edición: 2348 , Martes, 21 noviembre 2017
23/11/2012

La justicia europea declara discriminatorias las pensiones españolas de jubilación de trabajadores a tiempo parcial

Javier Ardalán
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estima que la legislación española en materia de pensión de jubilación contributiva de los trabajadores a tiempo parcial es discriminatoria, ya que exige un período de cotización proporcionalmente más elevado para los trabajadores a tiempo parcial (en su mayor parte mujeres), instaura una diferencia de trato.

El problema es que en España, para obtener una pensión de jubilación contributiva, es necesario haber cumplido sesenta y cinco años de edad y haber cubierto un período mínimo de cotización de quince años.

Para determinar los períodos de cotización exigidos, la normativa española se basa en el principio del cómputo exclusivo de las horas efectivamente trabajadas, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. Este método queda atenuado mediante dos reglas correctoras que buscan facilitar el acceso a la protección de la seguridad social a los trabajadores a tiempo parcial.

La sentencia, de 22 de noviembre de 2012, explica que en primer lugar, se fija un concepto de ‘día teórico de cotización’, que es el equivalente a cinco horas diarias de trabajo efectivo, o a 1.826 horas anuales. Se computan las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, pero calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. En segundo lugar, para causar derecho a las prestaciones de jubilación se introduce una regla específica correctora, consistente en un coeficiente multiplicador del 1,5 que, aplicado sobre los días teóricos de cotización, los aumenta facilitando así el acceso a la protección.

En el caso en litigio, la aplicación de la legislación española implica que las cotizaciones pagadas durante 18 años al 10% de la jornada equivalen a un pago de cotizaciones durante un período de menos de 3 años, por lo cual tendría que trabajar 100 años para acreditar la carencia mínima necesaria de 15 años que le permitiera el acceso a una pensión de jubilación de 112,93 euros al mes.

El Juzgado de lo Social de Barcelona, que conoce del asunto, preguntaba en este caso, si la Directiva sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social  se opone a la legislación española.

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social se opone a la normativa española, que exige a los trabajadores a tiempo parcial –en su inmensa mayoría mujeres–, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder a una pensión de jubilación contributiva cuya cuantía ya ha sido reducida proporcionalmente a la parcialidad de su jornada.

El Tribunal de Justicia recuerda que existe discriminación indirecta cuando la aplicación de una medida nacional, aunque formulada de manera neutra, perjudique de hecho a un número mucho mayor de mujeres que de hombres.

Pues bien, por un lado, la legislación controvertida perjudica a los trabajadores que hayan efectuado durante mucho tiempo un trabajo a tiempo parcial reducido, puesto que, debido al método que se emplea para calcular el período de cotización exigido para acceder a una pensión de jubilación, dicha normativa priva en la práctica a estos trabajadores de toda posibilidad de obtener tal pensión.

Por otro lado, esta legislación nacional afecta a una proporción mucho mayor de mujeres que de hombres, por cuanto en España al menos el 80 % de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres.

No obstante, el Tribunal de Justicia indica que esta legislación podría estar justificada por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo. Así sucede cuando los medios elegidos responden a una finalidad legítima de la política social del Estado miembro y son adecuados y necesarios para alcanzar el objetivo perseguido por ésta.

A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que ningún elemento permite concluir que la exclusión de los trabajadores a tiempo parcial de toda posibilidad de obtener una pensión de jubilación constituya una medida efectivamente necesaria para alcanzar el objetivo de salvaguardar el sistema de seguridad social de tipo contributivo, al que se refieren el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Gobierno español, y que ninguna otra medida menos gravosa para esos mismos trabajadores permita alcanzar ese objetivo.

El Tribunal de Justicia añade que esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación según la cual las dos medidas correctoras del cómputo del tiempo de trabajo tienen por objeto facilitar el acceso a la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. En efecto, no consta que esas dos medidas correctoras tengan el menor efecto positivo en la situación de los trabajadores a tiempo parcial, como en el caso en litigio. De ello, se sigue que tal legislación nacional es contraria a la Directiva citada y constituye una discriminación indirecta.

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