edición: 2891 , Lunes, 27 enero 2020
13/02/2010

La Ley de Economía Sostenible abre la puerta a que una asociación sectorial impulse los procedimientos de cierre de web

Xavier Gil Pecharromán
La redacción del actual proyecto de Ley de Economía Sostenible podría dejar en manos de alguna asociación de defensa de los derechos de la propiedad intelectual el cierre de las páginas web de mantenerse sin cambios en el Parlamento.

En su informe sobre el texto normativo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que el que en el proyecto debatido se emplee el término “se solicitará”, ya que no queda claro quién es la autoridad que deberá solicitar la autorización judicial, si debe ser el CPI, o el denunciante interesado en el cierre de la web. Esta laxitud podría dar a entender que entre los interesados podrían estar los titulares de los derechos de la propiedad intelectual o instituciones sectoriales que velen por la protección de los mismos.

No obstante, aclara que parece deducirse del actual texto que el legislador se refiere a la Comisión, cosa que se puede inferir del siguiente párrafo en que se habla de los plazos para plantearlo ante el juez competente, pero también podría iniciarse a instancia de parte y posteriormente ser convocado por el juez el representante legal de la Administración.

Otro aspecto importante es el de la caución puesto que no se dice nada en el proyecto, ya que el juez podría autorizar el cierre acordado, pero condicionarlo a la prestación de una caución que permita asegurar las eventuales responsabilidades en caso de que, en su resolución sobre el fondo de la medida adoptada, el Tribunal Central o la Sala de lo Contencioso Administrativo considere que no ha existido infracción legal y deba ordenar el fin de la medida.

Por eso entiende que debe quedar muy claro quién es el responsable de pagar la caución, si el particular o la sociedad que inician el proceso o la propia Comisión.

Por todo ello, el Consejo General del Poder Judicial recomienda que la Ley de Economía Sostenible en lugar de realizar el procedimiento para el cierre de páginas web debería incluir en su texto o remitir a una ley expresa el citado desarrollo para evitar problemas posteriores a la hora de imponer sanciones.

Entiende la cúpula  judicial, que deberían darse a conocer el texto aspectos tan básicos como si se trata de un procedimiento dirigido a la salvaguardia de derechos concretos de propiedad intelectual presuntamente vulnerados, o a la de esos mismos derechos entendidos como un bien difuso o colectivo, y en relación con ello si el procedimiento se iniciará de oficio, o a solicitud de parte interesada.
También considera fundamental que se aclare la posición que en ese procedimiento tendrán los prestadores de servicios de intermediación, tales como los operadores de redes y acceso, o los prestadores de alojamiento, pues la ejecución de las medidas que puede adoptar el Consejo de la Propiedad Intelectual pasará en la mayoría de las ocasiones  por la exigencia del deber de colaboración de esos prestadores de servicios intermediarios, regulado en el artículo 11 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Correo Electrónico.

La incorporación de esas líneas básicas a la Ley de Economía Sostenible, considera el informe de la cúpula judicial, daría mayor coherencia al procedimiento, ya que no considera lógico regular el tramo final, el relativo a la autorización judicial previa para la ejecución de las medidas adoptadas por la Sección Segunda del CPI, y no efectuar ninguna previsión acerca del procedimiento administrativo que puede concluir en la adopción de estas medidas.

También el Consejo Económico y Social señala la posibilidad que abre el actual proyecto a la intervención de una sociedad de los derechos de la propiedad intelectual sectoriales.

El CES afirma que se debe hacer la reforma "con el fin de ofrecer un marco legal suficientemente claro, predecible y generador de certidumbre para todos los actores involucrados, usuarios y operadores".

Así, señala de la propiedad intelectual y las sociedades de gestión de derechos. Y subraya que se debería producir una reforma integral del marco reglamentario en esta materia, de modo que se conjuguen los diferentes derechos e intereses entre autores, usuarios y operadores.

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