edición: 2347 , Lunes, 20 noviembre 2017
21/11/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La Justicia Europea apoya la Directiva que limita los ingresos de los ejecutivos de toda la banca comunitaria

Javier Ardalán

Es legal la normativa comunitaria que establece que los ejecutivos de la banca no pueden recibir bonificaciones superiores al 100% de su salario base –o al 200% si los Estados miembros deciden conferir la facultad de fijar esa ratio a los accionistas, propietarios o miembros de esas entidades financieras.

Así, lo estima el Abogado General (juez de instrucción) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Niilo Jääskinen en sus conclusiones, quien considera válida la normativa de la UE que limita los ingresos de los banqueros. Estas conclusiones no son la sentencia definitiva, pero más del 90% de ellas son ratificadas en el fallo de la Sala.

Esta limitación se regula Directiva 2013/36/UE, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, que incluye una disposición que requiere fijar una ratio entre la remuneración fija (salario de base) y la remuneración variable (bonificación) de las personas cuyas actividades profesionales incidan en el perfil de riesgo de las entidades financieras para las que trabajan.

La Directiva también dota a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) de competencia para elaborar normas técnicas de regulación que especifiquen los criterios que deben utilizarse para identificar a las personas comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Directiva.

Esta directiva conforma el paquete legislativo llamado Requisitos de Capital, adoptado en 2013 por el Consejo y el Parlamento (conocido como Paquete DRC IV), en el que también se incluye el Reglamento (UE) nº 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión.

El Reino Unido interpuso un recurso solicitando al Tribunal de Justicia la anulación de estas disposiciones específicas de la Directiva y del Reglamento. Considera que las medidas que fijan la ratio entre los componentes variable y fijo de la remuneración no pueden adoptarse en virtud de las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios, sino que están comprendidas dentro del ámbito de la política social y, por ello, son competencia de los Estados miembros.

El Reino Unido también sostiene que las citadas disposiciones vulneran los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, que la Directiva viola el principio de seguridad jurídica, que el otorgamiento de competencias a la ABE es ilegal, y que las medidas del Reglamento que exigen la divulgación de la remuneración vulneran el derecho a la intimidad e infringen las normas en materia de protección de datos.

En sus conclusiones, el Abogado General Niilo Jääskinen propone que se rechacen todos los motivos formulados por el Reino Unido y que el Tribunal de Justicia desestime el recurso. Dado que el componente variable de la remuneración tiene un impacto directo sobre el perfil de riesgo de las entidades financieras, puede afectar a la estabilidad de las entidades financieras con capacidad para operar libremente en toda la UE y, por consiguiente, a la estabilidad de los mercados financieros de la UE. En este sentido, las medidas impugnadas por el Reino Unido están relacionadas con los requisitos de acceso a la actividad de las entidades financieras y a su ejercicio en el mercado interior.
Por lo que atañe a si debería considerarse que esas medidas están comprendidas dentro del ámbito de la política social, el Abogado General acepta que la determinación del nivel de retribución es incuestionablemente competencia de los Estados miembros.

Sin embargo, la fijación de una ratio de remuneración variable con respecto a los salarios de base no equivale a un tope de las bonificaciones de los banqueros, o a una fijación del nivel de retribución, ya que no se establece ningún límite a los salarios de base a los que están vinculadas las bonificaciones. La ratio del 100 % introducida por la legislación puede aplicarse a cualquier importe de dinero que un banco quiera pagar como salario fijo.

El hecho de que los Estados miembros puedan aumentar esta ratio hasta el 200% o fijarla en un porcentaje inferior al 100% pone de manifiesto que no existe efecto de tope alguno. Al no haber ningún límite legal sobre la cantidad que puede pagarse como salario de base, tampoco existe límite alguno con respecto al nivel total de la remuneración.

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