edición: 2701 , Lunes, 22 abril 2019
08/07/2015

La Inspección de Empleo y SS creará una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude

Javier Ardalán
El Gobierno creará una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, incorporada al Organismo Autónomo de Inspección del Trabajo y Seguridad Social, de la que formarán parte todos los organismos implicados en la lucha contra el fraude, la programación y ejecución de actuaciones inspectoras y la evaluación de resultados.
Así se establece en el proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que actualmente se tramita en el Parlamento, que regula quede esta oficina formarán parte todos los organismos implicados en la lucha contra el fraude laboral y tendrá como funciones la detección del fraude, la programación y ejecución de actuaciones inspectores y la evaluación de resultados.

De esta manera, se pretende mejorar la colaboración institucional entre Administraciones Públicas y se permite una mejor ordenación de las actuaciones de lucha contra el fraude. La nueva oficina servirá de enlace con la Plataforma europea contra el trabajo no declarado, en preparación en el marco de la Unión Europea.

Con esta iniciativa, se pretende combatir las conductas relacionadas con el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Tras la experiencia del plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social aprobado por el Consejo de Ministros, en 2012, y con vigencia hasta finales de 2013 y considerando los resultados positivos derivados de su aplicación, se considera preciso abordar, más allá del contexto actual, la constitución de estructuras permanentes en la lucha contra el fraude.

La creación de una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude en el marco de una nueva Ley Ordenadora del Sistema de Inspección se contempla en el Programa Nacional de Reformas 2014, que se contiene, a su vez, en la intensa agenda reformadora del Gobierno, como continuación de los Programas de 2012 y 2013.

La Oficina tiene la pretensión de afrontar de modo global el fenómeno del fraude, dada la dimensión transversal que el mismo representa. El fraude no sólo supone una indebida detracción de recursos del sistema de la Seguridad Social (generación o disfrute de prestaciones indebidas) o una falta o deficiencia de contribución a su sostenimiento (ausencia total o parcial de cotizaciones sociales).

El fraude va ligado, la mayoría de las veces, a situaciones de explotación laboral en las que se niegan a los trabajadores los más elementales derechos, el más importante de ellos es el reconocimiento de su condición de trabajadores, como sucede en un contexto de trabajo no declarado.

Se han reforzado la coordinación y colaboración entre organismos y administraciones. Junto a la creación de una Unidad Especial de apoyo y colaboración de la Inspección de Trabajo con Juzgados, Tribunales y Fiscalía General del Estado, se han firmado convenios de colaboración con organismos estatales, como la Agencia Tributaria o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con las comunidades autónomas y entidades como el Consejo general del Notariado y el Colegio de Registradores de España.

En los años 2012, 2013 y 2014 se han aflorado 252.822 empleos y se han anulado un total de 103.238 altas ficticias o contratos de trabajo falsos en empresas ficticias, empresas sin actividad creadas con el objeto de facilitar el acceso fraudulento a prestaciones. Durante igual período de tiempo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha transformado 115.747 contratos temporales en indefinidos.

Asimismo, el conjunto de actuaciones desplegadas en lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en los años 2012,2013 y 2014 han tenido un impacto económico global estimado en 11.343 millones de euros.

Esta medida viene complementada por la reforma del Código Penal, que agrava las sanciones por fraude a la Seguridad Social y los delitos contra los derechos de los trabajadores. Así, se añade el artículo 311 bis del nuevo Código Penal, que regula el castigo, salvo delito con pena superior, a quien emplee de manera reiterada a extranjeros sin permiso de trabajo o a menores de edad que carezcan del mismo permiso de trabajo.

En el caso del fraude a la Seguridad Social, podrá ser castigado con la pena de 6 meses a 3 años de prisión, o, a la vista de lo defraudado o de las circunstancias personales del autor, con pena de multa del tanto al séxtuplo de lo defraudado. De igual manera cometerá este mismo delito el empresario que simule un contrato, normalmente a familiares o amigos y de corta duración, para reunir los requisitos de acceso a prestaciones, por ejemplo la no excepcional situación de alguien que contrata 15 días o un mes a un trabajador porque le faltan unos días para llegar a acceder al paro o a una pensión.
Estas situaciones podrán suponer la condena por delito, con todo lo que ello conlleva (antecedentes penales, ingreso en prisión si hubiera reiteración en el delito o los importes defraudados fueran considerables, etc…).

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