edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
20/06/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La lucha contra el blanqueo de capitales recibe el impulso del Comité de Representantes Permanentes de la UE

Javier Ardalán

El Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea (Coreper) alcanzó este jueves un acuerdo sobre un amplio paquete de medidas contra el blanqueo de capitales. En él se incluye una directiva sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y un reglamento sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos para asegurar "debido trazabilidad" de estas transferencias.

Ambas propuestas tienen plenamente en cuenta las recomendaciones de 2012 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo mundial contra el lavado de dinero, y van más allá en una serie de campos de promover los más altos estándares para la lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.

El GAFI es el organismo normativo mundial de las medidas para combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, y (más recientemente) la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (químicas, biológicas y nucleares). Es un organismo intergubernamental con 36 miembros, y con la participación de más de 180 países a través de una red mundial de grupos regionales estilo GAFI.

Los principales objetivos de las medidas propuestas son fortalecer el mercado interior, reduciendo la complejidad de las operaciones transfronterizas, proteger los intereses de la sociedad de la delincuencia y los actos terroristas, preservar la prosperidad económica de la Unión Europea, ofreciendo un entorno empresarial eficiente, y contribuir a la estabilidad financiera, protegiendo la solidez, el correcto funcionamiento y la integridad del sistema financiero.

Estos objetivos se lograrán garantizando la coherencia entre el enfoque adoptado por la UE y el enfoque internacional, garantizando la coherencia entre las normas nacionales, así como la flexibilidad a la hora de aplicarlas, y velando por que estas normas se centren en los riesgos y se adapten para responder a las nuevas amenazas que vayan surgiendo.

La normativa actual se aplica a los bancos y al conjunto del sector financiero, así como a abogados, notarios, contadores, agentes de bienes raíces, los casinos y los proveedores de servicios de la empresa. Su ámbito de aplicación abarca también todos los comerciantes de bienes (tales como los comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas), cuando los pagos se realizan en efectivo de más de 15.000 euros.

En el caso de los pagos en efectivo, el umbral a partir del cual la Directiva es aplicable a las personas que comercian con bienes de elevado valor se reduce de 15.000 euros a 7.500. Actualmente, estas personas solo están incluidas en el ámbito de aplicación si efectúan o reciben pagos en efectivo de un importe igual o superior a 15.000 euros. Tras haber informado los Estados miembros de que este umbral relativamente elevado estaba siendo aprovechado por los delincuentes, se propone rebajarlo hasta los 7.500 euros.

Además, la nueva propuesta exige a estas personas que apliquen procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente cuando realicen una transacción ocasional de un importe de como mínimo 7.500 euros, lo que supone una reducción del anterior umbral, fijado en 15 000 euros. Tanto la definición como el umbral representan un endurecimiento de las medidas contra la utilización de estas personas con fines de blanqueo de capitales en toda la UE.

La propuesta estiman que los flujos masivos de dinero negro y la financiación del terrorismo pueden perjudicar la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el mercado interior, cualquier medida adoptada exclusivamente a nivel nacional podría tener efectos negativos para el mercado único de la UE.

La ausencia de normas coordinadas en los Estados miembros para proteger sus sistemas financieros podría ser incompatible con el funcionamiento del mercado interior y causar su fragmentación. La actuación de la UE también se justifica por la necesidad de mantener condiciones de competencia equitativas en toda la UE: las entidades de todos los Estados miembros quedarán sujetas a un conjunto coherente de obligaciones para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El ámbito de aplicación de la Directiva incluye ahora a los «proveedores de servicios de juegos de azar» (de conformidad con la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el mercado interior).

En virtud de la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales y de las Recomendaciones del GAFI, solo los casinos debían incluirse en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Hay datos de la UE que muestran que así se deja la puerta abierta a que los delincuentes se aprovechen de otros sectores de los juegos de azar.

Se incluye un enfoque basado en el riesgo: la Directiva reconoce que aplicar un enfoque basado en el riesgo es una forma eficaz de identificar y atenuar los riesgos para el sistema financiero y la estabilidad económica general en el mercado interior. Las nuevas disposiciones propuestas exigen la aplicación de medidas bien fundamentadas en tres ámbitos principales; en cada uno de ellos, las medidas se completarán con una lista mínima de factores a tener en cuenta o con orientaciones elaboradas por las Autoridades Europeas de Supervisión

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