edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
12/04/2016
La cuarta parte del PIB

La insumisión financiera de las Autonomías más endeudadas, contagia a la deuda pública del Estado

El tamaño de la deuda autonómica marcará la primera reforma que deba afrontar un futuro Gobierno
Juan José González
El tamaño de la desviación del déficit fiscal de las Autonomías parece ser uno -que no el único- de los elementos más desestabilizadores de las cuentas del Estado central, cuya gravedad pone en peligro el compromiso del Gobierno español con Bruselas. Las Autonomías, en tanto parte del problema, tienen también una parte de culpa; sirva señalar que el pasado año fueron las responsables de un agujero cercano a los 18.000 millones de euros cuando no deberían haber superado los 7.000 millones. Pero las cifras son tan sólo la medida del problema, porque la dimensión y el significado de la desviación fiscal es toda una herramienta de trabajo político, muy rentable electoralmente, que responde a una oposición al Estado, con independencia del partido que gobierne. Es la mejor vía, la más eficaz, para conseguir un espacio informativo nacional. Todo parece justificar que la financiación autonómica, dará nombre a la primera reforma del próximo Gobierno.
La indisciplina de los Gobiernos autonómicos en el cumplimiento de las obligaciones con el Gobierno central se extiende como una gran mancha de aceite que no cesa en su avance. Las cifras de la indisciplina se van acumulando conforme pasan los años hasta alcanzar dimensiones que obligarán a aplicar terapias intensivas de reducción. El tamaño de la deuda autonómica española es ya de un tercio del PIB; supera por tanto los 260.000 millones de euros. La generación de esa enorme deuda hay que buscarla en los problemas de la crisis financiera a partir de 2008, si bien, cuando más se acentúa el crecimiento de la deuda autonómica es en los últimos ejercicios.

La brecha entre las obligaciones y compromisos que recoge la ley, parece ir en aumento en estos últimos cinco años, período en el que, por otra parte, el ministerio de Hacienda se ha visto obligado (por ley y por prudencia) a intervenir las cuentas autonómicas. Una brecha que, por otro lado, se ha convertido en el reclamo político favorito de los gobiernos autonómicos por su probada eficacia en la confrontación política (incluso entre presidentes del mismo partido) como también por el espacio informativo que encuentra su oposición en el ámbito nacional. Los partidos más grandes, con implantación nacional, han seguido en este sentido la misma estrategia que las formaciones nacionalistas.  

Pero al margen de la rentabilidad política de esa resistencia, desobediencia, discrepancia y oposición a la normativa fiscal, el boicot de algunas autonomías a aceptar las directrices del Gobierno central, lleva a unos y a otros, Autonomías y Gobierno, a un callejón de difícil salida, sólo evitable si se produce un acuerdo, un compromiso de todas las fuerzas políticas. Porque a estas alturas de la deuda, los 260.000 millones de euros, no se puede aspirar a que el Estado central asuma el compromiso de reducirla, amortizarla como tampoco de avalarla. A lo que sí estaría obligado es a supervisar el cumplimiento de los compromisos para reducir la deuda.

En la medida en que la estrategia de oposición al Gobierno central por parte de los líderes autonómicos se mantenga en las cuestiones del déficit fiscal, se producirá también el deterioro de la calidad, o calificación, de la deuda pública española. El último episodio de la rebaja en un escalón de la deuda de la Generalidad de Cataluña, supone considerar en la práctica que este Gobierno autonómico no podrá hacer frente a medio plazo con la mitad de su deuda; en otras palabras, que la mitad de la misma se encontraría a día de hoy en situación de impago. De ahí la necesidad y la urgencia de separar la rentabilidad política de la oposición autonómica de la obligación financiera de hacer frente a los compromisos económicos, en este caso, el pago de las deudas.

Por otra parte, es probable que el Estado central se deba apuntar una buena parte de la culpa, o responsabilidad, del tamaño de la deuda, en tanto conocedor, por interventor, de la situación financiera de las cuentas regionales, y de las que tiene toda la información necesaria para actuar. Si en este sentido, la intervención de Hacienda, tomando cartas en el asunto en las dos últimas semanas, coincidiendo con la advertencia de Bruselas, llega tarde, tampoco debería demorar más una solución, que pasa necesariamente por alcanzar un acuerdo con los Gobiernos autonómicos al margen del signo partidista y de la situación política de un Ejecutivo en funciones. De lo contrario, la deuda pública del Estado español puede seguir el mismo camino, escaleras abajo, que la más cerca del impago deuda autonómica.

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