edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
20/10/2010

La nueva propuesta de un impuesto europeo abre el ajuste de cuentas entre Alemania y Francia

Javier Ardalán

La Comisión Europea levantó ayer ampollas entre las representaciones de los Estados miembros al incluir en el proyecto de Presupuestos de la Unión una propuesta que no por esperada ha resultado menos denostada por los Gobiernos nacionales, fundamentalmente por Alemania, lo que supone un importante lastre para que pueda salir adelante la propuesta. Claro que peor ha caído la propuesta de la Comisión de aumentar en un 5,7% el presupuesto comunitario para 2011 entre los Gobiernos de los Veintisiete, especialmente entre un grupo de países, entre ellos Reino Unido, Holanda, Suecia o Dinamarca. La armonización impositiva de la UE requiere del apoyo unánime de todos los Estados miembros, así como la participación de las naciones del denominado Espacio Europeo (países como  Islandia, Noruega y Liechtenstein).

La Comisión está haciendo previsiones para las negociaciones presupuestarias correspondientes al período 2014-2021, que podrían ser aún más difíciles que de costumbre a causa de los problemas financieros de los países miembros. El presupuesto es diseñado cada siete años y es abastecido con aportaciones de los estados miembros, un recurso sobre el IVA y derechos que gravan las importaciones de productos procedentes de terceros país.

El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, por el contrario, se ha postulado como el abanderado del establecimiento de un impuesto comunitario al dióxido de carbono, una tasa para prevenir crisis bancarias y aranceles sancionadores  para proteger el clima. El Gobierno galo quiso imponer un impuesto sobre el CO2 el pasado mes de julio, pero finalmente se convenció que supondría una traba excesivamente grave para la productividad de las empresas francesas y, finalmente, decidió esperar a que el tributo se generalice para todos los países de la UE.

Únicamente en la aplicación del impuesto bancario, franceses y alemanes se ha mostrado de acuerdo. A comienzos de año, la visita a Berlín de la ministra de economía gala, Christine Lagarde, sirvió para que ambos gobiernos anunciaran su voluntad de apoyar el tributo que servirá para financiar futuros rescates financieros.

La propuesta del comisario el comisario europeo de Presupuesto, Janusz Lewandowski, de crear un nuevo impuesto europeo, ha desatado la resistencia de las soberanías europeas a ceder competencias en materia tributaria, ya que Bruselas pretende recaudar de forma directa algunas figuras tributarias sobre el transporte aéreo, sobre las transacciones financieras, así como otra cantidad derivada de la subasta de emisiones de CO2.

Lewandowski considera que es hora de dar este nuevo paso en el camino hacia un sistema federal europeo. Sin embargo, la recaudación de impuestos es una prerrogativa de los gobiernos nacionales guardan muy celosamente, pues consideran que un tributo cobrado por Bruselas actuaría en detrimento de sus propias recaudaciones, puesto que elevaría la presión fiscal de sus ciudadanos, en un momento en que están diseñando nuevas figuras impositivos de carácter medioambiental.

Buena parte de los parlamentarios comunitarios considera, frente a las críticas de los Gobiernos, que la Unión Europea tiene un problema de financiación desde hace una década, puesto que las competencias han venido aumentando, pero no han llegado acompañadas de sus correspondientes dotaciones presupuestarias. Entre ellas, destacan las de inmigración, política exterior y energía, entre otras muchas más.

En el año 2006, el Parlamento Europeo realizó una propuesta de impuesto europeo basada en la posibilidad de gravar con impuestos los correos electrónicos y los mensajes de texto (SMS), que fue rechazada, después de que se pusiese en pie toda la comunidad de internet comunitaria. En aquél año ya existían experiencias de rechazo en las normativas de algunos Estados miembros.

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