edición: 2843 , Lunes, 11 noviembre 2019
26/07/2010
Fundaciones “desbocadas”

La Ley de Economía Social busca regular el confuso escenario fundacional español

El texto pretende otorgar una mayor seguridad jurídica al ámbito de la economía social
Beatriz Lorenzo

Ya no cabe duda. El espíritu de la Responsabilidad Social amenaza con adentrarse cada vez más profundamente en la letra de los textos legislativos que –al menos eso afirman desde las altas esferas gubernamentales- pretenden sentar las bases para una nueva economía menos voraz y más sostenible, menos impávida y más comprometida y, sobre todo, menos turbia y más transparente. En España, más allá de la existencia de menciones aisladas a los principios de la RS en textos normativos- el Título I de la Constitución, la Ley 19/1999 que promueve la conciliación de la vida familiar y laboral…- el pistoletazo de salida de esta semilla “responsable” en los textos legislativos puede encontrarse en la última modificación de la Ley de Sociedades Mercantiles, que aportaba cambios como la obligatoriedad de un “trato igualitario” a los accionistas o la imposición de un informe “justificativo y explicativo” de ciertos aspectos de índole económica. No puede obviarse tampoco, la controvertida- aunque tibia en su atención a la Responsabilidad Social- ley de Economía Sostenible, ni la nueva hornada de textos de alcance autonómico, inaugurado con la recién anunciada Ley de Responsabilidad Social de Extremadura.

Quizás este nuevo afán del sector público por regular la Responsabilidad Social pretenda compensar la abúlica actividad del CERSE en la materia, o quizás persiga heredar el espíritu de Naciones Unidas cuya opinión va en el sentido de abogar por una Responsabilidad Social “más legal y menos moral”. El caso es que el pasado viernes se aprobaba en consejo de ministros el proyecto de Ley de Economía Social, con la que se reconoce como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones más representativas. La nueva norma confirma además un marco jurídico único para un sector que representa el 3% del PIB y que se sitúa en torno a 1.350.000 empleos.

ECONOMÍA SOCIAL “ENMARCADA”

El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social, otorgándole una mayor seguridad jurídica, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforman el sector, y de ese modo la norma pretende unificar el marco jurídico de cooperativas, mutualidades de previsión social, sociedades laborales, empresas de inserción social, centros especiales de empleo, fundaciones, asociaciones de discapacitados, cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación. A la par, se crea el Consejo para el Fomento de la Economía Social, órgano asesor de carácter consultivo para las actividades relacionadas con el sector, en el que estarán representadas paritariamente las Administraciones públicas y las entidades de la economía social. En este marco, se pretende la participación de las entidades a través de la confederación intersectorial que sea más representativa y aquellas que sin estar integradas en ella, tengan un peso importante en el sector.

A falta de profundizar en los entresijos del nuevo texto legislativo, es de esperar que la nueva ley no peque de la imprecisión y la tibieza que son los signos distintivos- en lo que a gestión de la Responsabilidad Social se refiere- de la Ley de Economía Sostenible, un texto que mezcla en sorprendente popurrí cuestiones que poco tienen que ver con la sostenibilidad a largo plazo de la economía, tales como la limitación de la libertad de acceso a Internet, y omite otros importante, sobre todo las alusiones a la RS en su definición de útil herramienta de gestión para avanzar en transparencia, comunicación, respeto y , en suma, sostenibilidad.

Por otra parte, la nueva Ley de Economía Social viene a jugar un papel ciertamente desconcertante en el embrollado escenario de las organizaciones sin ánimo de lucro españolas. Realmente, las palabras del economista Peter F. Drucker afirmando que “si bien, en general, los patronatos (boards) de las organizaciones no lucrativas no funcionan bien, cuando lo hacen son más eficaces que el mejor de los consejos de administración”, no llegan a cumplirse en el sector fundacional español, cuyas desventuras durante el año 2009 le han merecido la consideración de “agnus horribilis”, tal y como resalta la Fundación Compromiso Empresarial cuyas guías periódicas sobre buen gobierno pretenden arrojar algo de luz en el desbarajustado panorama.

En efecto, durante el pasado año complicados entresijos afectaron a las fundaciones públicas andaluzas que, tras haber recibido financiación de la Junta de Andalucía con 545 millones, constituyeron una administración paralela para huir del control administrativo. Además, tuvo lugar a finales de año el sobreseimiento de la denuncia contra el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, por supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos, al cuestionarse el otorgamiento de una subvención concedida a la Fundación Alternativas de la que fue patrono.

Ante este panorama es inevitable hacer mención a la importancia del buen gobierno mucho más allá del ámbito de las compañías. También el tercer sector, antes de leyes que lo regulen, necesita de unos cimientos sólidos y afincados para su buena gobernanza. Un gobierno fundacional eficaz se basa – al igual que en el caso de las empresas- en un buen sistema de información, así como en unos mecanismos de gestión eficientes. La transparencia en la toma de decisiones es indispensable, y en el caso de las fundaciones esto no es una excepción. En este caso, suelen influir decisivamente varios grupos de interés estrechamente interconectados ,todo un amalgama que puede derivar en situaciones emocionales complicadas y que requieren de unas medidas de gestión muy adecuadas.

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