edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
28/04/2014
Incumplimiento de la ley

La morosidad del Estado con sus proveedores, en el punto de mira de la opinión pública

La Administración paga en un plazo de 111 días, muy por encima de los 30 que marca la Ley
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) presenta una denuncia contra la Administración ante la Unión Europea
ICNr

Los retrasos en el pago a los proveedores de la Administración se han convertido en un problema añadido a la crisis económica y financiera y han provocado ya el cierre de muchos negocios a lo largo de los últimos años. El propio Ejecutivo trató de solventar este problema ya desde 2010, a través de una reforma de la Ley de Morosidad en los pagos que, aunque más benévola para el sector público, acortó en gran medida los plazos para cumplir con el desembolso de las sumas adeudadas. Sin embargo, la situación ha cambiado poco o nada a raíz de aquella reforma, y las denuncias contra la morosidad siguen sucediéndose. Ayer una de ellas, presentada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que representa a 1,5 millones de empresas, se convirtió en una de las noticias protagonistas de la jornada.

La Plataforma, en concreto, ha interpuesto una denuncia nada menos que contra el Gobierno ante la Comisión Europea para que la UE actúe de oficio contra España y obligue a las Administraciones Públicas a pagar en los plazos previstos y cumplir la normativa europea. Y es que, según denuncian, pese a la entrada en vigor de la Ley de Morosidad, el sector público sigue sin pagar a tiempo, y además está trabajando en varios trámites para alargar los trámites legales de plazo, incumpliendo así la directiva europea sobre morosidad.

La denuncia tiene su origen en la puesta en marcha por parte de Bruselas de un buzón anónimo de denuncias, para evitar las represalias contra los proveedores. Desde España, la de la PMcM es la primera denuncia que se interpone. El texto, recogido por el diario Expansión, es claro al asegurar que `existe por parte de las administraciones españolas una falta de cumplimiento de la normativa europea y de la propia normativa española en materia de morosidad con relación a los plazos de pago´. Y es que la Administración pública paga de media en un plazo de 111 días, muy por encima de los 30 que marca la Ley, según una encuesta de la propia Plataforma.

En este caso, la Plataforma culpa principalmente a los ayuntamientos y las comunidades autónomas, ya que el Estado sí que cumple la ley en la mayoría de los casos. De hecho, en el cuatro trimestre de 2013 se registró por primera vez un plazo de pago inferior a 30 días. En este sentido, la denuncia se centra también en otro punto clave: las pymes representadas por la PMcM arremeten contra los cambios legales que estudia la Administración para poder saltarse con impunidad los plazos de pago. Se trata de una modificación del artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se aprobó el pasado año, y que deja a las administraciones públicas ampliar `sin límite alguno´ los plazos de pago mediante acuerdo entre las partes, lo que genera inseguridad jurídica y supone una `contradicción´ con la normativa europea y la legislación española antimorosidad.

Y es que, tal y como apuntan también los internautas, la introducción de esta salvedad por acuerdo de las partes implicadas supone, en la práctica, la total indefensión de la parte más débil, la de las empresas proveedoras, ya que en la práctica éstas se verán obligadas a aceptar plazos mayores de los que marca la Ley para no perder negocio con la Administración en detrimento de otras empresas que sí estén dispuestas a `pasar por el aro´. En la misma línea, la Plataforma considera que esta medida genera inseguridad juridical, y que `es evidente que el artículo es totalmente contrario a la normativa´. 

La Directiva europea señala en su artículo 4 el inicio del cómputo del plazo de pago `desde la recepción de la factura o solicitud de pago equivalente, o en caso que la fecha sea dudosa, a partir de la recepción de los bienes o la prestación del servicio´.

La Plataforma también censura el anteproyecto de Ley de Financiación Empresarial, que permite instaurar el conforming para todos los sectores de actividad. Esta fórmula consiste en una especie de pronto pago a través de un banco, con un coste para el acreedor, propia del comercio, y que implica que la entidad financiera pueda cobrar al proveedor una comisión o unos intereses.

MÁS TRABAS PARA EL TEJIDO EMPRESARIAL

Para los ciudadanos, resulta innegable que la situación económica y los problemas de déficit tocan a la Administración –y mucho-, y que ello dificulta el cumplimiento de sus deberes con la empresas proveedoras de servicios. Pero también lo es que el tejido empresarial debería ser el último en sufrir las consecuencias de una `mala gestión´ de la que éste no ha tenido culpa. Y es que el resultado pone en jaque la sostenibilidad de estos negocios y alimenta su destrucción, generando con ello más desempleo y una mayor inseguridad en general. No se espera, en definitiva, que sea el propio Estado el que no apoye la recuperación, y mucho menos que cree herramientas ventajosas para sí mismo con las que saltarse la legalidad y proteger sus intereses en detrimento de los de el empresario. 

Los lectores apuntaron haca un nuevo caso de `mentiras´ por parte del Gobierno, primero por promover un artilugio legal a su gusto para pagar `a su antojo´, y segundo, por utilizarlo para un fin contrario a los intereses de los ciudadanos y, por ende, del propio Estado. A ello se une, además, un incumplimiento generalizado de la Ley de Morosidad que hace que, en la práctica, esta norma se haya quedado en papel mojado. `Para eso hace las leyes la casta política, para no cumplirlas. ¿Quién cumple la Ley 15/2010, de Morosidad de Administraciones Públicas y empresas? Nadie. Ahora, que se retrase cualquier individuo en el pago del IBI o en algún impuesto: te buscan y te encuentran con todas las consecuencias y el peso de la ley y la Justicia, que come de la mano de la casta política´, sentenció un lector. `Pues tú intenta pagarle a Hacienda en 111 días. Antes de ese plazo te han embargado, han vendido a tus familiares como esclavos´, aseguró otro internauta.

Además, se acusó al Gobierno de maquillar el déficit a través de esos retrasos en el pago. `Otra prueba de la falsificación de los datos de déficit público: esta morosidad no figura como deuda cuando, pasados los 30 días sin que se hayan efectuado los pagos, las facturas sin pagar deberían contabilizarse como deuda a corto plazo. ¿Se hace? No´, aseguró un lector. Estamos, por tanto, ante `otro cambalache contable del Estado, a añadir al llamado déficit eléctrico o la morosidad del pago de las primas prometidas al lobby renovable, la contabilización de facturas del último trimestre en el primero del ejercicio siguiente, etc.´ 

En la misma línea, se apuntó que, con todo, el Gobierno `sólo engaña a los bobos que se tragan las estadísticas oficiales´. `La gente con cabeza sabe que España no está cumpliendo sus objetivos de déficit y no hay mejoras económicas reales. Sólo hay un incremento de deuda lo suficientemente gordo como para dar la apariencia de que la cosa mejora, que como prueba este dato de la morosidad, aumenta a un ritmo mayor de lo que reconoce el propio Gobierno´. Así, se traslada el problema al futuro: `Los siguientes gobiernos tendrán que afrontar los problemas estructurales que tiene España y que Rajoy se ha negado a resolver, pero con un problema añadido: una deuda descomunal que España no puede pagar. Pinocho está dando la estocada´.

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