La Justicia confirma como interina indefinida a una trabajadora
edición: 2535 , Lunes, 20 agosto 2018
19/10/2016
LA OREJA DE LARRAZ

La Justicia confirma como interina indefinida a una trabajadora que encadenaba contratos temporales en la Administración

Javier Ardalán
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reconocido el derecho de una trabajadora de un hospital público, que llevaba encadenando contratos eventuales desde diciembre de 2011, a ser mantenida en su puesto de trabajo como interina con carácter indefinido.
Se trata de un paso más allá de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que igualan a trabajadores temporales e interinos en aspectos como el encadenamiento de contratos, la compensación por el despido o el cobro de pluses.

El ponente de la sentencia andaluza (de 30 de septiembre de 2016), el magistrado Pedro Luis Roás, dictamina que constituye un inadecuado y abusivo empleo de la contratación temporal el hecho de que se hayan mantenido de forma ininterrumpida los nombramientos de esta trabajadora por necesidades ordinarias y no extraordinarias desde diciembre del año 2011 hasta que denunció su situación a mediados de 2016.

Y afirma también que la carga de probar que no es así corresponde a la Administración, que debe identificar y justificar las causas por las que se ha venido sucediendo esta situación. Por ello, el magistrado considera que este puesto es ‘estructural’ y que no responde a una situación extraordinaria.

El fallo desestima los argumentos de la Administración, que en su defensa alegaba que la trabajadora no impugno los nombramientos cuando se fueron realizando. A este respecto, Pedro Luis Roás le dice que sin perjuicio de que en este caso aún no ha sido cesada y permanece en el desempeño y atención de unas funciones y necesidades que no se corresponderían con la naturaleza de aquellos, constituye esta irregularidad un supuesto de nulidad del contrato por su carácter fraudulento (tal y como tiene establecido en un caso similar  la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 31 de marzo de 2014), que no puede quedar subsanado por el consentimiento tácito del perjudicado.

La Administración andaluza aducía también, que la obtención de un nombramiento indefinido no puede ser admitida, pues ello supondría modificar por vía de sentencia la naturaleza de los nombramientos eventuales o de sustitución.

Sin embargo, interpreta el ponente, que en el marco de las exigencias derivadas del principio de congruencia, resulta posible reconocer una situación menor o inferior, aunque diferente, de la pretendida por las partes, siempre que con ello no se produzca una alteración sustancial de la pretensión deducida en los términos en que la misma fue formulada.

Como se razonaba en la citada sentencia (aportada por la recurrente también en fundamento de su tesis) dictada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 31 de marzo de 2014, una vez constatada la desviación es preciso ponderar las consecuencias derivadas de aquella irregularidad para el contrato y para el trabajador.

Es cierto que ahora no consta el cese, ni se denuncia en la demanda, si bien se pone de manifiesto que la renovación de los nombramientos se halla determinada con el fin de atender necesidades que no son provisionales y ello legitima reconocer el derecho de la recurrente a ser mantenida en su puesto de trabajo de manera interina hasta en tanto no se proveyere de manera legal y reglamentaria y a los derechos inherentes a esa posición.

Ello entiende el magistrado, tal y como razona en aquella sentencia, sin perjuicio de las facultades de la Administración para la amortización del puesto de trabajo o para el caso de mantenerlo someterlo al correspondiente proceso selectivo al que debería concurrir el provisionalmente contratado que habría de someterse y estar a los resultados de ese proceso sometido a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y sin que quepa sin más la resolución del contrato por expiración del plazo consignado en el mismo.

El sindicato CSIF, cuyos servicios jurídicos defendieron a la trabajadora, denunció ayer que estas situaciones se siguen produciendo con un carácter muy generalizado a pesar de que en el mes de septiembre la Administración perdió 7.741 contratos, la mayor reducción de empleo en lo que va de año, fundamentalmente correspondiente a personal eventual e interino.
Lo mismo ocurre con el sector de Actividades Sanitarias y Servicios que, con una reducción de 19.604 contratos, arroja la peor cifra registrada en septiembre de los últimos cuatro años, teniendo en cuenta además que las comunidades autónomas comenzarán los próximos días la campaña contra la gripe.

Por su parte, la educación recupera este mes 61.555 contratos de los 202.300 que se perdieron durante los meses de verano. Es decir, hemos comenzado las clases con 140.000 empleos pendientes de incorporación.

 Por todo ello, CSIF desde que se pronunciaron las sentencias del TJUE sobre estos asuntos, lleva reclamando al Gobierno la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para analizar las sentencias recientes y establecer una oferta de empleo público acorde a las necesidades de nuestras administraciones públicas, sin tasa de reposición y que evite el abuso de la contratación del personal interino.

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