edición: 2287 , Miércoles, 23 agosto 2017
14/05/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La Justicia Europea arremete contra la reforma laboral de Rajoy y los despidos colectivos

Javier Ardalán
La definición de despido colectivo empleada en la Ley española es contraria al Derecho de la Unión, según determina una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es la puntilla que le faltaba a la reforma fiscal, después del vapuleo que le han dado los tribunales españoles.
La reforma en los tribunales sobre los despidos colectivos está fracasando. Las cifras son contundentes: la mitad de los 79 despidos colectivos presentados ante los tribunales desde que entró en vigor la reforma laboral, en marzo de 2013, han sido declarados nulos por los jueces. De ellos, tan solo 31 se calificaron como procedentes y otros nueve de improcedentes.

En el caso de los nulos, la ley reconoce el derecho de los trabajadores a ser readmitidos, sin opción empresarial de indemnización. Dentro de los 18 nulos (que incluyen un solo supuesto relativo a consorcios de empleo), en cinco ocasiones se ha apreciado fraude de ley; en otras cinco, había vicios de procedimiento de importancia relativos al período de consultas; en cuatro de los recursos se ha estimado que concurría grupo irregular de empresas; en dos ocasiones vulneración de derechos fundamentales (huelga y libertad sindical); y en otros dos falta de la documentación necesaria para una negociación efectiva durante el período de consultas.

Las causas de este fracaso se deben a razones tan dispares como una deficiente definición sobre lo que son las causas económicas o la vuelta de la nulidad por causas formales, aunque la principal de ellas es el espectacular encarecimiento que ha supuesto la nueva regulación del despido colectivo.
El despido conlleva una indemnización de 20 días, que es mejorable en la negociación; el plan de recolocación es bastante caro; las medidas sociales complementarias; el convenio especial suele conllevar un coste prohibitivo; y el abono al Tesoro de las cantidades que se producen en empresas con beneficios; a lo que hay que sumar el coste de gestión. Y todo ello, aunque este tipo de despido tiene fama de haberlo abaratado.

Y ello, a pesar de que antes de la reforma, la Administración solo concedía la autorización si el despido llegaba con acuerdo, lo que propiciaba que los solo aceptaba si se elevaban los importes indemnizatorios.

A estas críticas hay que sumar las que aporta ahora la Justicia Europea que dice que la normativa española utiliza la ‘empresa’ como única unidad de referencia, lo que puede obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en el Derecho de la Unión cuando, de utilizarse como unidad de referencia el centro de trabajo, los despidos deberían calificarse de ‘despido colectivo’. Por ello, considera que la empresa sale beneficiada frente al trabajador.

El Tribunal recuerda que, cuando una empresa incluye varias entidades, el centro de trabajo en el sentido de la Directiva comunitaria que regula los despidos colectivos es la entidad a la que se hallan adscritos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su cometido. En consecuencia, procede tomar en consideración el número de despidos efectuado en cada centro de trabajo de una misma empresa.

Ayer, en el bufete Sagardoy no debieron tener el mejor de sus días. Ellos, que colaboraron en los textos básicos de la reforma no solo recibían ayer esta bofetada judicial, sino también la del Tribunal Supremo, que anulaba el ERE de Coca-Cola, uno de los primero y más sonados procedimientos adaptados a la filosofía que quiso darle el Gobierno a la reforma, pero que los jueces se han ocupado de interpretar bajo el principio de la jurisdicción Social de ‘in dubio pro operario’ (en caso de duda a favor del trabajador).

Sin embargo, esta no es el único dislate que ha gestado un articulado tan abierto, tan interpretable como el que aprobó el Grupo Popular en solitario en 2012. El otro gran asunto es el de la ultraactividad. Si bien lo que se pretendía era que no se prorrogaran los convenios colectivos por falta de acuerdo, lo que impedía adaptar el convenio a las condiciones de la crisis económica, la enorme casuística que la realidad ha planteado ha hecho que la capacidad interpretativa del Tribunal Supremo haya sido llevada hasta extremos de película de ciencia ficción.

La jurisprudencia, extensa, señala, por ejemplo que el nuevo régimen sobre la ultraactividad de los convenios del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores no afecta a la totalidad de los convenios colectivos suscritos con anterioridad a la Ley 3/2012, de la reforma laboral, sino solamente a los que no contienen pactos en materia de ultraactividad. Un auténtico jarro de agua fría que se ha repetido una y otra vez.

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