edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
03/01/2011

La Justicia de la UE defiende la libertad de decisión económica en los contratos de ’leasing’ para ahorrar en el IVA

Xavier Gil Pecharromán
Las operaciones de arrendamiento financiero (‘leasing’) realizadas por un grupo de empresas con la finalidad de escalonar el pago del IVA no deducible es una operación que no constituye una ventaja fiscal que vaya en contra la normativa del Impuesto en la Unión Europea y, por tanto de las legislaciones nacionales que regulan el Impuesto. Eso sí, la sentencia, de 22 de diciembre de 2010 condiciona esta adecuación a la Sexta Directiva, a que los términos contractuales de tales operaciones –en particular, los relativos a la fijación del importe de los alquileres– se correspondan con las condiciones normales de mercado y que la participación en dichas operaciones de una sociedad tercera interpuesta no obstaculice la aplicación de las citadas disposiciones, extremo éste que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. A este respecto, considera, además, que es irrelevante el hecho de que tal empresa no realice operaciones de arrendamiento financiero en el marco de sus transacciones comerciales normales.

La opción de un empresario entre operaciones exentas y operaciones gravadas puede basarse en un conjunto de elementos y, especialmente, de consideraciones de carácter fiscal relativas al régimen del IVA. Así, cuando un sujeto pasivo puede elegir entre dos operaciones, la Sexta Directiva no le obliga a optar por la que maximice el pago del IVA. Al contrario, el sujeto pasivo tiene derecho a elegir la estructura de su actividad de modo que limite su deuda fiscal.

En este contexto, el Tribunal de Justicia comunitario ha declarado que, en el ámbito del IVA, la comprobación de que existe una práctica abusiva exige que por una parte, a pesar de la aplicación formal de los requisitos establecidos en las disposiciones relevantes de la Sexta Directiva y de la legislación nacional por la que se adapte el Derecho interno a esta Directiva, las operaciones de que se trate deben tener como resultado la obtención de una ventaja fiscal cuya concesión sería contraria al objetivo perseguido por tales disposiciones.

Además, debe cumplirse que, por otra parte, de un conjunto de elementos objetivos también debe resultar que la finalidad esencial de las operaciones de que se trate consista en obtener una ventaja fiscal. En efecto, la prohibición de prácticas abusivas carece de pertinencia cuando las operaciones en cuestión pueden tener una justificación distinta de la mera obtención de ventajas fiscales. Como ejemplo, la sentencia pone como ejemplo el fallo de la sentencia Halifax.

El caso de que algunos términos del contrato de las operaciones de arrendamiento financiero de que se trata en el asunto principal o la intervención en tales operaciones de una sociedad tercera interpuesta constituyeran una práctica abusiva, dichas operaciones deben redefinirse para que se restablezca la situación a como habría sido de no haber existido esos elementos de carácter abusivo de los términos contractuales ni la intervención de dicha sociedad.

El Tribunal de la Unión Europea en una nueva sentencia, también de 22 de diciembre de 2010, establece también que los sujetos pasivos son libres de elegir las estructuras organizativas y los modos de realizar las operaciones que estimen más apropiados para sus actividades económicas, también a efectos de limitar sus cargas fiscales.

De esta forma, afirma que un Estado miembro no puede denegar a un sujeto pasivo la deducción del IVA soportado por la adquisición de bienes realizada en ese Estado miembro, cuando dichos bienes se utilizan para las necesidades de operaciones de ‘leasing’ efectuadas en otro Estado miembro, si la denegación se basa únicamente en que las operaciones realizadas tras la adquisición de los bienes no dieron lugar al pago del impuesto sobre el valor añadido en el segundo Estado miembro.

El principio de prohibición de prácticas abusivas no se opone al derecho a la deducción del IVA reconocido en la Sexta Directiva, en las que una empresa establecida en un Estado miembro decide realizar, por medio de su filial establecida en otro Estado miembro, operaciones de ‘leasing’ de bienes a una sociedad tercera establecida en el primer Estado miembro, con el fin de evitar que tenga que abonarse el IVA por los pagos que remuneran dichas operaciones, dado que esas operaciones se califican, en el primer Estado miembro, de prestaciones de servicios de arrendamiento realizadas en el segundo Estado miembro y, en ese segundo Estado miembro, de entregas de bienes realizadas en el primer Estado miembro. Problemas de armonización tributaria en la Unión Europea, difíciles de superar.

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