edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
25/10/2010

La información sobre la venta de derechos de emisión de CO2 es confidencial durante 5 años

Xavier Gil Pecharromán
Tras la sentencia del Tribunal Supremo, que reconoce que los impuestos ‘verdes’ no suponen una doble tributación con respecto a los demás tributos, se ha abierto un importante campo para las arcas municipales. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea prepara una importante limitación a la hora de saber que empresas contaminantes están emitiendo y vendiendo obligaciones sobre la emisión de gases de efecto invernadero (CO2) . La información sobre las operaciones de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero es confidencial durante cinco años y no puede ser facilitada a ninguna administración que lo solicite por el Registro Nacional de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, según las conclusiones presentadas por la abogada general del Tribunal de Justica de las Comunidades Europeas, Juliane Kokott.

En este caso se dilucidaba la solicitud de la Corporación municipal de la Villa de Lyon, que consideraba que se trataba de una información medioambiental, por lo que argumentaba razones de interés público para lograr la obtención de información sobre la venta de derechos de emisión por los titulares de las 209 plantas de calefacción urbana de Francia.

Sin embargo, la abogada general interpreta que no se trata de información necesaria para proteger el medio ambiente a la que le sea de aplicación las obligaciones de información reguladas por la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, La información sobre las transacciones muestra, a su juicio, si el comercio de derechos de emisión es un medio apropiado para proteger el medio ambiente.

Sin embargo, la magistrada Kokott niega que esta información no se desprende que exista un interés público imperioso en la divulgación de dicha información que prevalezca sobre la protección de datos de carácter comercial o industrial o sobre la confidencialidad de datos personales, si es que en el caso concreto efectivamente existe el interés en la confidencialidad que presume el Reglamento 2216/2004 que instituye los registros nacionales con la información sobre las transacciones.

Estos mismos argumentos han sido defendidos por el Registro Nacional y por la Administración francesa, que consideraban que la información sobre las transacciones sólo muestran si el mercado de los derechos de emisión funciona o no. Ese mercado forma parte de un sistema que sirve globalmente a la protección del medio ambiente, pero la información sobre las transacciones no permite determinar en qué medida el mercado contribuye a dicho objetivo.

En definitiva, la filosofía jurídica mantenida por el Tribunal comunitario es que la posesión de derechos de emisión no implica que su titular libere efectivamente gases de efecto invernadero.

Francia alega acertadamente que las transacciones pueden no tener una relación directa con la liberación de gases de efecto invernadero: se puede tratar de medidas meramente especulativas dirigidas a la posterior reventa con beneficios.

Las conclusiones de la abogada general consideran que este argumento puede ser cierto respecto de una parte de los datos sobre transacciones a los que se pretende acceder, en particular los referidos a información sobre los adquirentes de los derechos de emisión.

En lo que se refiere a las plantas de calefacción urbana que en el presente caso transmiten derechos de emisión, se ha de considerar que existen repercusiones reales de la transacción, pues por lo general deben reducir sus emisiones en la misma proporción.
 
Sin embargo, señala que tampoco se ha de excluir la información sobre los adquirentes de los derechos, pues por regla general el adquirente último generará más emisiones de las previstas en el momento de la asignación de los derechos, y a esta conclusión contribuye la compra especulativa. Por este solo motivo existe un interés medioambiental en la transparencia de la transmisión de derechos de emisión.

Por lo demás no siempre resulta fácil, antes de la realización definitiva de un derecho, determinar en la práctica si una transacción se dirigía a una mera compra especulativa o al disfrute propio del derecho. Por eso, las transacciones en principio deben considerarse información medioambiental.

El Reglamento 2216/2004 dispone esencialmente una forma de divulgación de dicha información: la publicación por el Administrador Central de la información sobre las transacciones realizadas, con arreglo al anexo XVI, apartados 11 y 12, a partir del 15 de enero del quinto año posterior a la transacción. Por lo demás, con arreglo al artículo 10, apartado 1, esa información se ha de tratar confidencialmente.

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