edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
13/06/2013
El Estado utiliza su ventaja

La normativa favorece la financiación del sector público

La banca se cura en salud asegurando riesgos y capital con un cliente que no aporta morosidad
Juan José González

"Si el presidente del Gobierno desea que fluya el crédito a pymes y familias, ya sabe lo que tiene que hacer". La sentencia del banquero intenta contestar, sin precisar, las dudas sobre la localización exacta del dinero y del porqué de su ausencia, aunque en ambos casos las sospechas van dirigidas hacia el sitio acertado. En el último año, las cifras ofrecidas por el Banco de España en su Informe Económico dejan en evidencia que el dinero que no llegó a financiar empresas y familias viene a coincidir prácticamente, con el aumento de la financiación a la Administración Pública. Y así, deuda pública y otros préstamos han sido los receptores de ese crédito que el presidente no acaba de ver por empresas ni particulares. El Estado, por otro lado, juega además con la ventaja de una normativa claramente favorable a la banca que le financie.

La banca cuenta con recursos limitados y no puede atender al total de la demanda del sistema, la pública y la privada, así que, en tanto el Estado no ceda el presidente deberá seguir a la espera. Lo cierto es que meses después de firmado el MoU en Bruselas, con el dinero ya en los balances bancarios, el saneamiento avanza a buena velocidad (aunque será precisa más gasolina) y por el contrario el crédito sigue en el mismo estado de ausencia e inapetencia hacia el riesgo privado. Más o menos se sabía que la acción no conllevaría reacción en la liquidez, y que esta, lejos de llegar a empresas y particulares, se está orientando hacia el destino más seguro, con menor riesgo, donde la contabilidad permite un tratamiento favorable a la banca.

A todo esto, el sistema bancario abdica temporalmente de su clásica función, de distribuidor del crédito, para ceder el protagonismo a los nuevos instrumentos de absorción de recursos privados para los numerosos saneamientos en marcha. El FROB es uno de ellos, uno de los pozos con profundo fondo que absorbe dinero que en la práctica debería estar financiando actividad económica. El Estado mantiene el pulso a base de atraer (y sustraer) capital agravando la seguía de la financiación empresarial. 

A cambio, intenta aplicar cuidados paliativos tales como una mayor implicación de las sociedades de garantía recíproca (no sirve para nada, puesto que estas no financian sino que mutualizan riesgos y punto) y más actividad (dentro de lo que cabe, y cabe poco) al ICO, un `no banco´ que se apoya en redes externas para distribuir un crédito con el que, muy a menudo, las entidades hacen sustituciones de riesgo (propio por público). En resumen, el Estado se busca la vida para financiarse.

Y en esta labor, no sólo desplaza la financiación del sector privado, sino que la anula. Bastaría con comparar el aumento de la suma de compras de deuda pública y la concesión de préstamos al sector público, frente a la financiación que el sector privado ha dejado de recibir para comprobar el lugar exacto donde se encuentra el dinero. Dinero que el Estado ha recibido, en su gran mayoría, de la banca privada española. 

Tampoco es cuestión de buscar culpables, pero las reglas del juego, en este caso, la normativa contable, parece hecha a la medida de ese sistema, de desplazar a la competencia privada. Como medida de seguridad y solvencia, los bancos están obligados a mantener un determinado porcentaje de recursos propios en función de los activos según riesgo. Y el riesgo por la adquisición de deuda del Estado es el mejor de todos: cero.

Cosa distinta es el riesgo de la financiación a las empresas y particulares que a diferencia de aquel consume capital. De esta forma, los bancos optan por lo más práctico, seguro y rentable como es financiar al Estado. Por otra parte, el dinero utilizado por los bancos que procede del Banco Central Europeo, obliga a la entidad privada a una garantía como contrapartida y claro, qué mejor garantía que la ofrecida por el papel del Estado. Financiar al Estado, según las normas, no obliga a provisionar como tampoco a considerar un préstamo como de dudoso cobro y, por tanto, el retraso en la devolución al banco –mora- no afectará a sus cuentas.

Quizás porque el sistema favorece que la financiación se incline del lado público, o porque el sector bancario está obligado a mantener los márgenes y cumplir con las normas de solvencia, el dinero se mantendrá a distancia de los proyectos empresariales y de los planes de los particulares. Lo que llama la atención es la actitud reiterativa del Gobierno en solicitar a la banca “que esté a la altura" para dar créditos a las pymes, como reclamaba el presidente Mariano Rajoy este martes, mientras la demanda de préstamos por parte de las distintas Administraciones del Estado, continúa absorbiendo el dinero disponible en el sector financiero.

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