de Washington y las presiones de la Coalición de Creadores le cantan a Moncloa que tendrá que rematar un plan de acción conjunto contra las descargas ilícitas, reformar la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y retirar la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, que recuerda a los fiscales que compartir archivos sin ánimo de lucro no es delito.

EL ‘EFECTO SPOTIFY’

La Coalición de Creadores busca todos los atajos para hacerse sitio en una red que ha cambiado en el último año. Tratan de gestar modelos híbridos. El fundador de Spotify, Daniel Ek, les recuerda que ni los cortes a las descargas -aunque llegaran con la nueva regulación- serían suficientes para un modelo de negocio en la música que busca compaginar publicidad, descargas, suscripciones, merchandising y entradas a conciertos donde el usuario llega y donde la clave para la rentabilización viene de la portabilidad y el paquete de derechos de acceso que se le ofrece. Spotify -con un catálogo de seis millones de canciones y cinco millones de usuarios, casi un millón en España- puede ser el catalizador del gran salto para un internet  que aspira a ser, más allá de la búsqueda de información, un canal de acceso a contenidos. La plataforma sueca empezó como un programa gratuito de streaming para oír música sin descargar. Lanzó un servicio de suscripción para los que querían liberarse de la publicidad y ahora comienza a vender descargas de pago. Hoy comparte sus ingresos por publicidad y por suscriptores con las discográficas con el catálogo de las cuatro majors (Sony, Universal, EMI, Warner) y de algunas compañías independientes.

Le industria española quiere sitio en el ‘Olimpo’ al que se han subido Youtube, para vídeo, o en Estados Unidos, Hulu, la plataforma de productoras y televisiones para ver la televisión online. Los programas de intercambio de archivos P2P pierden sitio: en 2007 representaban el 40% del tráfico, ahora han caído al 20%,  según un estudio de Arbor Networks, pero ha dejado sitio al streaming. Y según un estudio de la patronal del sector de la electrónica Asimelec, la crisis ha acelerado el cambio de modelo en la música, el cine y los videojuegos, en el que pierde peso el soporte físico y se abre paso el contenido digital. El mercado español de medios y entretenimiento alcanzó en el 2008 los 27.199 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,1% respecto a un año antes, pero los mayores incrementos fueron en el acceso y la publicidad por la web y los videojuegos. Mientras que el mercado discográfico tradicional experimentó en el 2008 una caída de los ingresos del 12,4% respecto al año anterior (hasta los 242,2 millones de euros), la distribución digital de música creció en cambio el 8,1% (hasta los 31,1 millones).

La reproducción remota ya no es cosa exclusiva de la música, con radios on-line como Last.fm, o los vídeos, con YouTube. En recesión, los usuarios de videojuegos acuden a las descargas: el número de juegos casual disponibles para descarga ha crecido de forma exponencial, y el número de descargas premium crece entre un 50 y un 100% anual. Y hasta la Comisión Europea busca despejar nuevas vías a la digitalización de contenidos con apoyo de instituciones públicas. Los comisarios Charlie McCreevy y Viviane Reding han anunciado un acuerdo entre compañías como iTunes, Nokia o Amazon, discográficas como EMI o Universal y varias sociedades de gestión de derechos de autor para impulsar la creación de nuevas plataformas para la música digital y un modelo de gestión de los derechos de autor que permite un mercado único europeo para los contenidos digitales, el sueño de la Comisión. Un tercio de los cines europeos podría cerrar si no digitaliza sus equipos. Y a pesar de las ingentes partidas de dinero público empleadas, sólo un 1% de los libros y documentos de las bibliotecas europeas está digitalizado.

EL MODELO BRITÁNICO

El Gobierno de Gordon Brown no quiere esperar un año para poner en pie el Plan B –tres avisos progresivos antes de la simple rebaja de velocidad de internet-. Demasiado tiempo, piensa ahora el ejecutivo británico, con la mirada atenta a los casi 7 millones de personas intercambian de forma habitual contenidos de Internet saltándose el copyright en Gran Bretaña y al tirón de orejas de la administración Obama a sus aliados del Thamesis. El organismo regulador de los medios (Ofcom) se encargará de instar a las compañías proveedoras de Internet a que introduzcan "medidas técnicas" para contrarrestar la piratería. Si tras el envío de los avisos al usuario éste persiste, se cortará la conexión a instancias de Ofcom. Después, puede llegar el corte definitivo del servicio. Downing Street está dispuesto a hacer oídos sordos a las voces del laborismo que advierte que la ley puede violar los derechos básicos del ciudadano y a las quejas de los proveedores de Internet, que consideran que la amenaza de suspender la conexión de sus clientes supone una "respuesta desproporcionada" a la piratería, con un gran coste económico y no están dispuestos a cargar con el sombrero de ‘sheriff de la ley’ en la red de redes.

La industria española de contenidos trata de hacer de la necesidad virtud: generar su propia competencia y neutralizar a las descargas con las mismas armas que ahora repudian. Siguen el ‘guión inglés’. Lo han hecho, hasta ahora, al ritmo de las presiones de la Casa Rosada que acaban de hacer mella también en Downing Street. Todas las propuestas de la Pérfida Albión eran bien acogidas por la industria española. Por eso miran también al canon del adsl que el regulador británico acaba de liberar, con un nuevo impuesto de 6 libras anuales sobre las líneas fijas de telefonía. Y querían lo mismo: sus deseos apuntan a que no sólo los usuarios, sino las telecos paguen por las arterias de los contenidos que los creadores apadrinan. Ahora, si prospera la iniciativa del Gobierno de Reino Unido -cortes sin sentencia judicial para los reincidentes de las descargas de contenidos con copyrigth- podrán volver a desempolvar las propuestas originales.

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