edición: 2389 , Lunes, 22 enero 2018
01/03/2013

La Justicia Europea permite rectificar a los consumidores españoles las demandas contra las marcas de automóviles

Javier Ardalán
Los tribunales españoles deben permitir que un consumidor que ha reclamado la suspensión de un contrato y la devolución del dinero por un fallo en el automóvil adquirido, lo que le ha sido denegado por el juez, pueda rectificar su demanda, rebajando sus pretensiones para exigir una rebaja en el precio del vehículo.

Así lo determina la abogada general del Estado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la magistrada Juliane Kokott, en sus conclusiones, de 28 de febrero de 2013, ante la pregunta de un tribunal que se había encontrado con el dilema de que el consumidor no podía reclamar al no haber observado en su demanda ninguna otra alternativa, que no fuese la anulación del contrato y la devolución del dinero.

Señala la abogada general que la Directiva 1999/44/, de Protección de los Consumidores no establece la obligación de rebajar de oficio el precio. Sin embargo, el juez nacional debe adoptar medidas apropiadas para que el consumidor tenga la posibilidad de corregir la formulación inadecuada de su pretensión cuando, de lo contrario, éste ya no pueda de modo alguno ejercitar los derechos que le confiere la Directiva. Sean cuales fueren las medidas a adoptar, se debe garantizar el derecho de defensa de la otra parte.

El Juez remitente deseaba saber si la Directiva 1999/44 obliga a que el tribunal rebaje de oficio el precio de compra de un bien defectuoso cuando el consumidor acude a él y sólo pide la resolución del contrato, resolución a la que no tiene derecho.

Considera la magistrada Kokott que tal como expone el Juez remitente, el Derecho español se basa en una concepción muy restrictiva en lo que atañe a la vinculación del tribunal a la pretensión que se haya deducido, ya que sólo atiende a lo que concretamente se alegara. Al mismo tiempo, por lo que respecta al alcance de la cosa juzgada, se adopta una concepción muy amplia, que alcanza a las acciones que el consumidor, por haberlas podido ejercitar en un primer procedimiento, ya no podrá ejercitar en una nueva demanda. Esta situación es ya por sí misma excesivamente gravosa para el consumidor.

Por otra parte, señala que dichas normas van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos que persiguen. La vinculación a la pretensión concreta formulada por el demandante sirve a la protección del derecho de defensa del demandado y contribuye a la resolución del litigio.

Sin embargo, mientras que el derecho de defensa del demandando aún podría garantizarse en un momento posterior del procedimiento, por ejemplo dándole la posibilidad de refutar la pretensión modificada que formule el demandante, al propio demandante, en razón de la fuerza de cosa juzgada, ya no le quedará abierto ningún cauce procesal.

Determina que es indudable que las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil fomentan la resolución del litigio. No obstante, en el presente asunto no parece probable que se produzca un retraso considerable en el procedimiento. Antes bien, la cuestión de la rebaja del precio afecta a los mismos hechos y a las mismas partes que la resolución contractual, de modo que, al solventarla, podrían aprovecharse las actuaciones ya realizadas en el procedimiento. El riesgo, que a lo sumo es menor, de que se produzca un retraso en el procedimiento es desproporcionado en relación con la medida drástica que supone privar por completo al consumidor de cauces procesales.

Indica, también, que a todo esto se añade que, justamente por lo que respecta a cuestiones de hecho como la escasa importancia de un defecto, sea a menudo la práctica de la prueba en el procedimiento la que determine si una pretensión será acogida, lo cual no puede preverse antes de interponer la demanda.

El presente caso lo muestra con toda claridad: la Sra. Duarte solicitó la resolución contractual porque un informe pericial consideraba que el defecto no era de escasa importancia. Sin embargo, las diligencias de prueba llevadas a cabo por el Juez competente dieron lugar a otro resultado. Por ello, para cumplir con los requisitos del Derecho procesal español tal como éste se expone en la remisión prejudicial, el consumidor siempre debería deducir todas las pretensiones concebibles, siquiera con carácter subsidiario. Sólo de ese modo se aseguraría, frente a eventualidades que surjan dentro de un procedimiento judicial en marcha, de poder hacer valer los derechos que le otorga en un supuesto de hecho concreto la Directiva.

A la vista de las consecuencias que puede acarrear la omisión de una pretensión subsidiaria, esta situación dificulta excesivamente el ejercicio de los derechos y viola el principio de efectividad.
Finalmente, concluye que dado que la escasa importancia del defecto es, con todo, una cuestión relativa a la interpretación del Derecho de la Unión, me permito indicar lo siguiente: el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado hasta el momento sobre el concepto de «escasa importancia» que figura en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva.

En casos aparentemente comparables, otros tribunales europeos, en particular también tribunales superiores, han declarado que la filtración de agua por el techo de un descapotable nuevo no debe considerarse un defecto de escasa importancia.

 En los referidos casos no se tuvo en cuenta que, a pesar de la entrada de agua, el vehículo pueda seguir sirviendo de medio de transporte, que es el argumento con el que el Juez remitente fundamenta su conclusión en la petición de decisión prejudicial.

Por tanto, en aras de la uniformidad del Derecho de la Unión habría sido deseable, y también para la resolución del litigio de que conoce habría resultado a buen seguro conveniente, que el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badajoz hubiera planteado al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial también la cuestión de la escasa importancia del defecto y, con ello, de la interpretación del artículo 3, apartado 6.

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