edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
18/11/2013
LA OREJA DE LARRAZ

La Ley de Transparencia saldrá del Senado sin incluir documentos vitales en los casos de corrupción

Xavier Gil Pecharromán

El Proyecto de Ley de Transparencia se aprobará en el Pleno del Senado de esta semana y volverá al Congreso,  sin que en ella se incluyan algunos de los asuntos que han mantenido la atención de la opinión pública sobre asuntos de corrupción, tales los documentos sobre los que se basan las decisiones gubernamentales puedan ser considerados como los  informes internos, los contratos de un partido político con una empresa privada o los documentos de las entidades privadas que gestionen recursos públicos que hayan sido externalizados.

Para Access Info Europe, organismo que lucha por la transparencia en la Unión Europea, el actual texto de la ley de transparencia no está en línea con los estándares internacionales y de ser aprobado como está acabaría ocupando la posición 72 de 96 en la lista de países con leyes de acceso a la información, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos.

El PP ha presentado 32 enmiendas en el Senado al proyecto de Ley de Transparencia. Con una de ellas, aprovecha para cambiar la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para reforzar la identificación de clientes y el seguimiento de las operaciones según el riesgo que tengan de incurrir en esos delitos.

La aprobación se llevará a cabo con la incógnita del voto del PSOE y la Entesa, que todavía ven margen, hasta el miércoles, para que el PP acepte alguna de sus enmiendas y puedan votar a favor de la norma, uno de los proyectos legislativos estrella del Gobierno. La Ley de Transparencia ha sido aprobada sin consenso y entre reproches de opacidad y partidismo.

La falta de explicaciones que, según la oposición, ha dado el Gobierno sobre este caso y el rechazo continuo del PP a sus iniciativas sobre el asunto llevó hace dos meses, no sólo a los diputados socialistas, sino también a los de la Izquierda Plural y grupo mixto, a no participar en los trabajos de la ponencia. Los populares tuvieron entonces como único interlocutor para negociar enmiendas al representante de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, reuniones a las que al final también se sumaron CiU y el PNV. El pasado 31 de julio la Comisión aprobó la norma.

En relación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creemos que es un órgano que nace con un notable déficit de independencia. En primer lugar, porque el Presidente es nombrado por el Gobierno, y su refrendo parlamentario exige la mera aplicación de la mayoría parlamentaria.
Transparencia Internacional se quejó en su momento de que aunque el Proyecto de Ley introduce la obligación para las Administraciones Públicas de publicar la relación de sus bienes inmuebles, se excluye así del texto legal la obligación de que estas instituciones publiquen todo el patrimonio que poseen, esto es, no solamente los bienes inmuebles, sino asimismo los restantes bienes y derechos que conforman dicho patrimonio.

Tampoco se contemplan clara y explícitamente en el proyecto de ley infracciones ni sanciones a políticos y funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas de transparencia. Sólo se introduce una nueva referencia a la infracción derivada del reiterado incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, contemplándose algo similar en cuanto a la obligación de resolver en plazo las demandas informativas de los ciudadanos.

Se establece un régimen de Silencio administrativo negativo (artículo 20), que respeta muy poco el derecho de los ciudadanos a tener una respuesta explícita, de un tipo o de otro, por parte de la Administración, y que hace que en la práctica, si las instituciones públicas no desean contestar a las solicitudes de información, éstas se entienden simplemente denegadas transcurrido el plazo estipulado de un mes.

Debería modificarse el texto del proyecto de ley, estableciéndose expresamente la obligación de las instituciones públicas a contestar o resolver las solicitudes recibidas en el citado plazo, o aún después de vencido dicho plazo, fijándose alguna sanción disciplinaria (apercibimiento, multa, o suspensión de empleo y sueldo, por ejemplo) para el funcionario público o responsable que no cumpla con la petición en tiempo sin motivo justificado.

Se limita específicamente el acceso a aquella información que perjudique determinadas cuestiones tales como los “intereses económicos y comerciales”, la “política económica y monetaria”, o la “protección al medioambiente”. Estas cláusulas tan genéricas deberían ser matizadas o concretadas en mayor medida en el texto legal, pues una interpretación amplia de las mismas puede mermar en gran medida el derecho de acceso a la información.

La norma incluye a  todas las Administraciones Públicas, tanto del Estado, como de las Comunidades Autónomas y de los entes locales; a órganos constitucionales como el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y la Casa Real; también al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas y, como novedad de última hora, al Banco de España. A los partidos políticos, a las organizaciones empresariales y a los sindicatos. A todas aquellas entidades o instituciones privadas que cuentan con una financiación pública relevante (como es el caso de la Iglesia Católica).

Con esta Ley se pretende a los ciudadanos puedan conocer, sin necesidad de ninguna solicitud previa, toda la información considerada de interés y, en particular, información institucional, de organización, de planificación, de relevancia jurídica y de relevancia económica, presupuestaria o estadística.

Un Portal de Transparencia en internet permitirá acceder a información sobre contratos, subvenciones, convenios o retribuciones de altos cargos. Las administraciones deberán publicar obligatoriamente el perfil profesional de sus altos cargos.

En la tramitación se incluyó un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que  asumirá las funciones que el texto inicial atribuía al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en concreto a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios.

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