edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
05/02/2010
Moncloa deja a las operadoras a los pies de los caballos de las gestoras

La industria de derechos de autor le declara la guerra y le busca los bolsillos a las telecos españolas

Las gestoras de derechos calculan que las telecos han duplicado sus ingresos por contenidos audiovisuales y, ahora que el canon digital está cuestionado ante la CE, exigen una tasa por distribución
Moncloa calla: la alianza con la UE y EEUU por ACTA abriría la puerta a los cánones y la obligación a los proveedores de Internet a vigilar el tráfico de sus clientes
Ana Zarzuela

Se tentaron las intenciones durante todo un año. Las operadoras buscaban -con Industria mediante- un acuerdo no sólo para la regulación de las descargas y el intercambio de archivos, sino cooperación para impulsar modelos de negocio rentables en internet. Pero Moncloa no les deja sitio más que testimonial en las ponencias de la subcomisión del Congreso que reformará la Ley de Propiedad Intelectual, ni ha esperado por un pacto con ellas para ultimar la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible. Hoy, las operadoras y las gestoras de derechos de autor cruzan ya sólo sus lanzas en el espejo de los diálogos sordos, hacen trinchera en la guerra de los cánones, en el fuego cruzado entre las entidades de gestión, los medios de difusión y los creadores que ha estallado ya oficialmente en la subcomisión parlamentaria. La industria de contenidos se conforma con pedir al Ministerio de Industria que les haga de oficio el trabajo sucio de ‘perseguir’ a 200 páginas web a las que consideran responsables del 70% de las descargas ‘ilegales’. Pero el cierre o el bloqueo topan con la tecnología, y su eficiencia con el mercado. Buscan la ‘caja’ de las empresas de telecomunicaciones: pasan ahora de la mano tendida a algún tipo de canon fijo o progresivo que grave las conexiones a internet (una propuesta con poca aceptación en Industria y la CMT) a un canon a los contenidos audiovisuales en la red. En sintonía con Sinde no han sacado aún de la carta de sus exigencias gravar a los grandes buscadores, o retocar las ventajas fiscales de la banda ancha. Es la respuesta al cuestionamiento del canon digital, la batalla que las telecos les darán en Bruselas si hace falta. 

El canon a la banda ancha era -decía en 2008 la SGAE- la fórmula para ‘bendecir’ y legalizar todos los contenidos por la puerta del cobro. Y lo dejó caer. Pero hoy las grietas del pragmatismo dividen sus filas, las que sacan del ‘horno’ el debate sobre el canon al adsl o una tasa a la distribución de contenidos audiovisuales. Lo destapaba en público, de manera formal, DAMA (la Asociación de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), con una opción que no estaba en principio en el ‘menú’ digital de los Ministerios de Cultura y de Industria para regular los contenidos de internet y que no es del agrado de la CMT, que el pasado trimestre rebajó el precio del adsl indirecto un 20% para que las operadoras lo trasladaran al precio final al consumidor. Tratan de buscar la ‘ocasión’ en la propuesta de cobro por consumo de velocidad de descarga del adsl que las telecos -que siguen repudiando los cortes y el castigo a los usuarios y abogan por nuevas macrowebs de contenidos comerciales- empiezan a sopesar.

A la industria le duele el éxito del negocio de los contenidos digitales en manos de las principales operadoras españolas. Según la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE, las operadoras de internet son, en parte, responsables de la situación porque "como su negocio es el tráfico, les importa tres pepinos que el tráfico sea legal o ilegal". Nada diferente a las denuncias durante el último año de la Coalición de Creadores y Promusicae a las puertas de Ángeles González-Sinde. La Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Soportes Discográficos (ANEDI) le ha puesto ya cifras y un objetivo en la mira de sus cañones. Calcula que los operadores han duplicado sus ingresos desde el año 2000 -una cifra que las telecos no reconoce- gracias a las descargas ‘ilegales’ mientras la industria de la música ha caído casi un 75% y le ha puesto sobre la mesa del Congreso la primera propuesta formal para que los operadores de banda ancha asuman un "canon de distribución digital" para compensar las pérdidas de la industria musical, en vez de desconectar a los usuarios de P2P como en Francia o Reino Unido. Saben que los ingresos del negocio de las aplicaciones de telefonía móvil superarán en 2013 los 100.000 millones de euros en todo el mundo, el doble que en la actualidad. Y con él el de los contenidos audiovisuales, que según Screen Digest crecerán un 25% en los próximos cuatro años hasta alcanzar los 3.200 millones, gracias a aplicaciones como Deezer o Spotify y a los servicios a medida diseñados por las propias operadoras de telefonía. Vodafone, con una oferta de más de dos millones de canciones, acaba de reforzar en España su oferta de música libre con el lanzamiento de un bono de 10 canciones de DRM Free (libres de gestión de derechos digitales), un servicio que llega a unos 450.000 clientes del operador en todo el mundo, por 5 euros. Nada en lo que no le pise los talones a Telefónica, ahora que acaba de firmar un acuerdo con Wikimedia para ofrecer a sus clientes un acceso libre y directo a los contenidos de la enciclopedia 'online'.

COMPENSACIONES ARA SU MODELO DE NEGOCIO

Aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de las 200 webs de su ‘lista negra’, saben que eso no mejoraría el mapa de sus ingresos.  Hasta la industria de contenidos da por hecho su ‘ineficiencia’: exigen que, si en un año no se ha reducido el 70% de la piratería, los cortes lleguen también a los usuarios y lanzan su macroweb. Por eso, intentarán, primero, hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año. Y subirse al carro de los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones. Saben que a la vista de la tienda Pixbox de Telefónica -líder en el sector de las descargas musicales en Internet en Europa con 30 millones de descargas, en asociación con compañías como Emi Music, Universal Music, Sony Music o Warner Music- y del proyecto de Telefónica para digitalizar la Biblioteca Nacional, ellas ya han conseguido despejar el acceso a esa opción. Pero sobre todo y busca sitio, de su mano, en una compensación como la que ya ha despejado Gran Bretaña: su cuota en un canon a la banda ancha, que si no es general, al menos llegue en función del volumen de descargas, ahora que las operadoras europeas barajan su cobro progresivo. A pesar del descenso de uso del P2P- a favor del streaming y otras alternativas- y de que el 10% de los usuarios consumen el 60% del tráfico de la red de un ISP, el posible pago por volumen de datos representaría una excelente noticia para las sociedades de gestión de derechos de autor que podrían recibir un porcentaje.

Las gestoras de derechos de autor sólo tienen ojos para los ingresos de las operadoras, ahora que las asociaciones de empresas tecnológicas, las televisiones privadas, varios grupos de productores y el sector de las operadoras de telefonía se han sumado abiertamente -en la subcomisión que estudia en el Congreso de los Diputados la posible reforma de la Ley de Propiedad Intelectual- una modificación del canon digital, que grava en España a determinados productos electrónicos y soportes físicos, en función de su capacidad para albergar obra protegida por los derechos de autor sin distinguir entre un uso como material de ocio y otros usos de carácter profesional.  Al menos -según la propuesta de Asimelec- una transición para que "las administraciones públicas y las empresas" estén exentas de pagarlo, ya que lo "elevado de los importes" que esta tasa implica para las compañías en España "genera un diferencial importante respecto a Europa". Los ministros europeos de telecomunicaciones abrirán camino en abril en la Cumbre de Granada a una defensa “más transparente” de la propiedad intelectual, pero tendrán que hacer frente también a la propuesta de la industria TIC europea en la presentación de los objetivos de la presidencia española, que exige eliminar el canon digital por copia privada, por el sobrecoste a los consumidores de varios países -España entre ellos.

Moncloa calla. Los representantes españoles han vuelto en silencio esta semana de la Cumbre mexicana en la que la UE, EE UU, Australia, Japón y Canadá, entre una cuarentena de países han ultimado la séptima ronda de las negociaciones del acuerdo por la lucha contra la falsificación, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). No hay noticias oficiales sobre un acuerdo que se negocia desde hace más de dos años entre una veintena de países industrializados bajo el paraguas de la OMC. Pero la industria de internet y la asociación de grandes telecos europeas -ETNO- han encendido todas las luces rojas. Si las propuestas que ahora tendrán que concretar los países ponentes se consuman -lo advierten ya los 1.700 proveedores de servicios en la red de EuroISPA- el acuerdo para “sabotear la piratería” implicará la desconexión de quienes descarguen repetidamente material con derechos de autor sin permiso, pero sobre todo nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de Internet y las operadoras de telecomunicaciones sobre el contenido que distribuyen, como el filtrado de contenido. Lo advierte Michael Bartholomew, director de ETNO: sólo la legislación de la UE y el paquete telecom que acaba de entrar en vigor en la Unión lo podrían bloquear. Las propuestas del ACTA miran a los antecedentes estadounidenses y al modelo de tres avisos impulsado por Sarkozy, pero sobre todo a Gran Bretaña, donde el proveedor de Internet británico Virgen planea monitorear Gnutella, eDonkey y BitTorrent y ha encajado ya la denuncia de Privacy Internacional por utilizar el software CView para analizar el tráfico P2P en su red de usuarios.

LES TOCAN TODOS LOS CÁNONES

El cierre o el bloqueo de webs topa con las líneas rojas de la tecnología, pero a la vista de que Sebastián y Zapatero sueltan -o al menos aparcan- la posibilidad de cortes a los usuarios, las asociaciones de derechos de la propiedad y la industria buscan la caja de las telecos, con la mano tendida a algún tipo de canon -fijo o progresivo- que grave las conexiones a internet. Miran más allá de los Pirineos, a los países que en los últimos meses han estrenado iniciativas para gravar al sector tecnológico: en Argentina, desde noviembre, hay una nueva legislación que grava con una tasa de hasta el 35% a los productos tecnológicos y de electrónica de consumo y duplica el IVA del 10,5% al 21% a un listado de dispositivos electrónicos que no se hayan fabricado o ensamblado en el país, pero sobre todo, suma un nuevo impuesto  del 3% sobre el precio de las telecomunicaciones, para empezar las conexiones a Internet. Pero ni la Coalición de Creadores ni el conjunto de la industria de contenidos española olvida que fue un movimiento ciudadano, impulsado a través de la red de microblogging Twitter, el que convenció a algunos políticos argentinos de que agrandaría la brecha digital y fomentaría de un mercado negro paralelo. Y rebajó sus aspiraciones. Nada diferente al precedente mexicano, donde el gravamen del 3% sobre las conexiones a la red también ha visto la luz, pero con condiciones: sólo se aplicará a los contratos que no tengan el servicio de Internet por separado.

La ‘solución’ del canon digital tiene más de un valedor en Moncloa y en el Ministerio de Industria y la Setsi, más de un técnico coincide con la Coalición en que podría ser la cuadratura de todos los círculos: si no hay cortes, ni disminución de velocidad, no agrediría a la neutralidad de la red que España quiere abanderar como la que más en la UE, ahora que se ha convertido en parte del paquete telecom y la estrategia de Lisboa para la Unión. Pero Industria no quiere echarle más manchas al segundo adsl más caro de la UE, ni agitar las aguas del sector de internet, que -ahora que la batalla de las descargas ha calmado momentáneamente sus lanzas- le recuerda que ya es uno de los mercados con uno de los índices más bajos de penetración de banda ancha de los Veintisiete. Menos aún justo ahora que, a pesar de sus lagunas, las críticas de la CMT a la banda ancha española -a contrapié de los informes de la Setsi- reviven los desencuentros con la UE. De acuerdo con el informe sobre precios de Banda Ancha del regulador de telecomunicaciones, en España la modalidad más demandada (el paquete de voz y datos con velocidades de entre 2 y 10 megas), es un 6,3% más cara que la media de las mejores ofertas de la Unión Europea.  No olvidan que los hogares españoles que no disfrutan de conexión a Internet o de banda ancha alegan sobre todo “razones económicas”, según el último informe de la Sociedad de la Información de la Fundación Telefónica. Por eso ahora sacan de la nevera de sus aspiraciones un nuevo canon, una tasa por distribución de contenidos digitales que podría llevar por igual los apellidos de las telecos y de los proveedores de los servicios de internet.

ENCRUCIJADA TECNOLÓGICA PARA LAS TELECOS

Para detectar las webs que vulneren la ley, podrá solicitar a las compañías de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportuno para su identificación y estas operadoras estarán obligadas a ofrecérselos. Nada nuevo a lo que hasta ahora las telecos agrupadas en Redtel no le hayan dado ya la espalda. No quieren ser ni los jueces ni siquiera los brazos ejecutores de un proceso técnicamente complejo y costoso para las operadoras: lo sabe O2, que en Reino Unido ha tenido que comenzar a ralentizar la velocidad del P2P entre las 20 y 23 horas gracias a la instalación de un hardware capaz de clasificar los paquetes IP. Si el paquete ‘antipiratería de la disposición final de la LES acaba por cristalizar, las firmas de hospedaje web se verán en una encrucijada. El sector ya ha levantado la voz. El texto obliga a los prestadores de servicios, ya sean telecos o proveedores, a "facilitar los datos de que dispongan",  cientos de datos sensibles para sus clientes, además de que el caudal de páginas que tendrían que cerrar crecería exponencialmente sin compensación económica. Los alojadores tendrían que cortar el servicio si la Comisión (o el juez, como hasta ahora) lo deciden. Pero si el servidor no está bajo jurisdicción española -al menos el 30% de las webs incluidas en la ‘lista negra’ de la Coalición de Creadores- se recurriría a las operadoras para que bloquearan el acceso a la web -mediante el enrutado o a través de la resolución DNS-.

Según explican los responsables de CDmon y Arsys a Bandaancha.eu, puede ser "una chapuza desde el punto de vista técnico y una barrera fácilmente salvable por los que infringen la ley". En el caso de bloquear una IP, se dejaría fuera de servicio a todas las webs que la compartan. Y en el caso de las empresas proveedoras de ADSL deberán instalar filtros intermedios que podrían llegar afectar el rendimiento de la red en sus clientes. Las compañías de hosting se preguntan además que ocurrirá cuando el juez no respalde la decisión de la Comisión y el cliente desconectado exija responsabilidades. La jurisprudencia ha comenzado a marcar la pauta de su sintonía: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -alegando que se “vulneraría la Ley de Protección de Datos Personales” -acaba de denegar a la productora y distribuidora Private Media Group la petición para que las operadoras Telefónica, Orange y Jazztel entreguen los datos personales de usuarios que compartieron mediante P2P algunas de sus películas para iniciar una demanda contra los titulares de las IP por infracción de sus derechos de propiedad intelectual.

Además, al día siguiente de que el plan contra las descargas sea aprobado por el Gobierno, el proveedor de alojamiento de la web podrá desalojarla. La mayoría ya está en los EEUU y por cada web que cierre se abren 20. La idea es que los ISP impidan el acceso a los usuarios. Pero si entre los españoles, igual que hacen ya los suecos, se ponen de moda las redes privadas virtuales, el proveedor de acceso sólo sabrá que su cliente se conecta a un servidor VPN, perdiendo su rastro. En el mejor de los casos, desembocará en la restricción o el corte de un puñado de páginas y el ‘escarmiento’ a los prestadores de estos servicios podría quitar los índices de descargas, pero no los contenidos. Arañan en la piel de un mercado que no deja de cambiar.

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