edición: 2747 , Miércoles, 26 junio 2019
19/01/2009
Las empresas la califican de ‘papel mojado’

La justicia de la UE avala la ley española contra la morosidad

Empresas y corporaciones públicas estrangulan al sector privado
Javier Ardalán

Las empresas españolas van a poder seguir pagando a sus proveedores en los tradicionales periodos de 30, 60 y 90 días, después de que el Tribunal de las Comunidades Europeas le haya dado la razón a la normativa española sobre lucha contra la morosidad, que actualmente se rige Ley 7/1996. Una normativa que las empresas consideran ‘papel mojado’. No es una cuestión menor dentro de la economía española, si, por ejemplo, se tiene en cuenta que la morosidad empresarial se duplicó durante los primeros seis meses del año, creciendo a un ritmo del 98,3%, según el Índice de Crédito y Caución de incumplimiento, y hay muchas empresas que están retrasando ya sus pagos hasta en ocho meses. Además, el plazo medio de pago de las sociedades públicas se ha situado en 144 días (casi cinco meses), lo que crea dificultades a cerca de 100.000 empresas, por un montante de 44.000 millones de euros.

Más duras son las cifras de los 3.500 ayuntamientos españoles. Según cifras de Aselip, la patronal de las empresas de servicios a las corporaciones municipales, los contratistas están tardando en torno a los ocho meses y medio en cobrar.

La junta directiva de CEOE instó recientemente a las Administraciones Públicas a que cumplan con los plazos previstos en la Ley de Contratos del Estado.

Pues bien, considera el Tribunal que las disposiciones legales aprobadas por España no infringen el artículo 3, apartado 2, de la Directiva. 2000/35/CE para  la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales adaptó el ordenamiento interno español a la Directiva, modificando el texto de la Ley 7/1996, que regula medidas contra la morosidad en España.

La Comisión recibió una denuncia que señalaba que el ordenamiento español no se había adaptado correctamente a la Directiva. La imputación se centraba en los apartados 1 y 3 del artículo 17 de la Ley 7/1996.

El primero establece  un plazo supletorio de treinta días, mientras que el segundo dispone que los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los perecederos no excederán en ningún caso de treinta días, mientras que los aplazamientos de pago para los demás productos de alimentación y gran consumo no excederán del plazo de sesenta días, salvo que exista un pacto expreso en el que se prevean compensaciones económicas equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea beneficiario, sin que en ningún caso pueda exceder el plazo de noventa días.

De esta forma, la normativa española permite la posibilidad de ampliar el plazo de sesenta a noventa días si se pactan compensaciones económicas para el proveedor, situación que no consta en la Directiva comunitaria.

El abogado del Estado que realizó la defensa española, argumentaba en su alegato que el artículo 17, apartado 3, limita la libertad de contratar imponiendo plazos de pago máximos para evitar el uso continuado de plazos de pago dilatados y abusivos en el sector minorista. De este modo, dicho artículo pone fin a las cláusulas manifiestamente abusivas, conforme a lo dispuesto en la Directiva. Además, el artículo 6, apartado 2, autoriza expresamente a los Estados miembros a establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir la Directiva.

El abogado general del Tribunal comunitario, una especie de juez instructor, considera que los plazos de treinta días especificados tanto en el artículo 4 de la Ley 3/2004 como en el artículo 17, apartado 1, de la Ley 7/1996, en su versión modificada por la Ley 3/2004, operan a falta de acuerdo entre las partes. En otras palabras, son plazos legales supletorios. Es evidente que dichos plazos se ajustan a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva.

El Alto Tribunal europeo establece que la directiva se refiere sólo a supuestos de mínimos, pero que las partes pueden fijar condiciones específicas sin ningún tipo de cortapisa.

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