edición: 2662 , Viernes, 22 febrero 2019
04/04/2017
LA OREJA DE LARRAZ

La Justicia Europea avala el perdón del IVA adeudado en los procedimientos de segunda oportunidad para personas físicas

Xavier Gil Pecharromán
Las normativas nacionales de los Estados de la UE pueden establecer un procedimiento de liberación de las deudas del IVA en virtud del cual un juzgado puede, bajo determinadas condiciones, declarar inexigibles las deudas de una persona física que no se han satisfecho al término de un procedimiento concursal.
Según aclara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el 16 de marzo de 2017, se niega que en estos procedimientos de segunda oportunidad sean contrarios al artículo 4 de Tratado de la UE (TUE) apartado 3; los artículos 2 y 22 de la Sexta Directiva (Directiva IVA); así como las normas comunitarias en materia de ayudas de Estado.

La Sexta Directiva y el TUE establecen que los Estados miembros tiene la obligación de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar que el IVA devengado se perciba íntegramente en su territorio, tal y como declaró el TJUE en sentencia de 7 de abril de 2016. En el marco del sistema común del IVA, los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones a las que están sometidos los sujetos pasivos y disponen, a este respecto, de un cierto margen de apreciación en lo que se refiere, en particular, a la forma de utilizar los recursos con los que cuentan.

Sin embargo, este margen de apreciación está limitado por la necesidad de garantizar que los recursos propios de la Unión se perciban de forma eficaz y por la de no crear diferencias significativas en el trato que se da a los sujetos pasivos dentro de un mismo Estado miembro o con respecto a los otros Estados miembros.

En esta misma sentencia se determina que la Directiva sobre el IVA debe interpretarse de conformidad con el principio de neutralidad fiscal inherente sistema común del IVA, que se opone a que los operadores económicos que efectúan las mismas operaciones sean tratados de modo diferente en cuanto a la percepción del IVA. Toda acción de los Estados miembros relativa a la recaudación del IVA debe respetar este principio.

El problema es que existe un vínculo directo entre la percepción de los ingresos procedentes del IVA dentro del respeto del Derecho de la Unión aplicable y la puesta a disposición del presupuesto de la Unión de los recursos IVA correspondientes, puesto que cualquier omisión que pudiera producirse en la percepción de aquéllos puede causar una reducción de éstos.

El procedimiento de liberación de las deudas tiene por objeto permitir a una persona física declarada en situación de concurso que sea liberada de las deudas que, al término del procedimiento concursal del que dicha persona ha sido objeto, no han sido satisfechas, para que ésta puede reanudar una actividad empresarial.

Al tiempo o después del procedimiento concursal, la aplicación del de liberación de las deudas supone, por tanto, que el patrimonio del deudor ha sido liquidado totalmente y que el reparto entre los acreedores del activo resultante de esa liquidación no ha permitido satisfacer la totalidad de las deudas. Además, la liberación de las deudas sólo se concede,  si los acreedores declarados en el marco del procedimiento concursal han sido satisfechos al menos parcialmente.

El procedimiento de liberación de las deudas supone un examen caso por caso, efectuado por un órgano jurisdiccional. Permite, además, al Estado miembro de que se trate, que tiene un crédito de IVA, por un lado, emitir un dictamen acerca de la solicitud del deudor que pide acogerse a dicho procedimiento, con carácter previo respecto de la decisión que resuelve tal solicitud, y, por otro lado, interponer un recurso, en su caso, contra la decisión que declare inexigibles deudas de IVA que no hayan sido satisfechas en su totalidad, lo que conduce a un segundo control jurisdiccional.

El ponente, el magistrado Egidijus Jarašiūnas  Al igual que el procedimiento de convenio concursal examinado en la sentencia del TJUE, de 7 de abril de 2013, el procedimiento de liberación de las deudas se supedita a requisitos de aplicación estrictos que ofrecen garantías por lo que respecta en particular al cobro de los créditos de IVA y que, habida cuenta de esos requisitos, no constituye una renuncia general e indiscriminada a la percepción del IVA y no es contrario a la obligación de los Estados miembros de garantizar la percepción íntegra del IVA devengado en su territorio, así como la recaudación eficaz de los recursos propios de la Unión.

Por lo que respecta a las normas en materia de ayudas de Estado, la calificación de una medida nacional como ayuda de Estado requiere, según reiterada jurisprudencia, que se cumplan diversos requisitos.

En primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales. En segundo lugar, la intervención debe poder afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En tercer lugar, la medida debe conferir una ventaja selectiva a su beneficiario. Y en cuarto lugar, debe falsear o amenazar con falsear la competencia, tal y como lo han declarado las sentencias de 21 de diciembre de 2016 y de 21 de diciembre de 2016 del TJUE.

Por lo que se refiere al requisito de selectividad de la ventaja, que constituye el concepto de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 del TFUE, se desprende de una jurisprudencia reiterada del TJUE que la apreciación de este requisito requiere que se determine si, en el marco de un régimen jurídico determinado, la medida nacional en cuestión puede favorecer a “determinadas empresas o producciones” en relación con otras que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable, teniendo en cuenta el objetivo perseguido por este régimen, y que por lo tanto reciben un trato diferenciado que, en esencia, puede calificarse de discriminatorio (sentencia de 21 de diciembre de 2016).

Y, finalmente, recuerda la sentencia, que el hecho de que sólo puedan beneficiarse de una medida los contribuyentes que reúnan los requisitos para su aplicación no confiere por sí mismo a esa medida carácter selectivo (sentencias de 29 de marzo de 2012 y de 21 de diciembre de 2016).

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