edición: 2494 , Viernes, 22 junio 2018
06/05/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La Justicia Europea rechaza definitivamente la introducción del español en la patente única europea

Javier Ardalán
España se quedó sola frente al resto de los Estados de la Unión Europea y, ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado de forma definitiva, el sistema de patente única europea que establece el inglés, el francés y el alemán como idiomas exclusivos para tramitarlas, dejando fuera el español.
El TJUE, en dos sentencias de las que es ponente el magistrado Marko Ilesic, ha desestimado los dos recursos interpuestos por España en los que solicitaba la anulación de los dos reglamentos que forman parte del llamado Paquete Patente Unitaria, es decir, tanto el relativo a la creación de una protección unitaria mediante patente y el que regula las disposiciones sobre traducción, ambos de diciembre de 2012.

España alegaba en particular la vulneración del principio de no discriminación por razón de la lengua, porque, en su opinión, el Reglamento introduce un régimen lingüístico que perjudica a las personas cuya lengua no sea una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes. Este Estado miembro sostiene que toda excepción al principio de igualdad entre las lenguas oficiales de la UE debe justificarse con criterios que no sean puramente económicos.

El Tribunal de Justicia señala que el Reglamento establece un trato diferenciado de las lenguas oficiales de la UE. Sin embargo, destaca que tiene un objetivo legítimo: establecer un régimen de traducción uniforme y simplificado para la patente unitaria europea, que facilita el acceso a la protección que ofrece la patente, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Explica también, que la complejidad y los costes especialmente elevados que caracterizan el sistema actual de protección de la patente europea constituyen un obstáculo para la protección mediante patente en la UE y producen efectos negativos sobre la capacidad de innovación y de competitividad de las empresas europeas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas.

El Tribunal de Justicia señala que el régimen lingüístico establecido por el Reglamento hace más fácil, menos costoso y jurídicamente más seguro el acceso a la patente europea unitaria y al sistema de la patente en general.

Considera que el Reglamento es además proporcionado, porque mantiene el equilibrio necesario entre los intereses de los solicitantes de este tipo de patentes y los de otras empresas en lo que respecta al acceso a las traducciones de los documentos que conceden derechos o a los procedimientos en que intervienen varias empresas.

Se hace a través de diversos mecanismos (en particular, un sistema de compensación para el reembolso de los costes de traducción, un período transitorio hasta que esté disponible un sistema de traducción automática de alta calidad en todas las lenguas oficiales de la UE y una traducción completa de la patente europea unitaria para los operadores sospechosos de infracción en caso de litigio).

El Tribunal de Justicia declara, además, que el artículo 118.2 del TFUE constituye una base jurídica correcta para el Reglamento, porque establece efectivamente el régimen lingüístico de un título europeo, definido mediante remisión al Convenio de Patente Europea.

Por otra parte, la Justicia ha desestimado el recurso interpuesto por España contra el reglamentos por los que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente.

España impugnaba, de una parte, la legalidad, con arreglo al Derecho de la UE, del procedimiento administrativo anterior a la concesión de una patente europea. Señalaba en sus alegaciones que dicho procedimiento está excluido de un control jurisdiccional que permita garantizar la aplicación correcta y uniforme del Derecho de la UE y la protección de los derechos fundamentales, lo que pensaba que suponía una vulneración del principio de tutela judicial efectiva.

El Tribunal de Justicia indica a este respecto que, conforme al TFUE, son los Estados miembros quienes han de adoptar todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes del Derecho de la UE.

Por lo demás, considera el Tribunal que son necesariamente los Estados miembros participantes, y no la Comisión o el Consejo, los que deben adoptar todas las medidas necesarias para la ejecución de dichas tareas, puesto que la UE, a diferencia de sus Estados miembros, no es parte contratante en el Convenio sobre la Patente Europea.

El Tribunal de Justicia añade que el legislador de la UE no ha delegado en los Estados miembros participantes ni en la Oficina Europea de Patentes competencias de ejecución que le correspondan exclusivamente en virtud del Derecho de la UE.

El Tribunal de Justicia desestima la alegación española observando que el Reglamento no tiene en absoluto por objeto regular, siquiera parcialmente, los requisitos de concesión de las patentes europeas —que sólo se rigen por Convenio sobre la Patente Europea o Convenio de Múnich—, y que tampoco integra en el Derecho de la UE el procedimiento de concesión de las patentes europeas previsto.

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