edición: 2784 , Lunes, 19 agosto 2019
26/01/2017
LA OREJA DE LARRAZ

La Justicia Europea decide sobre la legalidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de los contratos

Javier Ardalán
La banca española se juega hoy un nuevo asalto ante la Justicia Europea en el caso de las cláusulas abusivas. En esta ocasión la cosa puede resultar aún más seria.
Lo que está en cuestión es aquella disposición de los contratos de los préstamos hipotecarios en las que el banco tiene la potestad de poner en marcha la ejecución del contrato, con tan solo un impago de los recibos, exigiendo al cliente el pago de la deuda restante de una sola vez o la entrega de la vivienda.

El caso proviene de una cuestión prejudicial del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, sobre  un procedimiento de ejecución instado por el Banco Primus en el que, con posterioridad a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 1/2013, el consumidor ejecutado se oponía a la ejecución pidiendo que se declare abusiva la cláusula sobre los intereses de demora.

Pero lo más importante, es que el Juzgado de Primera de Santander albergaba dudas sobre la compatibilidad de determinadas cláusulas del contrato de préstamo en el sentido de la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, como consecuencia, por lo que elevó una cuestión prejudicial en la que preguntaba al Tribunal de Justicia Europeo sobre los criterios de apreciación del carácter abusivo de determinadas cláusulas del contrato y sobre las obligaciones del juez nacional en el marco de esta apreciación.

Es decir, si aunque no se haya demandado por el consumidor, si el juez nacional aprecia que hay cláusulas abusivas, si puede actuar de oficio para dictaminarlas y anularlas.

El abogado general, una especie de juez instructor, en sus conclusiones sobre el caso, ya ha determinado que la protección que los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13, otorgan a los consumidores implica que la existencia de un primer control de oficio respecto a una o varias cláusulas contractuales no puede limitar la obligación del juez nacional de examinar de oficio el carácter abusivo de las demás cláusulas del contrato en una fase posterior del procedimiento.

Concluye que no se opone a una disposición nacional relativa al vencimiento anticipado en el marco de un contrato de préstamo hipotecario, en la medida en que, primero, esa disposición no tenga carácter imperativo ni supletorio. Además que su aplicación dependa únicamente de un acuerdo entre las partes.

Se exige, además, que no prejuzgue la apreciación, por parte del juez nacional, del carácter abusivo de la cláusula relativa al vencimiento anticipado; y, finalmente, que no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que llegue a la conclusión de que es abusiva.

Concluye también el abogado general que no se opone a la obligación de que el juez nacional tenga por no puesta una cláusula, tras haber apreciado su carácter abusivo, aun cuando el prestamista, en la práctica, haya respetado los requisitos previstos por una disposición nacional.

En el marco del examen del carácter eventualmente abusivo de la cláusula relativa al vencimiento anticipado, tal como la estipulada en el contrato controvertido en el litigio principal, determina que corresponde al juez nacional comprobar, en primer lugar, si el recurso a dicha cláusula depende del incumplimiento por parte del consumidor de una obligación esencial del contrato.

En segundo lugar, si ese incumplimiento es suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo; en tercer lugar, si constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y, en cuarto lugar, si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan a los consumidores poner remedio a los efectos de tal cláusula.

El artículo 4 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que corresponde al juez nacional, al examinar las cláusulas contractuales, tomar en consideración la relación calidad/precio de la mercancía o de la prestación que resulta del contrato de préstamo en su conjunto, las limitaciones a los precios impuestas por la legislación nacional, las circunstancias futuras fácilmente previsibles y las ya presentes pero conocidas únicamente por una de las partes en el momento de la celebración del contrato, así como las circunstancias posteriores a dicha celebración, siempre y cuando la remisión a tales circunstancias futuras resulte del examen de la legislación nacional en el momento de la celebración del contrato.

La doctrina que Tribunal Europeo es muy similar a la aplicada sobre el doble control judicial sobre las cláusulas suelo, pero añade la posibilidad, además, de que el juez pueda actuar de oficio sobre todas las cláusulas que observe que pueden ser abusivas.

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