edición: 3102 , Viernes, 4 diciembre 2020
06/03/2014
Nueva reforma concursal

La Ley de De Guindos para `salvar´ empresas al borde de la quiebra choca con el rechazo de la opinión pública

La norma obligará a los dueños de empresas en apuros a aceptar los acuerdos de refinanciación hechos a medida de sus acreedores, a cambio de la titularidad empresarial
Los internautas ven en ella una fórmula para que la banca acreedora se quede con los negocios, imponiendo `condiciones leoninas´ de obligada aceptación
ICNr

La letra pequeña del borrador de Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Refinanciación y Reestructuración de deuda comercial, que actualmente ultima el Ministerio de Economía y Competitividad, que irá posiblemente esta misma semana al Consejo de Ministros, se convirtió ayer en foco de atención para la prensa económica y la opinión pública. Los medios se encargaron de sacar punta al texto, destacando, entre otras cosas, que el dueño de una sociedad en situación de preconcurso se podrá ver obligado a aceptar acuerdos de refinanciación hechos a medida de sus acreedores (entidades financieras y fondos de inversión, incluyendo fondos buitres), implicando quitas o conversiones en capital a cambio de la titularidad empresarial.

El texto, tramitado por la vía de urgencia, va más allá y fija que los administradores societarios o liquidadores de empresas en concurso que se nieguen, sin causa razonable, a la capitalización de créditos o a la emisión de valores o instrumentos convertibles, `frustrando la consecución del acuerdo de refinanciación, incurrirán en presunción de dolo o culpa grave, salvo que presenten prueba en contrario´. En la práctica, ello supone que las empresas pierdan gran parte de su libertad para decidir si prefieren liquidar la sociedad en lugar de reflotarla.

Por otro lado, la futura Ley favorece la entrada de capital de entidades financieras extranjeras, incluidos los comúnmente conocidos como `fondos buitres´, para que se hagan cargo de empresas en apuros, forzando al deudor a aceptar acuerdos de refinanciación hechos a medida de los acreedores. La prensa definió esta previsión como `una catástrofe para el tejido empresarial español´, obligando por la fuerza a las empresas a evitar la liquidación. En definitiva, tal y como analizaron también los internautas, el Gobierno quiere frenar la liquidación masiva de las empresas `por las malas´, obligando a prolongar su vida a pesar de que ésta no esté de acuerdo con las condiciones de refinanciación impuestas por los acreedores.

El texto también establece que se entenderá que la recapitalización obedece a una causa razonable cuando así se declare mediante informe emitido, con anterioridad a la negativa del deudor, por un experto independiente, que será un registrador mercantil. Además, no podrán ser objeto de rescisión los acuerdos de refinanciación con el deudor, así como los negocios, actos y pagos, de cualquier forma en que se hayan realizado, y tampoco las garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos, cuando gracias a ellos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas.

Todo ello tendrá como telón de fondo un plan de viabilidad que dé lugar a la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo. Además, será necesario que, antes de la declaración de concurso, el acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha del acuerdo o la certificación del auditor del deudor sobre la suficiencia del pasivo exigido para adoptar el acuerdo.

POSPONER LA QUIEBRA, IMPONER QUITAS

Para los internautas, la traducción literal de la norma es una búsqueda desesperada de fórmulas para aligerar la carga de los juzgados de lo Mercantil y reducir de paso la estadística de cierre de empresas, que `afea´ el mapa empresarial español. Sin embargo, ello se hace a costa de `posponer los efectos de una quiebra, dejando a flote al nadador malo poniendo sal en el agua´. Lo malo es que `cuando caiga la lluvia, se hundirá todo´. Así, el retraso de las quiebras `sólo va a ampliar los efectos de éstas´, tal y como señaló un lector. Se trata, en definitiva, de una relativa `ventaja artificial, y no una ventaja a partir de competencia en el mercado´, lo que promete pasar factura a la larga a todas las partes de la relación. `Ventajas momentáneas mucho; sólo desventajas a largo plazo´, sentenció.

Los internautas también alertaron de los peligros que conlleva obligar al empresario a aceptar el acuerdo de los acreedores, algo que promete dejarle en una posición de clara desventaja en la negociación. `Ahora se verán coacciones del tipo o refinanciamos con el 29 por ciento de interés y avalando toda tu familia o me quedo tu empresa. Como siempre, De guindos dándoles facilidades a sus jefes los banqueros para que arrasen con todo´, censuró un lector. En la misma línea, comentó un internauta, `si yo te presto 100 y te pido 110/año, y asi con cada euro en circulación, simplemente no hay dinero suficiente para pagar los intereses. Cuando llega el inevitable impago, se rebela el verdadero rostro de tu banca amiga´.

En definitiva, se trata de una norma `por la que los bancos se pueden quedar con parte del capital de las sociedades muy endeudadas´. De ahí que se criticara al Ejecutivo por legislar en contra del tejido empresarial. Así, un Gobierno que `defienda sus legítimos intereses, obligaría a la banca usurera a que el impago fuera vía quitas, y no a darles la llave para que se queden lo mejor antes de cerrar el resto´. Para la opinión pública, PP y PSOE `están comprados por sus préstamos impagables pedidos a la banca, y ahora -gracias a leyes como esta- la banca van a dar el siguiente paso y se va a hacer dueña del resto de la sociedad´. No faltaron referencia al problema de los desahucios y de la absorción de un ingente número de viviendas por parte del sector financiero. Todo ello como fruto de políticas que buscan más favorecer al acreedor que permitir una segunda oportunidad real a familias y empresarios. `Si esto no es el proyecto de una catarata de apropiaciones indebidas de empresas con problemas, que venga Dios y se los lleve a todos´.

Lo más probable, tal y como sentenciaron los lectores con sus comentarios, es que el decreto sea `la excusa perfecta para que la empresa que tenga problemas o esté mal, acabe mucho peor´, como herramienta para que  `la banca se quede con las empresas que quiera o que éstas acepten las condiciones leoninas y de usura o expropiación. O mejor dicho, que la banca se las imponga´.

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