edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
11/11/2011

La información privilegiada y la manipulación del mercado, nuevo objetivo prioritario para el PE

Javier Ardalán
El Parlamento Europeo  ha planteado una Directiva al Parlamento Europeo sobre las sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado. Busca, unas normas mínimas sobre las infracciones penales y las sanciones aplicables al abuso de mercado, que se incorporen en el Derecho Penal nacional y sean aplicadas por los sistemas de Justicia de los Estados miembros.

Así, piensa que estas normas nacionales pueden contribuir a garantizar la eficacia de esta política de la Unión al demostrar una desaprobación social de naturaleza cualitativamente diferente a la que denotan las sanciones administrativas o los mecanismos de compensación previstos en el Derecho Civil.

La propuesta sigue el planteamiento expuesto en la Comunicación de 20 de septiembre de 2011 “Hacia una política de Derecho penal de la UE: garantizar la aplicación efectiva de las políticas de la UE mediante el Derecho Penal”.

Este planteamiento incluye una evaluación basada en pruebas materiales claras y una evaluación de los regímenes nacionales vigentes para garantizar el cumplimiento y del valor añadido de unas normas mínimas comunes de la UE en materia de Derecho penal, teniendo en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y subsidiariedad.

Considera el Parlamento que los reguladores carecen de algunas de las competencias necesarias para detectar abusos de mercado; por ejemplo, no reciben informes sobre operaciones sospechosas con derivados en mercados no organizados (OTC), a pesar de que estas pueden utilizarse con fines de abuso de mercado.

Así, por ejemplo, los reguladores de algunos Estados miembros no pueden obtener de los operadores de telecomunicaciones los registros de datos telefónicos, que pueden servir de prueba en las investigaciones y para sancionar los abusos de mercado, especialmente en los casos de operaciones con información privilegiada. Como consecuencia de ello, determinados abusos de mercado sujetos a sanciones administrativas pueden quedar impunes por no poder ser detectados.

Un dato importante a tener en cuenta es que cuando un instrumento financiero es admitido a negociación en un mercado regulado, todas las operaciones con ese instrumento entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre el abuso de mercado, tanto si la negociación tiene lugar en un sistema multilateral de negociación (SMN), en un sistema electrónico de cruce de órdenes de clientes (‘crossing network’) o en mercados no organizados (OTC).

El acceso a estos datos se considera una herramienta esencial para las tareas de investigación y represión de los reguladores financieros. Algunos de estos reguladores no están facultados para acceder a centros privados e incautarse de documentos. Además, pueden verse privados de acceso a información básica importante sobre operaciones sospechosas proporcionada por denunciantes, ya que esas fuentes de información carecen de incentivos y pueden no estar suficientemente protegidas.
Por otra parte, los reguladores no disponen de los instrumentos necesarios para atajar «los intentos de manipulación del mercado», en los que una persona trata de manipular el mercado sin conseguirlo.

En segundo lugar, no todas las autoridades competentes tienen a su disposición una gama completa de poderes sancionadores que les permita responder a todos los abusos con la sanción adecuada. Por ejemplo, las autoridades competentes de ocho Estados miembros no tienen la posibilidad de revocar las autorizaciones en caso de infracción. En otros Estados miembros, la cuantía de las multas administrativas puede considerarse reducida e insuficientemente disuasoria.

Por otra parte, la definición de qué tipos de operaciones con información privilegiada o de manipulación del mercado constituyen infracciones penales diverge considerablemente entre los distintos Estados miembros. Por ejemplo, cinco Estados miembros no prevén sanciones penales para la divulgación de información privilegiada por poseedores primarios de este tipo de información y ocho Estados miembros no las prevén para los poseedores secundarios. Además, un Estado miembro no impone actualmente sanciones penales a las operaciones con información privilegiada llevadas a cabo por poseedores primarios de esa información y cuatro no las imponen por manipulación del mercado.

Puesto que el abuso de mercado puede llevarse a cabo a través de las fronteras, esta divergencia socava el mercado interior y deja cierto margen para que los autores de prácticas de abuso de mercado lleven a cabo este tipo de operaciones en países en los que no se aplican sanciones penales a un delito concreto.

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