edición: 2615 , Jueves, 13 diciembre 2018
11/07/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La inspección médica tendrá la última palabra en la concesión de las altas laborales

Javier Ardalán

Los interlocutores sociales, entre los que se encuentran  colegios médicos, sindicatos y asociaciones empresariales se han pasado la semana entera tratando de parar la aprobación por el Consejo de Ministros –anunciada por el Ministerio de Empleo- del anteproyecto  de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Se trata de una norma que introduce muchos y muy profundos cambios  sobre la estructura y la forma de trabajar de estas instituciones, Se persigue una  mejor atención que  permita reducir el absentismo laboral injustificado y, por tanto, mejorar la competitividad de las empresas y, consecuentemente, la de la economía en su conjunto.

Se aclara que todas las prestaciones y servicios que las Mutuas dispensan son prestaciones y servicios de la Seguridad Social y, por tanto, sujetos al régimen jurídico de aplicación común. Asimismo se establece que la prestación de asistencia sanitaria deriva de la cobertura de las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), y asociada a la situación de incapacidad temporal por dichas contingencias.

De esta forma, la más destacable de ellas, la posibilidad de que las mutuas puedan proceder al alta de los trabajadores accidentados ante el silencio administrativo del médico de cabecera, ha quedado fuera del texto y sustituida por un nuevo sistema, que si bien permite un cierto control de estas entidades sobre la situación de los trabajadores lesionados, la última palabra la van a seguir teniendo los médicos del sistema público.

Así, cuando las mutuas de la Seguridad Social, basándose en los partes médicos y en los informes emitidos en el proceso, así como a través de la información obtenida de las actuaciones de control y seguimiento o de las asistencias sanitarias previstas legalmente, consideren que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, podrán formular propuestas motivadas de alta médica a través de los médicos dependientes de las mismas, dirigidas al facultativo del servicio público que emitió los partes médicos, por medio de la Inspección médica de los Servicios Públicos de Salud.

La Inspección Médica dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de la propuesta para comunicar a la Mutua la estimación de la misma, trasladándole el correspondiente parte médico de alta, o la denegación, con el parte de confirmación de baja e informe motivado que lo justifique.

La futura norma entiende que se entenderá emitido el parte médico de alta por la Inspección de Servicios Sanitarios si transcurre dicho plazo sin que la mutua haya recibido comunicación alguna, en cuyo caso la Mutua adoptará acuerdo de extinción del derecho en la forma establecida en el apartado 2 y lo notificará al trabajador y a la empresa consignando la fecha de efectos del mismo, que se corresponderá con el primer día hábil siguiente a su notificación al trabajador.

Los acuerdos de extinción del derecho que adopten las mutuas con arreglo al procedimiento establecido en el párrafo anterior, podrán ser impugnados por el trabajador afectado ante la Inspección médica adscrita al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Igualmente las mutuas podrán solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la emisión del parte de alta en el supuesto de que en el procedimiento de propuesta de alta fuera emitido parte de confirmación de baja o desestimada expresamente la propuesta, de acuerdo con las atribuciones conferidas a la Entidad Gestora en la disposición adicional quincuagésimo segunda, debiendo ésta resolver la solicitud en el plazo de cinco días siguientes a su recepción.

Estas entidades podrán realizar actos de control y seguimiento de la prestación económica a partir del día de la baja médica y, respecto de las citaciones para examen o reconocimiento médico, la incomparecencia injustificada del beneficiario será causa de extinción del derecho a la prestación económica, en los términos que  aún tendrán que regularse a través de un reglamento.

Asimismo, podrán realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de los procesos previstos en esta disposición, previa autorización del médico del Servicio Público de Salud y consentimiento informado del paciente.

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