edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
23/12/2010
La LES, a la palestra

La Ley de Economía Sostenible sale del horno abogando por indicadores y modelos comunes en materia de Responsabilidad Social

El texto legislativo asoma en un panorama “responsable” cuajado de iniciativas autonómicas
La transparencia del sector empresarial se solicita a través de medidas de “autoevaluación”
Beatriz Lorenzo

La Responsabilidad Social sigue buscando un marco, una referencia, un estándar de comparabilidad y adecuación que la desligue por completo de su -hasta ahora- desarrollo algo caótico y sujeto al albedrío de las organizaciones. De hecho, el afán por buscar un marco de referencia ha llegado incluso a la letra de la controvertida Ley de Economía Sostenible aprobada con competencia legislativa estos días por el Congreso con el rechazo global de todos los grupos de la oposición salvo PNV y CC. El texto legislativo dedica su artículo 37 a la promoción de la Responsabilidad Social, estableciendo que “el Gobierno pondrá a disposición de las empresas un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.”.  Se fomenta así por una parte la necesaria transparencia del sector empresarial, a la vez que se ahonda en la repetitiva idea del “reporting integrado” como meta.

Y es que está claro que la unificación es la nueva tendencia en el escenario internacional de la Responsabilidad Social,  avalada por iniciativas como la de la SEC de la bolsa norteamericana que ha manifestado su intención de pronunciarse al respecto tras los requerimientos de transparencia de los operadores financieros o la propia ISO 26000, controvertida donde las haya, que pretende unificar tendencias. También son cada vez más las compañías que abogan por esta tendencia. El impulso más reciente ha llegado de la mano del proyecto ‘Better returns in a better World’ una iniciativa innovadora que contó con la participación de más de 80 inversores de Europa y Estados Unidos, entre ellos JP Morgan, Morgan Stanley, Aviva Investors, Crédit Agricole Chevreux, o Calvert Investments y que fue coordinado por Oxfam. El objetivo es proponer mecanismos que permitan que los inversores institucionales (fondos de pensiones, compañías de seguros, gestoras de inversión) tengan un mayor impacto en la reducción de la pobreza.

UNIFICACIÓN

La petición de la asunción de indicadores comunes por parte de la Ley de Economía Sostenible viene a llegar en un panorama cuajado de iniciativas “responsables” autonómicas que dan lugar a un curioso- y fragmentado- mapa de la RS en España.Se abre así un delicado debate en torno a una Responsabilidad Social tipificada pero fragmentada al amparo de las disposiciones de las comunidades autónomas.

En contraposición, también la UE ha manifestado recientemente su intención de armonizar la RSE a nivel europeo. A través de la Comunicación de la Comisión del Consejo, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones  del Parlamento Europeo, llamada “Hacia una única Ley del Mercado en la Zona, Para una economía social de mercado altamente competitiva. 50 propuestas para mejorar nuestro empleo, nuestros negocios y nuestro comercio”, se dan a conocer una serie de recomendaciones entre las que destaca la de realizar un Libro Verde sobre transparencia de la información Ambiental, Social y de Derechos Humanos, lo que, según el texto, “podría dar lugar a iniciativas legislativas”.Esta iniciativa comunitaria cobra mayor sentido- y fortaleza- teniendo en cuenta que recientemente vio también la luz la propuesta, de la mano de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo de que se incluyan cláusulas de RSE en los acuerdos comerciales que se realicen en la UE. Con ello proponen que se incentive a las empresas que contraigan compromisos en materia de RSE con los stakeholders relacionados con la materia: sindicatos, consumidores y comunidades locales. En relación al controvertido tema del reporting, el Parlamento ha propuesto también la obligatoriedad de elaborar el balance en materia de RSE mediante un documento de alcance público así como la creación de un comité parlamentario de seguimiento para cada tratado de libre comercio como punto de información y diálogo entre los diputados de la UE y los parlamentarios de los estados miembro, con el objetivo de velar por la aplicación de dicha cláusula.

Volviendo a la Ley de Economía Sostenible, el texto recoge casi textualmente la definición dada por el Informe Brundtland para el concepto de sostenibilidad, entendida como la necesidad de “ satisfacer las necesidades del presente sin comprometer/sacrificar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades". El texto legislativo se asienta sobre principios obvios, comúnmente aceptados por los gobiernos y las instituciones europeas y en su mayor parte muy necesarios para salir de la crisis económica y sobrevivir en un nuevo entorno productivo. La Ley se orienta hacia la mejora de la competitividad, estabilidad de las finanzas públicas, fomento de la capacidad innovadora de las empresas, ahorro y eficiencia energética, promoción de las energías limpias, racionalización de la construcción residencial; extensión y mejora de la calidad de la educación e impulso de la formación continua y fortalecimiento y garantía del Estado Social. Y, en puridad, uchas de las medidas contempladas por la ley son un revoltijo de normas y pautas que ya estaban en vigor, como la reducción de la mora en los Ayuntamientos o la limitación de trabas administrativas para crear empresas, que ya figuraban en el PlanE.

El recién aprobado texto da también un nuevo impulso- más allá de la denostada “ley Sinde”- a la sociedad de la información a través de propuestas como la garantía a partir de 2011 de la banda ancha con una velocidad mínima de 1Mb por segundo, como parte del servicio univesal”.Además, el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad está dotado con 5.000 millones de euros que se destinarán a los ayuntamientos para impulsar parques científicos y tecnológicos, implantar redes de telecomunicaciones, proyectos de ahorro y eficiencia energética o proyectos de movilidad sostenible.

Sin embargo, las quejas no se han hecho esperar. A la animadversión de casi toda la oposición se suma el desagrado de CC.OO que considera que la LES está"vacía" de contenido y es "ineficaz" para cambiar el modelo productivo. Al mismo tiempo, advierte de que las medidas antidéficit impulsadas por el Gobierno renuncian "expresamente" a cambiar los elementos estructurales que han caracterizado al patrón económico español.

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