edición: 2577 , Jueves, 18 octubre 2018
04/10/2013
LA OREJA DE LARRAZ

La Justicia comunitaria ‘lee la cartilla’ a España por la falta de protección de la legislación a los consumidores

Javier Ardalán

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 3 de octubre de 2013, le ha leído la cartilla a España por la escasa protección que la legislación ofrece a los consumidores.

La sentencia considera que se opone a la legislación comunitaria una normativa como la española, que cuando un consumidor que tiene derecho a exigir una reducción adecuada del precio de compra de un bien se limita a reclamar judicialmente únicamente la resolución del contrato de compraventa, pero la resolución no puede ser acordada porque la falta de conformidad del bien es de escasa importancia, no permite que el juez nacional que conoce del asunto reconozca de oficio la reducción del precio, y ello a pesar de que no se concede al consumidor la posibilidad de modificar su pretensión inicial ni de presentar al efecto una nueva demanda.

El sistema español obliga a los consumidores, en lo esencial, a anticipar el resultado de la calificación jurídica de la falta de conformidad del bien, cuyo análisis definitivo corresponde al juez competente, lo que supone que la protección que el artículo 3.5, de la Directiva 1999/44 atribuye al consumidor resulte meramente aleatoria y, en consecuencia, inadecuada. Ello es así con mayor razón cuando, como sucede en el litigio principal, dicho análisis es especialmente complejo y, por ello, la referida calificación depende esencialmente de las diligencias que practicará el juez que conoce del asunto.

El ponente, el magistrado italiano Antonio Tizzano, determina que en estas circunstancias procede declarar que la normativa española controvertida en el litigio principal no se atiene al principio de efectividad, en la medida en que hace excesivamente difícil, cuando no imposible, en los procedimientos judiciales iniciados a instancia de los consumidores en caso de falta de conformidad con el contrato del bien entregado, la aplicación efectiva de la protección que la Directiva pretende conferir a estos últimos.

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badajoz elevó una cuestión prejudicial a la Justicia de la UE ante el caso planteado por una consumidora que reclamaba la resolución del contrato por una avería del vehículo, que no era suficientemente elevada  de precio como para que el juez pudiese declarar la anulación del contrato.

Considera el Tribunal que el artículo 3.3  de la Directiva 1999/44, el consumidor podrá exigir la puesta en conformidad del bien. De no poder obtenerla, tendrá derecho, en segundo lugar, de acuerdo con el apartado 5, a una reducción del precio o a la resolución del contrato. Sin embargo, el referido artículo 3 no recoge disposiciones que obliguen al juez nacional, en circunstancias como las que son objeto del litigio principal, a reconocer de oficio al consumidor una reducción adecuada del precio de compra del bien controvertido.

Tizzano explica que, de hecho, el artículo 3 de la Directiva 1999/44, interpretado en relación con su artículo 11.1 se limita a obligar a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para que el consumidor pueda ejercer efectivamente sus derechos a través del uso de los distintos medios que se contemplan en caso de falta de conformidad del bien. No establece indicación alguna por lo que respecta al ejercicio judicial de dichos derechos.

Por consiguiente, como no existe normativa de la Unión en esta materia, la regulación procesal destinada a garantizar la salvaguardia de los derechos que la Directiva confiere a los consumidores corresponde al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal de éstos.

Sin embargo, dicha regulación no debe ser menos favorable que la aplicable a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no debe estar articulada de tal manera que haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad).

En España, con arreglo al artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al demandante no se le concede la posibilidad de presentar una nueva demanda para hacer valer pretensiones que hubiesen podido deducirse, cuando menos con carácter subsidiario, en un primer procedimiento. Efectivamente, en virtud del instituto de la cosa juzgada, dicha demanda resultaría inadmisible.
De ello, se deriva que, en el sistema procesal español, un consumidor que reclama judicialmente únicamente la resolución del contrato de compraventa de un bien queda privado de modo definitivo de la posibilidad de ejercer el derecho a obtener una reducción adecuada del precio (derecho que le confiere el artículo 3.5, de la Directiva) si el juez nacional que conoce del asunto considera que, en realidad, la falta de conformidad del bien es de escasa importancia, y ello salvo en el supuesto de que se haya deducido con carácter subsidiario una pretensión cuyo objeto sea dicha reducción.

Señala el ponente, que teniendo en cuenta el desarrollo y de las peculiaridades del sistema procesal español, debe considerarse que el referido supuesto es muy improbable, ya que existe un riesgo no desdeñable de que el consumidor afectado no deduzca una pretensión subsidiaria, la cual, por lo demás, tendría por objeto una protección inferior a la que tiene por objeto la pretensión principal, ya sea debido a la relación especialmente inflexible de concomitancia que se da entre una y otra pretensión, ya porque el consumidor ignora o no percibe la amplitud de sus derechos.

En tal contexto declara que un régimen procesal de las referidas características, al no permitir que el juez nacional reconozca de oficio al consumidor el derecho a obtener una reducción adecuada del precio de compra del bien, a pesar de que no se concede al consumidor la posibilidad de modificar su pretensión ni de presentar al efecto una nueva demanda, puede menoscabar la eficacia de la protección de los consumidores que persigue el legislador de la Unión.

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