edición: 2598 , Lunes, 19 noviembre 2018
05/11/2009
Internet

La industria de contenidos quiere un sucedáneo de canon para cobrar las descargas

Las telecos siguen repudiando los cortes y el castigo a los usuarios y abogan por nuevas macrowebs de contenidos comerciales
La Coalición puede encontrar en la propuesta de cobro por descarga del adsl la oportunidad para algún canon o tasa de consumo de internet
Ana Zarzuela

Discrepan, no se ponen de acuerdo ni sobre sus propias intenciones. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos -que agrupa a asociaciones como SGAE o Promusicae- asegura que negocian. Redtel que estarían dispuestos a sentarse a la mesa de la que las desavenencias los levantaron en mayo. Pero a menos de un mes de que Industria cierre la ventanilla de las sugerencias para la regulación de las descargas y el intercambio de archivos en internet, no hay mesa de diálogo. Sólo comparten las urgencias del calendario. La industria de contenidos quiere sitio para las telecos en su ‘barco antipirata’. Las necesita. Serán el brazo ejecutor de la penalización -sea o no  judicial- si pasa por cortes o frenazos al adsl, por más que  Redtel sostenga el mismo rechazo que el primer día a la criminalización a los usuarios y las restricciones del servicio de internet. No acatarán más que órdenes, si es que llegan de un juez o una nueva autoridad. Por eso los creadores y la industria de contenidos les tienden la mano de la tercera vía -la comercialización de contenidos digitales-. Sabe que a la vista de Pixbox y del proyecto de Telefónica para digitalizar la Biblioteca Nacional, ellas ya han conseguido despejar el acceso a esa opción. Pero sobre todo y busca sitio, de su mano, en una compensación como la que ya ha despejado Gran Bretaña: su cuota en un canon a la banda ancha, que si no es general, al menos llegue en función del volumen de descargas, ahora que las operadoras europeas barajan su cobro progresivo.

Juegan a todas las manos: Ya han soltado los sables más ambiciosos, los de los cortes a los usuarios tras las huellas del modelo galo de la Ley Hadopi. La industria de contenidos y las gestoras de derechos se conforman por ahora con pedir al Ministerio de Industria que les haga de oficio el trabajo sucio de ‘perseguir’ a 200 páginas web a las que consideran responsables del 70% de las descargas ‘ilegales’ en España y de beneficios de más de 300 millones de euros. Algo que, a la luz del marco civil y penal hoy no pueden hacer.

Por eso, no pueden evitar, por si acaso, hacerle sitio ya a una ‘cuarta vía’, la última de sus esperanzas, más allá de la macroweb de contenidos propios a la que no acaban de meterle prisas. Con o sin ‘tijeretazo’ en la regulación que la Comisión Interministerial para regular los contenidos de internet presente el 10 de diciembre al Consejo de Ministros, la Coalición de Creadores y las organizaciones de defensa de los derechos de autor no renuncian a hacer realidad, de este lado de los Pirineos, la bitácora ‘antipirata’ del Reino Unido. Como adelantaba El Economista, la Cumbre de Sevilla le ha servido a ETNO -la Organización Europea de Operadores de Telecomunicaciones (Etno), que reúne a las principales telecos europeas- para reactivar su propuesta de dejar atrás las tarifas planas de internet y comenzar a cobrar la banda ancha en función del volumen de las descargas. Una opción que le ha abierto de nuevo los ojos a la Industria de Contenidos de la UE, la española no iba a ser menos.

Desempolvan la propuesta que el Reino Unido abandera desde enero: un canon, que se aplicará a las conexiones de banda ancha y que en el modelo original británico podría ascender a 20 libras anuales (21,8 euros) y estaría gestionado por la agencia, que lo cobraría directamente a los operadores de telefonía. Hacen suya la vieja reclamación de la SGAE de imponer el canon a las conexiones a internet, que en su momento abogaba por un impuesto a los accesos de banda ancha para crear un fondo con el que subvencionar la producción nacional y que lo dejó caer para no ‘legitimar’ a todo tipo de descargas.

La solución tiene más de un valedor en Moncloa y en el Ministerio de Industria y la Setsi, más de un técnico coincide con la Coalición en que podría ser la cuadratura de todos los círculos: si no hay cortes, ni disminución de velocidad, no agrede a la neutralidad de la red que España quiere abanderar como la que más en la UE, ahora que se ha convertido en parte del paquete telecom y la estrategia de Lisboa para la Unión. A pesar del descenso de uso del P2P y de que el 10% de los usuarios consumen el 60% del tráfico de la red de un ISP, el posible pago por volumen de datos representaría una excelente noticia para las sociedades de gestión de derechos de autor que podrían recibir un porcentaje.

No hay calendario, ni comisión de trabajo formal, nada que permita a la industria de contenidos certificar que han conseguido devolver a la mesa de las negociaciones por las descargas a las grandes operadoras de telefonía, pero no será por ganas. La Coalición de Creadores de Contenidos les tiende de nuevo la mano pública, o al menos lo hace saber. Hay prisas, ahora que la Comisión Interministerial ultima la nueva regulación para “combatir las descargas no autorizadas en Internet” y ponerle coto a los intercambios de archivos. Saben que antes del 31 de diciembre España tendrá que servirla a la mesa de la UE y, por si acaso, busca una posición común, sabe que no será la de los cortes administrativos a los usuarios, cara y desagradable para las telecos. Pero ya no le importa tanto: la Coalición ha renunciado a la vía francesa y centra sus esfuerzos durante los próximos meses en la persecución a las 200 webs más dinámicas en el P2P ‘ilegal’. Quiere que el Ministerio de Industria le haga el ‘trabajo sucio’ con denuncias de oficio, pero se conformará con una propuesta "poco agresiva", centrada en el bloqueo y desalojo de webs con enlaces P2P y nunca en el corte del ADSL a los usuarios que descargan contenidos.

Nada nuevo a lo que hasta ahora las telecos agrupadas en Redtel no le hayan dado ya la espalda. No quieren ser ni los jueces ni siquiera los brazos ejecutores de un proceso técnicamente complejo y costoso para las operadoras: lo sabe O2, que en Reino Unido ha tenido que comenzar a ralentizar la velocidad del P2P entre las 20 y 23 horas gracias a la instalación de un hardware capaz de clasificar los paquetes IP. Desde el primer día de sus desencuentros con la Coalición, Redtel pide contenidos atractivos a precios competitivos para frenar las descargas, un marco de colaboración entre los creadores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones y campañas publicitarias de concienciación sobre el "respeto a la propiedad intelectual.

Para la agrupación de las principales operadoras de telecomunicaciones, cualquier intento de solución que se limite a penalizar "será un fracaso", la demostración de que  ante “ciudadanos que demandan cada vez más contenidos culturales a través de nuevos canales, la industria cultural se niega a canalizar su oferta a través de Internet de forma legal y con ofertas atractivas". Sólo están dispuestos a recibir instrucciones. “Como el caso de las escuchas telefónicas. Si un juez dictamina que se debe hacer una escucha, las operadoras corremos con todos los gastos y ponemos las inversiones necesarias para ello, pero nunca decidimos cuándo una línea debe ser intervenida”, explicaba en ABC Francisco Román, que por primera vez se desmarca de las huellas del sector y estaría dispuesto a aceptar -al uso británico- una autoridad independiente -no judicial- que regule las descargas.

UNA ‘TERCERA VÍA’ PARA COMPARTIR

En España, el bloqueo o la intervención de las páginas web sólo pueden ser decididos por un juez. Además, las descargas de archivos por Internet hoy -incluyendo las sujetas a derechos de autor- son legales bajo la legislación española siempre que no se demuestre el ánimo de lucro. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblemático caso de Sharemula. Los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. Además, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez. Y en los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en España, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual. Por eso, agotadas la penal y la civil, la industria de los creadores se aferra a la vía administrativa. Pero incluso ese atajo -el cierre por vía no judicial de las páginas- requerirá cambios legislativos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), en un artículo de la ley de enjuiciamiento civil o, en su defecto, una gatera en la nueva Ley General Audiovisual.

Por eso, mientras la Comisión Interministerial para regular las descargas decide qué modelo le sugiere al Consejo de Ministros el 10 de diciembre y, por si acaso la opción de la persecución legal a los usuarios no encuentra sitio en a regulación española, intentarán seguir el ‘modelo inglés’: rebajar en un 70% la ‘piratería’, dejar en manos del regulador tanto el  sistema de avisos como los recortes tecnológicos;  dar un año de margen antes de comenzar los cortes definitivos y potenciar webs de contenidos de pago que cuenten con el aval de la industria y el impulso de las operadoras. La mano de la competencia comercial trata de hacerse sitio, para las multinacionales, en el mercado de los contenidos digitales. Ven cómo las naves del streaming y del P2P se llenan del respaldo del mercado y miran ya de reojo las sugerencias de Reding -sociedad digital y un mercado europeo-. Tratan de gestar modelos híbridos.

El fundador de Spotify, Daniel Ek, les recuerda que ni los cortes a las descargas -aunque llegaran con la nueva regulación- serían suficientes para un modelo de negocio en la música que busca compaginar publicidad, descargas, suscripciones, merchandising y entradas a conciertos donde el usuario llega y donde la clave para la rentabilización viene de la portabilidad y el paquete de derechos de acceso que se le ofrece. La Coalición asegura que pueden tener su macroweb- una réplica ampliada de la web británica FindAnyFilm.com, con la que las cinematográficas han conseguido un catálogo de tres millones de títulos en el Reino Unido y que integrará también la oferta musical a través de la patronal Promusicae, con un catálogo que puede alcanzar los cinco millones de canciones- preparada en el primer trimestre de 2010, no lo harán sin el respaldo de Industria.

Los promotores quieren que el portal sea autosostenible con ingresos por publicidad y de los afiliados en el menor tiempo posible, aunque no descartan las subvenciones públicas. Le hacen ‘ojitos’ al Ejecutivo, que hasta ahora se ha escudado en que para frenar las descargas gratuitas -completamente legales con la normativa actual- no sólo hace falta legislar, sino tener una "alternativa legal" donde los usuarios puedan descargarse contenidos culturales de forma fácil y asequible. Mientras tanto, la Coalición intenta hacer de la necesidad virtud, generar su propia competencia, aprovechar el streaming y el P2P y neutralizar a las descargas ‘ilegales’ con las mismas armas que ahora repudian. Por eso los creadores y las asociaciones de gestión de derechos de la propiedad intelectual se arriman a las avanzadillas en la red de las telecos, ahora que Telefónica ha situado a Pixbox, su tienda online de música y cine, como líder en el sector de las descargas musicales en Internet en Europa con 30 millones de descargas, en asociación con compañías como Emi Music, Universal Music, Sony Music o Warner Music.

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