edición: 2617 , Lunes, 17 diciembre 2018
14/03/2013

La negativa sindical a negociar la modificación sustancial de condiciones de trabajo agota el periodo de consultas

Javier Ardalán
El período de consultas se consume cuando la empresa convoca diversas reuniones y la representación de los trabajos manifiesta a lo largo de todo el período su decisión de no negociar con la empresa ninguna medida de modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Así lo reconoce la Audiencia Nacional en una sentencia de 15 de febrero de 2013, en la que los representantes sindicales reclamaban que se había infringido el convenio colectivo que establecía que en el caso de que en el período de consultas no se alcanzase un acuerdo mayoritario sobre la necesidad de la modificación, se sometería la cuestión al procedimiento arbitral, estableciendo también esta norma que en el caso de que la representación legal del personal no aceptase el arbitraje obligatorio, la decisión de modificación sería ejecutiva por parte de la empresa en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Por el contrario, el magistrado Manuel Poves Rojas, considera que ni remotamente ha sido infringida tal norma del Convenio ya que fue la empresa quien comunicó al Comité que se debería someter la falta de acuerdo al arbitraje, y la representación de los trabajadores fue quien manifestó su total oposición al procedimiento arbitral que quiere abrir la empresa, lo que consta documentalmente.

La negociación del período de consultas deber ajustarse a las reglas de buena fe, lo que exige acreditar la concurrencia de propuestas y contrapropuestas, tal y como mantiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo, habiéndose entendido, que no se negocia de buena fe, cuando la empresa se limita a exponer su posición, inamovible, de proceder a tramitar el ERE  fijando la indemnización mínima legal.

En este misma línea, el tribunal considera que la representación laboral no puede aprovechar las reuniones para solicitar informaciones maximalistas, sin adelantar ningún tipo de alternativa que pueda considerarse por la empresa, obligando a suspender el período de negociación , ni puede convocar una asamblea de trabajadores donde la disyuntiva no sea si se acepta la propuesta empresarial o se proponen alternativas a la misma, sino si se negocia o no se negocia, porque justifica la conclusión sin acuerdo del período de consultas.

El período de consultas, regulado en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, es una manifestación propia de la negociación colectiva, que ha de versar sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados, siendo exigible que durante el período de consultas, las partes negocien de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.

El deber de negociar de buena fe pivota, por tanto, sobre la aportación por parte de la empresa de la información suficiente, entendiéndose como tal aquella que permita alcanzar los objetivos del período de consulta ya reseñados más arriba, puesto que si los representantes de los trabajadores no disponen en tiempo hábil de los elementos de juicio, en los que la empresa fundamenta su medida, el período de consultas se vacía de contenido.

Así pues, la empresa debe aportar toda la información, que permita acreditar la concurrencia de las causas, por las que toma la medida y la adecuación de la medida a las causas, porque ni no se hace así, la representación de los trabajadores no podrá constatar la concurrencia de causas, ni estará en condiciones razonables de evitar la medida o reducir sus efectos, que son los objetivos del período de consultas, regulado en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, puesto que no se le proporcionan los elementos de juicio, utilizados por la empresa, para ejecutar la medida.

No basta, para anular un período de consultas, que las empresas no hayan aportado documentos requeridos por la representación de los trabajadores, siendo necesario, por el contrario, que esta acredite suficientemente, que la falta de esas informaciones les impidió objetivamente la negociación efectiva durante el período de consultas.

En el supuesto debatido, señala el magistrado que la atenta lectura de las actas, que documentan el período de consultas, así como la propia demanda, nos permite concluir que los demandantes no discutieron, ni discuten, que en los ocho primeros meses del ejercicio las empresas acumularon unas pérdidas superiores al millón de euros, lo que las coloca objetivamente en situación económica negativa, que podría justificar, en su caso, el recurso a medidas de flexibilidad externa.

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