edición: 2911 , Lunes, 24 febrero 2020
08/10/2010

La Justicia comunitaria niega que las limitaciones para instalar grandes superficies en Cataluña tengan un fin medioambiental

Javier Ardalán
Las empresas del sector de las grandes superficies están de enhorabuena, después de que la abogada general del Tribunal de las Comunidades Europeas les haya dado la razón y recomiende la suspensión de la normativa estatal española y de la autonómica catalana que limitan la instalación de este tipo de superficies comerciales y rompen el mercado único.

La magistrada Eleanor Sharpston, considera ilegales las restricciones de la legislación estatal y catalana a la apertura de hipermercados y otros grandes centros comerciales por considerar que vulneran la libertad de establecimiento  reconocida por el Tratado.

Aunque aún no se trata de la sentencia definitiva, las conclusiones de los abogados generales (jueces instructores) suelen ser mayoritariamente aceptadas por las Salas, por lo que las empresas del sector de la gran distribución, que fueron las denunciantes, han logrado el reconocimiento del Tribunal.

Por su parte, la Comisión Europea manifestó en el transcurso del litigio sus dudas sobre la compatibilidad de las normas reguladoras del establecimiento de grandes superficies comerciales en Cataluña. Previamente había presentado un escrito de requerimiento y el Gobierno español alegó que las observaciones de la Comisión Europea no estaban justificadas.

El litigio se ha centrado, en la diferencia de trato que la legislación catalana da a los grandes establecimientos comerciales, que sufren las restricciones frente a los establecimientos comerciales medianos, que no las sufren. El problema es que mientras en España se fomenta la implantación de operadores comerciales pequeños y medianos en otros Estados miembros utilizan preferentemente grandes establecimientos comerciales.

No ha aceptado la abogada general los argumentos del Gobierno español que defendió que la normativa tiene como objetivos la protección del medio ambiente y la ordenación del territorio y urbanismo, así como el amparo de los consumidores, objetivos reconocidos como de interés general en la Unión Europea.
 
Por el contrario, la Comisión mantuvo que el verdadero objetivo de Cataluña no era otro que proteger al pequeño comercio, un objetivo de carácter económico que no puede justificar una restricción de la libertad de establecimiento.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo, ya ha definido que constituye una restricción cualquier medida nacional que, aun cuando sea aplicable sin discriminación por razón de la nacionalidad, pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los nacionales de la Unión, de la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado.

Por tanto, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que declarase que España ha incumplido las obligaciones que impone el Tratado Europeo al imponer las restricciones al establecimiento de superficies comerciales, derivadas de la Ley estatal  de Ordenación del Comercio Minorista, y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre la misma materia.

Dinamarca, que salió en defensa de los argumentos de las pretensiones de España, alegó que las medidas controvertidas, si no son discriminatorias, no deberían considerarse constitutivas de una restricción prohibida de la libertad de establecimiento, a menos que afecten directamente al acceso de los operadores extranjeros al mercado. España, como era de esperar, se adhirió a la argumentación.

Como era de prever, la abogada general ha mantenido que infringen las normas de la UE porque no tienen como finalidad proteger a los consumidores sino que responden a "motivos económicos que no pueden constituir una justificación válida de restricciones a las libertades fundamentales".

En definitiva, que las conclusiones de la abogada general recomienda al Tribunal que anule la normativa catalana, en su artículo 4,que prohíbe implantar grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada de un número limitado de municipios.

También solicitarán que se elimine la parte de los reglamentos que limitan la autorización de nuevos hipermercados y exigen que tales grandes superficies no absorban más del 9 % del consumo de productos de uso cotidiano o el 7 % del consumo de productos de uso no cotidiano.
También solicita la anulación de los artículos de la Ley estatal que exigen la aplicación de un límite sobre la cuota de mercado y  otro en torno a los efectos sobre el comercio minorista existente, más allá de los cuales no podrán crearse nuevos establecimientos comerciales grandes o medianos.

Lo mismo sucede con las medidas que disponen que una solicitud de licencia se entenderá tácitamente desestimada si no ha sido expresamente estimada dentro de un plazo determinado, y, por consiguiente, restringen más la libertad de establecimiento que un régimen con arreglo al cual una solicitud sea tácitamente estimada si no ha sido expresamente desestimada dentro del referido plazo.

Y, finalmente, aquellos que regulan la composición de la Comisión de Equipamientos Comerciales de tal forma que confiere un peso significativo a los intereses del comercio anteriormente existente, excluyendo a los grupos de interés medioambiental y de protección de los consumidores.

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