edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
04/09/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La Justicia Europea acaba con la discriminación positiva a favor de las mujeres en las compensaciones por accidente de trabajo

Javier Ardalán

Aunque los focos informativos se pusieron ayer sobre la sentencia que declara que la normativa española del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) no se ajusta al Derecho Comunitario, el Tribunal de Justicia de la Unión publicó ayer otra interesante sentencia en la que acaba con la discriminación positiva a favor de las mujeres en las acciones actuariales, al considerar que su esperanza de vida es superior a la de los hombres.

Hasta ahora el Tribunal de Justicia no se había pronunciado expresamente en su jurisprudencia sobre si, al calcular las prestaciones de los regímenes legales de la seguridad social incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 79/7, pueden tomarse en consideración factores actuariales específicos según el sexo.

Dice esta sentencia, cuya ponente es la magistrada española Rosario Silva Lapuerta, que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7 prohíbe toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo en cuanto al cálculo de las prestaciones que regula. Sin que se distinta en forma alguna la discriminación positiva de la que no la es.

 El cálculo de la indemnización objeto del litigio principal se efectuaba en función de la edad del trabajador y de la esperanza de vida media restante de éste. Para determinar este último factor, se tenía en cuenta el sexo del trabajador. Ello venía dando lugar a que una mujer de la misma edad que el recurrente que hubiera sufrido, el mismo día que éste, un accidente de trabajo idéntico que hubiera ocasionado los mismos perjuicios habría tenido derecho a una indemnización a tanto alzado superior a la percibida por él.

La sentencia, que lleva fecha de ayer, establece que la Directiva no se contempla la consideración de un factor basado en la esperanza de vida restante ni de ella se desprende que los Estados miembros tengan la facultad de prever otras razones para establecer excepciones al principio de igualdad de trato.

Añade, además que el cálculo de la indemnización no puede efectuarse sobre la base de una generalización relativa a la esperanza de vida media de hombres y de mujeres, porque esa generalización puede dar lugar a una discriminación de los asegurados frente a las aseguradas. Además, no se sabe a ciencia cierta que una asegurada vaya a tener siempre una esperanza de vida superior a la de un asegurado de la misma edad que se halle en una situación comparable. En consecuencia, el Tribunal de Justicia considera que la diferencia de trato establecida en el régimen finlandés no puede justificarse.

Por ello, el Tribunal comunitario determina que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que prevé que se aplique como factor actuarial para el cálculo de una prestación social legal abonada en razón de un accidente de trabajo, la diferencia de esperanza de vida entre hombres y mujeres, cuando al aplicar ese factor la reparación abonada a un hombre en un pago único en concepto de dicha prestación sea inferior a la que percibiría una mujer de la misma edad que se hallara en una situación similar.

Recuerda el Tribunal de Justicia, en su sentencia dictada en el asunto Association belge des Consommateurs Test¬Achats y otros, que declaró inválido el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, que permite que se tengan en cuenta tales factores, pero estableció un período transitorio a cuya expiración se haría efectiva la invalidez de dicha disposición.

Además, el legislador de la Unión, en la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación ha permitido bajo determinadas condiciones que se tomen en consideración los factores aludidos al realizarse el cálculo de las prestaciones en el sentido de dichas Directivas y el legislador nacional, sobre esta base, ha presupuesto que dichos factores también pueden tenerse en cuenta en el ámbito de los regímenes legales de seguridad social controvertidos en el caso de autos.

Destaca la ponente, que si bien es cierto que la indemnización controvertida en el litigio principal la abona una compañía de seguros privada, el seguro de accidente de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena en Finlandia y los criterios de concesión de dicha indemnización forman parte de los regímenes «legales» que aseguran una protección contra los riesgos de accidentes de trabajo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 79/7. En consecuencia, la indemnización controvertida en el litigio principal está incluida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

En el caso en litigio, el trabajador se lesionó en un accidente de trabajo. Conforme a la Ley sobre el seguro de accidente de trabajo finlandesa, se le concedió una indemnización a tanto alzado por perjuicio permanente, cuyo importe fue fijado en 4 197,87 euros por la compañía de seguros. El trabajador recurrió la fijación de este importe, alegando que la indemnización debía calcularse sobre la base de los mismos criterios establecidos para las mujeres, y que una mujer de su misma edad en una situación comparable habría recibido 278,89 euros más únicamente por razón de su sexo y de su esperanza de vida estadísticamente mayor.

 Al no obtener satisfacción, se dirigió al Ministerio de Asuntos Sociales y de Sanidad, alegando que se habían incumplido las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, y reclamando el pago de la diferencia más los intereses de demora correspondientes. El Ministerio se negó a abonarle el importe solicitado.

El asunto llegó ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso¬administrativo, que pregunta al Tribunal de Justicia si las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la igualdad de trato entre hombres y mujeres –en particular el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7– se oponen a una norma nacional en virtud de la cual el importe de una prestación social legal abonada como consecuencia de un accidente de trabajo es diferente según el beneficiario sea un hombre o una mujer, debido a la aplicación de factores actuariales basados en el sexo (concretamente, la diferente esperanza de vida entre hombres y mujeres).

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