edición: 3050 , Lunes, 21 septiembre 2020
19/11/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La Ley de Patentes introduce un nuevo sistema jurisdiccional centrado en los jueces mercantiles

Javier Ardalán

La futura Ley de Patentes, cuyo proyecto ha sido aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros, confía los litigios sobre esta materia a los jueces de lo Mercantil, abandonando la tradicional jurisdicción de los jueces de Primera Instancia. Se trata de generar un modelo que trata de conjugar la cercanía y descentralización de la justicia con la profundización en el modelo de especialización judicial en materia de patentes.

Por otra parte, se acomodan los plazos procesales a la complejidad propia de los litigios sobre patentes, dada la extraordinaria importancia de los dictámenes de peritos en litigios sobre patentes y la necesidad de disponer de los mismos de forma adecuada en garantía del derecho de defensa, ampliándose los plazos para contestar demandas y reconvenciones.
 
El demandado por cualquier acción civil regulada en la esta Ley dispondrá de un plazo de dos meses para contestar a la demanda y, en su caso, formular reconvención. El mismo plazo regirá para contestar la reconvención, así como para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular de la misma a resultas de la impugnación de la validez del título realizada por vía de reconvención o de excepción por el demandado.

La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las normas del Derecho procesal común.

En lo que se refiere a la ‘nulidad del título’ planteada, como excepción, se permite que el titular de la patente solicite en su caso su tratamiento como reconvención o limite sus reivindicaciones, con carácter principal o subsidiario, siempre en trámite escrito y con tiempo suficiente para que el solicitante de la nulidad modifique o mantenga sus pretensiones a la vista de la limitación propuesta.

Si la nulidad se plantea mediante excepción, el titular de la patente dispondrá de ocho días, desde la recepción de la contestación a la demanda, para solicitar del juez o tribunal que la excepción sea tratada como reconvención. En el caso de que el titular de la patente, con carácter principal o subsidiario, optara por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, deberá aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la demanda de nulidad, de contestación a la reconvención o de contestación a la excepción de nulidad.

El titular de la patente que haya ejercitado acción por infracción de la misma deberá, en el mismo trámite de contestación a la impugnación de su patente, razonar, y en su caso probar, en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al demandado.

También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso, por ejemplo, en un trámite de oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes, su titular podrá solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso dando trámite de alegaciones a la contraparte.

Se incluyen también algunas modificaciones encaminadas a concretar el alcance de las diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares y a permitir que cuando sea preciso recabar información sensible se adopten las medidas necesarias para compatibilizar los intereses del demandado en preservar la confidencialidad de la información y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que la requiera.

También se recoge de forma clara e inequívoca la necesidad de que las diligencias de comprobación de hechos se practiquen sin que medie notificación previa a quien deba soportarlas para no frustrar el buen fin de las mismas.
Respecto de las medidas cautelares se precisa la regulación de la caución sustitutoria, cuyo importe se fijará por el órgano jurisdiccional durante la tramitación de las medidas y con audiencia de las partes, de manera que la fianza pueda concretarse en el mismo trámite sin que sea necesario abrir otro de alegaciones y pruebas sobre dicha caución. También se fija un plazo para que el demandado, una vez alzadas las medidas concrete, si procede, su pretensión indemnizatoria, y se prevé que si la fianza no alcanzara a cubrir todos los daños causados no haya que acudir a otro procedimiento para la ejecución de una resolución firme que ya determinó dichos perjuicios, y pueda seguir la vía de apremio contra el responsable.

Por último, se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares ‘inaudita parte’ por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición.

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