edición: 2763 , Jueves, 18 julio 2019
01/07/2009

La Justicia se convierte en órgano recaudador contra el déficit público

Javier Ardalán

Primero fue el amago de acuerdo con Izquierda Unida (IU) para subir los impuestos, que se vino abajo en unas horas. Después, la maratón para lograr un acuerdo antes de que el día 15 de julio se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). No era más que cuestión de esperar, y creo que le he ganado una apuesta al director de ‘Capital News’, que el próximo asunto para sacar dinero con el que enjugar el déficit iba ser el de la Justicia, el de la Nueva Oficina Judicial y la reforma procesal.

Anunciaba ayer el ministro, en su intervención en un curso de verano organizado por el Consejo General del Poder Judicial en La Coruña, que tan sólo en una de las ocho secciones que componen la Sala Tercera del Tribunal Supremo (de lo Contencioso-administrativo), se encuentran en litigio, como resultado de todos los recursos pendientes, algo más de 6.200 millones de euros.

La cifra sorprende por su volumen, puesto que 6.200 millones de euros fue lo que costó la Terminal 4 de Barajas, es el presupuesto anual del Ayuntamiento de Madrid o la totalidad de  la deuda de Radio Televisión Española (RTVE).

Al Gobierno le han entrado las prisas al hacer las cuentas de la lechera. En esa sección, el porcentaje de resultados favorables para la Administración del Estado se acerca al 70% de los casos, imagínense el dinero que ahora está distraído, pero que podría destinarse a engrosar los Presupuestos Generales del Estado.

La campaña del Gobierno es de mentalización, más que otra cosa, puesto que estamos ante “la pescadilla que se muerde la cola”. Para lograr que este tapón de sentencias se liberase, el volumen de recursos, personales y económicos, que habría que destinar sería ingente.

Sin embargo, el ministro de Justicia ha lanzado otro cálculo económico para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de acabar con el tapón de la Justicia. Así, puso otro ejemplo sangrante, como los más de siete millones de euros anuales, en concepto de dilación por los salarios de tramitación, que el Estado ha tenido que pagar por los  900 expedientes cada año en los que se ha excedido el plazo de legal de 60 días.

También podía haber puesto ejemplos del dineral que las empresas tienen también atrapado en la telaraña judicial y que en muchas ocasiones supone la asfixia económica de las mismas y el correspondiente cierre.

DEPÓSITO O TASA

Sin embargo, no todo se ha dejado en manos del largo plazo. La idea, aunque partió del PP, ha sido abanderada por el PSOE y apoyada por el resto de los grupos parlamentarios. Se trata de un fondo introducido en el Proyecto de Ley de Reforma Procesal, que aunque se le ha dotado de forma de depósito tiene todos los visos de que acabará convirtiéndose en una nueva tasa para poder acceder a los tribunales.

El depósito, conocido como ‘De Escasa Cuantía’, será previo a la interposición del recurso y se perderá cuando el juez considere que aquél no tenía fundamento alguno. Sí, sí, a partir de la entrada en vigor de la Ley habrá que poner dinero para poder recurrir.

Las cantidades, que no serán muy importantes para el recurrente, sumarán cantidades astronómicas al sumar todos los recursos castigados a perder el depósito. En el Congreso se piensa que la posibilidad de perder el depósito actuará como elemento disuasorio en aquellos casos en que la propia parte considere inviable su recurso. ¿50 euros tendrán la suficiente fuerza para evitar que quienes recurren como argucia dejen de utilizar los tribunales?  Ni que no lo fueran las minutas de los abogados y las costas procesales.

El articulado lo cifra en 30 euros, si se trata de recurso de queja; 50 euros, para el recurso de apelación, la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, el recurso extraordinario por infracción procesal. También costarán 50 euros, si el recurso fuera el de casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina. O si fuera revisión. Mas barato, 25 euros, saldrá la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el juez o tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia.

Pero ojo, porque a continuación se revela que estas cantidades serán revisables anualmente por el Gobierno para que no pierdan su carácter disuasorio ni recaudatorio.

LOS NACIONALISTAS QUIEREN ADMINISTRARLO

La pelea, a falta de unos días para la cumbre de la financiación autonómica, no se ha hecho esperar. Tanto CiU como el PNV se han opuesto a que el Estado se quede con una parte de estos fondos y reclaman su administración para las comunidades autónomas.

Los catalanes, no obstante, apoyaron la enmienda incluida como novedad en el texto primitivo, confiando en que lograrán estas demandas a la hora de negociar la parte económica del Estatuto de Cataluña. Los vascos, sin embargo, prefirieron votar en contra, no sólo por la parte económica, sino porque les parecía feo cobrar por recurrir.

El reparto de los recursos será: 40% comunidades autónomas, 40% Ministerio de Justicia y 20% por ciento al Ente, que se va a crear para elaborar la plataforma informática que asegure la conectividad entre todos los juzgados y tribunales de España.

Las sumas obtenidas por la pérdida de tales depósitos permitirán sufragar en parte los costes correspondientes a la gestión de los servicios de asistencia jurídica, y a la modernización e informatización integral de la Administración de Justicia.

Otros datos para hacerse una idea: el depósito para recurrir no será exigible a quienes tengan reconocida la condición de beneficiario de asistencia jurídica gratuita; en el orden penal este depósito será exigible únicamente a la acusación popular; y la Fiscalía las Administraciones Públicas, que recurren por principio sea sobre lo que sea el litigio no tendrán que hacer el depósito; y no desaparece ninguna tasa o depósito de los que actualmente están vigentes.

PAGAR PARA CUMPLIR LA LEY

Que la tónica de la Administración por sacar un pequeño pellizco va a ser tónica general, ayer quedó bien claro con la presentación de las llamadas ‘Listas Robinson’, auspiciadas por la Agencia Estatal de Protección de Datos, en las que los ciudadanos españoles que no quieran recibir publicidad podrán apuntarse. Las empresas tendrán la obligación de consultar estas listas, pero deberán pagar entre 150 y 550 euros cada vez que lo hagan. El servicio es de carácter voluntario y gratuito para los particulares.

Para quienes piensen que la cosa puede salir moderadamente barata a cada consultante, deberán tener en cuenta que estas listas las pueden realizar cuantas organizaciones lo soliciten por lo que será necesario consultarlas todas cada vez que se haga una campaña de publicidad. Un dineral para las arcas del Estado. La primera es la gestionada por Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (Fecemed).

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