edición: 2763 , Jueves, 18 julio 2019
28/04/2011

La ley procesal más contestada encara su tramitación sin interés parlamentario

Andrés Garvi
El periodo para que los diputados de la Comisión de Justicia presenten sus enmiendas al proyecto de ley de medidas de agilización procesal se amplió hasta este miércoles, con la posibilidad de que sus señorías prorroguen el plazo para modificar esta importante reforma procesal, en un principio, de la jurisdicción civil y de la contencioso-administrativa. El Gobierno incluyó a última hora una modificación de los procesos penales para regular los trámites procesales de la responsabilidad penal de las empresas. Ni Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ni los otros operadores jurídicos como abogados –a través del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)- o procuradores –por medio del Consejo General de Procuradores- emitieron su informe preliminar.Esta reforma es la ley procesal más contestada por los operadores jurídicos (abogados y procuradores) ya que excluye la posibilidad de interponer recurso de apelación en los juicios verbales de reclamación de cantidad (hasta 6.000 euros y los más habituales). De esta forma la sentencia de primera instancia se convierte en firme sin posibilidad de recurrir.

El otro punto polémico es la actualización de la cuantía mínima para poder recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, que pasa de 150.000 a 800.000 euros. Muchos coinciden en que se crea una justicia para ricos. Incluso la asociación Foro Judicial Independiente, considera que esta elevación va en perjuicio de la gente con menos recursos económicos.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Álvaro Cuesta (PSOE), tiene claro su objetivo: lograr el máximo consenso a la hora de aprobar esta importante reforma. Pero todo apunta a que el PP no pondrá serias objeciones a esta tramitación parlamentaria, ya que su preocupación actual es endurecer la lucha judicial y policial contra el terrorismo de ETA. Los partidos nacionalistas apenas se juegan intereses políticos y podrían ser artífices de algunos cambios motivados por influencias profesionales.

La eliminación del recurso de apelación en los juicios más numerosos es el caballo de batalla de la abogacía ya que imposibilita el acceso a la tutela judicial efectiva en las sentencias con errores flagrantes. Los datos son tozudos: en 2009, se recurrieron en apelación el 16,4% de las sentencias dictadas por los juzgados de 1ª Instancia, quedando confirmadas el 63,7%. Sin embargo, el 16% se revocó totalmente, mientras que la parcial fue del 19,6% y la anulación del 0,7%.

Es muy posible que se presenten enmiendas para que la irrecurribilidad se plantee sólo cuando la cuantía del juicio verbal no exceda de 3.000 euros. Esta es la opción defendida por los vocales del CGPJ Claro José Fernández-Carnicero y Concepción Espejel, que expresaron voto particular al informe del Poder Judicial durante la tramitación del anteproyecto de ley.

Además, el Pleno del CGPJ aprobó este tope el 28 de enero de 2010 durante la presentación del “Informe relativo a la propuesta de modificación de la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial) y diversas leyes procesales, al objeto de reducir la litigiosidad y agilizar los procedimientos judiciales”.

Al eliminar el recurso de apelación se van a incrementar los incidentes de nulidad de actuaciones presentados por los abogados de las partes (a resolver por el mismo tribunal que dictó la sentencia según el artículo 241.1 de la LOPJ); lo que provocará un mayor atasco judicial en contra de la pretendida agilización procesal.

La exclusión de la apelación, según los vocales del CGPJ, supondrá que la única y última decisión judicial corresponderá a un juez sustituto (existentes en muchos juzgados de base), sin dar oportunidad a que su decisión sea revisada por magistrados profesionales.
La Abogacía considera que esta supresión no va a garantizar una mayor agilidad de la justicia y sí puede constituir una limitación no justificada del derecho de acceso de los ciudadanos a la justicia con todas las garantías debidas.

ASOCIACIONES JUDICIALES

Las principales asociaciones de jueces, entre ellas la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, no creen que la reforma contribuya a reducir el atasco de asuntos pendientes en los Juzgados de 1ª Instancia, que soportan el mayor colapso. Jueces para la Democracia critica el recorte de garantías al eliminar el recurso de apelación para cantidades inferiores a 6.000 euros, ya que es un importe considerable para muchas familias asfixiadas por la crisis.

Por su parte, el vocal y abogado José Manuel Gómez Benítez está convencido de que se propondrán mejoras al Parlamento en los límites establecidos para presentar el recurso de apelación cuando la decisión judicial genere una absoluta indefensión y en litigios inferiores a 6.000 euros.
Por su parte, la elevación a 800 mil euros para poder recurrir en casación se convierte en otro filtro para los justiciables, de tal forma que si no hay un interés casacional no se tramitará el recurso. El incremento de plantilla en el gabinete técnico del TS servirá para dictar más inadmisiones, aseguran a ICNR fuentes jurídicas.

Las asociaciones judiciales son más comprensivas en este aspecto y ven lógica la elevación de la cuantía para recurrir en casación ante el Supremo. Jueces para la Democracia pide que se atribuyan más competencias a los Tribunales Superiores de Justicia, con apenas funciones en las salas de lo civil y penal.

Sólo los más pudientes y las grandes empresas tendrán acceso al Supremo, lo que puede provocar un anquilosamiento de la jurisprudencia y hacer peligrar la función de los tribunales de casación: sentar doctrina jurisprudencial autorizada que prevenga frente a interpretaciones desviadas.

La reforma procesal en el ámbito contencioso-administrativo también supone más desánimo a la ciudadanía para acudir a los tribunales en sus conflictos con las Administraciones. Con la aprobación de la ley se impondrán las costas al ciudadano cuando no obtenga la razón en los recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una medida que puede restringir las garantías procesales de los justiciables. El ciudadano litigará contra unas instituciones mantenidas con sus impuestos y, encima que cuenta con mayores medios de defensa (abogados del Estado), se le impondrán las costas.

Los recursos de apelación sólo serán susceptibles cuando la cuantía no exceda de 35.000 euros. En el proyecto inicial eran 50.000 euros y la abogacía pedía mantener los 18.000 actuales.

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