edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
30/03/2012

La jurisprudencia da diferente trato legal a quien fue despedido antes de la reforma laboral que a quien se despidió por impago de salarios

Javier Ardalán
La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, el pasado 12 de febrero de 2012, ha generado una ardua polémica sobre que normativa debe aplicarse a los casos en que el despido es anterior a la reforma, pero la sentencia declarando el despido improcedente es posterior. Se trata de una situación muy común, que ya ha comenzado a dar jurisprudencia, puesto que la reforma no incluye ninguna disposición que lo aclare.

El centro del debate a despejar, ante la laguna legal que existe, es si se debe indemnizar con los 45 días por año trabajado, prorrateándose por meses los periodos inferiores, que establecía la legislación con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma o, por el contrario, tras entrar en vigor el Real Decreto-Ley es de aplicación la nueva cuantía indemnizatoria de 33 días por año trabajado. Además, también está en juego la decisión de si se deben pagar los salarios de tramitación o no, puesto que la nueva norma los ha suprimido.

Según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia de 21 de febrero de 2012, decretó que el trabajador tiene derecho a percibir los salarios de tramitación en el caso de que haya sido despedido antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, el 12 de febrero de 2012, pero el despido se haya declarado improcedente con posterioridad a esa fecha.

El ponente, el magistrado Iturri Gárate, explica que con respecto al derecho transitorio, sí existe norma expresa para la indemnización, pero nada se dice en cuanto a los salarios de tramitación en el Real Decreto-Ley 3/2012, pues sólo se regula el caso del contrato de trabajo anterior a la vigencia de la reforma y del despido improcedente producido tras su entrada en vigor. Para este caso, se prevé la fórmula de cálculo de la indemnización en la disposición adicional quinta, del Real Decreto-Ley.

Ante tal silencio en la Ley sobre el caso en litigio, el ponente considera que se ha de aplicar la norma previa, porque si la nueva no dice nada al efecto, se ha de considerar el principio  general de irretroactividad de las normas jurídicas del artículo 3.2 del Código Civil. En el caso de este precepto, se asume generalmente que incide en todo el ordenamiento jurídico, regulándose en el mismo tal derecho transitorio, el sistema de fuentes, las reglas que han de regir la interpretación de las normas, la analogía, la equidad, el fraude de ley, y el principio non liquet (no está claro).

Además, este criterio es el que se amolda al principio de irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables y de las restrictivas de derechos individuales que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución. "Estaríamos en este segundo caso, pues si la normativa precedente declaraba un derecho individual (cobro de los salarios de tramitación en estos casos), la nueva Ley suprime este derecho en casos como éste", dice Iturri Gárate.

Ello se compadece mejor con el principio dogmático "tempus regit actum" y por ello, con la disposición transitoria segunda del Código Civil, norma a la que con frecuencia se suele acudir también en casos como el presente y que fija que los actos y contratos se regirán conforme la normativa del tiempo en que se celebraron (la legislación anterior en este caso).

En el sentido señalado indica la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 1997 (RJ 1987, 3413) que en una relación de tracto sucesivo no hay retroactividad cuando la nueva norma se aplica al desarrollo futuro de la relación, sin afectar a los efectos ya consumados en la situación anterior.

En la misma línea acaba de fallar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 15 de marzo de 2012, y otra del Juzgado nº 3 de Pamplona, de 1 de marzo, en la que se mantiene esta misma doctrina y se afirma que a esos despidos, aun enjuiciados con posterioridad al 12 de febrero de 2012 —fecha de entrada en vigor—, no le es de aplicación la reforma y deben enjuiciarse con arreglo a la normativa vigente en la fecha en que se produjo el despido, incluyendo, si esa es la opción empresarial, el derecho a la indemnización de 45 días y los salarios de tramitación.

Esta sentencias son contrarias a la dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de León, de 20 de febrero de 2012, que considera que es aplicable la reforma al regir esta norma antes del fallo, sin que se regule la situación como en otras normas; porque la Ley tiene carácter sustantivo y no procesal; y porque la medida no tiene carácter retroactivo negativo para el trabajador.

El ponente, el magistrado González González, sin embargo, emite la primera sentencia sobre un trabajador que se despidió porque no le pagaba los salarios la empresa antes de la entrada en vigor de la reforma y la sentencia que declaró el despido improcedente se produjo una vez en vigor ésta.

En el caso que se enjuicia, y a diferencia de lo que ocurre con el acto extintivo producido por un despido, la extinción del contrato de trabajo no se produce desde que se presenta la demanda o se ejercita la acción en cuanto manifestación de voluntad de extinguir el vínculo contractual, sino únicamente cuando se dicta la correspondiente sentencia, que tiene naturaleza constitutiva y no meramente declarativa de un acto extintivo previo.

La sentencia concluye que dado que la presente sentencia se dicta con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012, le es plenamente de aplicación la normativa modificada por esta legislación de excepción y, en concreto el régimen jurídico determinante de la cuantía indemnizatoria a que tienen derecho los demandantes por resolución contractual. Es decir, los 33 días y sin percibir los salarios de tramitación.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2017 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...