edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
13/02/2017
banca 
Más consolidación

La normativa del BCE promueve menos bancos y más grandes

La nueva ronda de consolidación -fusiones- afectará a Bankinter, Popular, Bankia, BMN, Unicaja, Ibercaja y Liberbank
Juan José González
Los problemas del sector bancario en Europa han servido para algo, para mucho si se tiene en cuenta que la nueva normativa producida en la última fase de la crisis financiera, además de reforzar la solvencia del capital, reducir los niveles de riesgos y de hacer numerosas y muy explícitas llamadas al orden en asuntos como la retribución de la alta dirección, consejeros y reparto de dividendos, parece estar logrando conducir a las entidades supervivientes hacia un callejón sin salida en asuntos de tamaño. En los últimos meses, raro es el día o la ocasión en las que sale a relucir el exceso de capacidad en el sector bancario. Las nuevas exigencias regulatorias van en esa dirección. Porque por varias vías se está primando un cambio en la estructura industrial del sector, nuevas entidades con mayor capacidad y volumen, capaces de cumplir con las nuevas exigencias de capital y riesgo. Las nuevas exigencias promueven menos entidades bancarias, impulsan la reducción de bancos al entender que hay un exceso de capacidad en el sector financiero. En España puede ser el detonante de la próxima, quizá la última, ronda de consolidación, de fusiones que seguro afectarán a Bankinter, Popular, Bankia y BMN, Unicaja e Ibercaja o Liberbank.
El último y más reciente impulso a la consolidación bancaria es el que llega de la mano de la nueva norma de resolución que obliga a las entidades a mantener el 27% de los pasivos sobre los APR, lo que pondrá en serias dificultades a algunos bancos de menor tamaño. El malestar y las reacciones de las entidades más pequeñas es evidente y el Banco de España ya viene trabajando con el supervisor europeo en modular o graduar la aplicación de la nueva normativa a las entidades de menor tamaño. No parece, sin embargo, que el regulador central vaya a recoger las demandas que propone el supervisor local español, debido a que la intención última de la normativa es, precisamente, fomentar y favorecer el cambio de estructura de la industria bancaria orientándola hacia procesos de consolidación.

A las entidades de menor tamaño que, como en el caso de las españolas, Bankinter, Popular, Bankia, BMN, Unicaja, Ibercaja, Liberbank, March y otros, ya les habían enviado el mensaje desde el Banco de España y desde Basilea al entender que las pequeñas entidades sufrirían en adelante con las nuevas exigencias, requerimientos de pasivos para absorber pérdidas y que, cuando comiencen a aplicarse obligarán a unas "deudas anticrisis" -pasivos- del 27% sobre los activos ponderados por riesgo -APR-. El coste puede ser elevado para los grandes bancos, pero soportable. Mientras que para los pequeños o medianos puede ser inasumible a medio plazo. Por esta razón, la mayoría de las entidades del segundo grupo -medianas y pequeñas- estiman que la normativa del supervisor central va dirigida, cada vez con mayor intensidad y decisión, a provocar más consolidación, a acelerar los procesos de fusión bancaria.

La nueva regulación de las autoridades europeas parece estar diseñada para poner en orden algunos de los problemas bancarios locales. Es el caso de la banca italiana y su penúltimo capítulo para evitar la quiebra de Monte dei Paschi, al que ha tenido que acudir el Estado italiano para su salvación. El caso de la banca italiana puede haber servido para acelerar los planes del Banco Central Europeo para evitar la extensión o propagación de una nueva epidemia de crisis bancarias por media Europa. Como también es uno de los capítulos más vergonzosos para las autoridades toda vez que ya se había dicho en Bruselas que los protocolos de resolución de crisis de este tipo deberían ser asumidas por los acreedores y no por el Estado -contribuyentes-.

El cualquier caso, las nuevas exigencias de la autoridad bancaria no llegan en el mejor momento para el sector financiero español, cargado de nuevos costes en base a la resolución de algunos de los últimos litigios procedentes de los tribunales de Justicia. Conflictos entre banca y particulares que esta última ha resuelto en favor de estos últimos y en contra de algunas entidades del sector. Fallos judiciales que tendrán su repercusión en las cuentas mediante su transformación en costes. De ahí que, si la normativa de Bruselas va a tener un claro reflejo en las cuentas lo será sin duda mediante mayores costes de la "deuda anticrisis". Costes que, obviamente, siempre serán mejor soportados por entidades de mayor tamaño.

Por tanto, no llegan en buen momento los requerimientos de pasivos porque obligarán a todo el sector a poner en marcha emisiones voluminosas que obliguen también a las pequeñas entidades a tomar otro tipo de medidas, dado que las emisiones en cuestión pueden agravar algunos problemas de rentabilidad o pérdidas en algunas de las entidades. Es probable que si las autoridades europeas aceleran la aplicación de la nueva normativa, algunas entidades españolas deban aplazar sus planes de salida a Bolsa, mientras que otras pisarán el acelerador de la consolidación.

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