edición: 2557 , Miércoles, 19 septiembre 2018
27/05/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La larga mano de Hacienda está presente en la reforma de la Ley de Sociedades de Capital

Javier Ardalán

Detrás del Anteproyecto de Ley de Sociedades de Capital, que el Gobierno ha remitido al Parlamento, se observa con claridad la larga mano de Hacienda  al reservar para el consejo de administración las decisiones fiscales y todas las operaciones de especial cuantía o relevancia.

Hacienda ha impuesto que entre las competencias indelegables del consejo de administración de las sociedades se incluya la determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales y la elaboración de las estrategias fiscales, sino que además, se incluye también como indelegable la aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo que por su elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal, salvo que su aprobación corresponda a la junta general.

Así, se regula en el artículo 529 ter de la futura norma, lo que con toda claridad lleva el mensaje de que los miembros del consejo de administración, sobre todo de las cotizadas y de las sociedades pertenecientes a grupos multinacionales, no podrán alegar a partir de la entrada en vigor de la Ley puedan que desconocían las posibles estrategias de planificación fiscal que incumplan la Ley.

Pero la cosa va más allá, porque además en el artículo 160 sobre las competencias de la junta de socios se ha incluido a última hora la competencia de la junta en la transformación, la fusión, la escisión o la cesión del activo global de activo y pasivo y el traslado del domicilio, operaciones que tienen un carácter importante en el ámbito social y que no exonerarán de responsabilidad ni a los administradores que realicen operaciones irregulares ni a las sociedades, que a partir de la última reforma del Código Penal, ya cuenta con responsabilidad penal, dentro de las que se incluye el delito fiscal.

En el caso de la Comisión de Auditoría, se le encomienda la supervisión de la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría. De esta manera, las responsabilidades de este organismo quedan atenuadas en comparación con las que asumen los miembros del consejo de administración.

La comisión cierra el círculo de las responsabilidades tributarias del consejo de administración al contar entre sus funciones, según regula el artículo 529 quaterdecies, la de informar, con carácter previo, al consejo de administración en particular, sobre la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales y las operaciones con partes vinculadas, con amplio interés para la Agencia Tributaria.

El problema que se plantea en las sociedades es que también se regula en el proyecto de Ley que los administradores tendrán que responder ante la propia sociedad del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya existido dolo o culpa.
En estos casos, un dato muy importante a tener en cuenta es que aunque el acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general, no se reducirá la responsabilidad de los administradores ante la sociedad.

Así, el socio o socios que posean de forma  individual o conjunta una participación que le permita solicitar la convocatoria de la junta general, podrá entablar la acción de responsabilidad en defensa del interés social cuando los administradores no convoquen la junta general dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de adopción del acuerdo que motiva la actuación, o bien si es contrario a la exigencia de responsabilidad.

El proyecto de ley regula también, que el socio podrá ejercitar directamente la acción social de responsabilidad cuando se atente al deber de lealtad sin necesidad de someter la decisión a la junta general. Esta acción social podrá llevar al cese de los miembros del consejo de administración que se declaren incursos en las actuaciones irregulares.

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