edición: 2493 , Jueves, 21 junio 2018
27/10/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

La obligación del pasajero a llevar consigo impresa la tarjeta de embarque bajo penalización

DATADIAR

El Juzgado Mercantil n° 1 de Barcelona, estimó parcialmente la reclamación formulada contra la compañía aérea RYANAIR por los daños y perjuicios causados con ocasión de la cancelación de un vuelo contratado declarando además la nulidad, por apreciar su carácter abusivo, de la cláusula contractual dispuesta por dicha compañía, como condición general de la contratación, que obliga al pasajero a llevar consigo impresa la tarjeta de embarque bajo la penalización, en caso contrario, de tener que abonar 40 euros por la impresión o reimpresión de la misma en el mostrador del aeropuerto, como requisito para el embarque. La compañía RYANAIR interpuso recurso de apelación respecto a la declaración de nulidad de la citada cláusula contractual de la que ha conocido la Audiencia Provincial de Barcelona en Sentencia de 5 de octubre de 2011 contra la que no cabe recurso extraordinario alguno conforme a la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

La Audiencia señala que resulta admitido que RYANAIR, como compañía de bajo coste, vende sus billetes de transporte a través de internet, a solicitud del usuario mediante el acceso a una página web. Una vez efectuada la contratación, RYANAIR emite un billete o documento de transporte que el pasajero obtiene mediante impresión desde dicha web. RYANAIR confirma seguidamente, por e-mail que remite al usuario, la contratación del vuelo e indica al pasajero que debe hacer la facturación on line desde 15 días hasta 4 horas antes del horario del vuelo en la citada página web, debiendo imprimir la tarjeta de embarque y presentar ese documento impreso en el aeropuerto. Asimismo, RYANAIR advierte que de no presentar dicho documento impreso, el pasajero deberá pagar una penalización de 40 euros para obtener la reemisión o reimpresión de la tarjeta de embarque por parte del personal de RYANAIR en el aeropuerto, siempre con 40 minutos de antelación a la salida del vuelo. Esta obligación y las consecuencias de su incumplimiento constan con claridad, además, en las condiciones generales de la contratación que el usuario ha de aceptar a la hora de realizar una contratación o reserva de vuelo.

Estima el Tribunal que no coincide con la sentencia apelada cuando estima que la compañía incumple la obligación de emitir o expedir el "documento de transporte" a que se refiere el art. 3 del Convenio de Montreal, o la tarjeta de embarque, desplazando hacia el usuario la carga de emitirlas o expedirlas. En el sistema descrito, RYANAIR emite o expide el "documento de transporte" a que se refiere el art. 3 del Convenio de Montreal, que contiene el número de reserva y los datos del vuelo y del pasajero contratante, y el pasajero obtiene dicho documento mediante su impresión desde la página web de la compañía. Con este método, la compañía agiliza el trámite del embarque además de obtener un ahorro de costes al evitar el despacho e impresión de las tarjetas de embarque a cargo de su personal de tierra en el correspondiente mostrador del aeropuerto.

Asimismo, estima la Audiencia Provincial que teniendo en cuenta la normativa protectora de los consumidores y usuarios, concretamente los arts. 80 y 82 del RDL 1/2007, no considera que la obligación, suficientemente advertida con antelación, a cargo del pasajero de imprimir  la tarjeta de embarque desde la página web en la que ha efectuado la contratación, y llevarla consigo al aeropuerto, sea un gravamen desproporcionado, implique un desequilibrio importante entre las prestaciones o limite de manera injustificada sus derechos, en definitiva que sea abusiva en el sentido del art. 82 del RDL 1/2007.

Además, señala la Sentencia que la cláusula de penalización que RYANAIR incluye en el condicionado general invita al cumplimiento de dicha obligación asumida por el pasajero y sanciona la omisión de una gestión que, en contra de lo convenido, el pasajero pondría a cargo de la compañía en el momento del embarque (la impresión o reimpresión de la tarjeta) y que la compañía ha querido evitar, sin que la consecuencia del incumplimiento sea desproporcionada (como sería la denegación del embarque), sino meramente económica y de no excesiva cuantía.

Finalmente la audiencia señala que la cláusula en cuestión se trata de un pacto amparado por la libertad contractual (art. 1255 CC), del que el pasajero es suficientemente informado y cuya aplicación (la cláusula penal) puede evitar con una mínima diligencia cual es, entrar en la web de RYANAIR, imprimir la tarjeta y no olvidar llevarla consigo al aeropuerto, procediendo, por ello, a estimar el recurso y desestimar la pretensión de nulidad.

Cabe señalar además que consta un voto particular de uno de los Magistrados que discrepan de la posición de la mayoría entendiendo que el recurso no debería ser estimado, al compartir la posición de la resolución recurrida que considera abusiva la cláusula que constituye el objeto de la controversia.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. BOE nº 249 de 15 de octubre de 2011.
A lo largo de los últimos treinta años los sistemas de garantía de depósitos se han asentado en el entorno europeo como uno de los elementos indispensables para garantizar la confianza de ahorradores y depositantes en el conjunto del sistema bancario. En España, la temprana creación en 1977 de los primeros Fondos de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios y en Cajas de Ahorros, a los que acompañaría posteriormente el de Cooperativas de Crédito, a través de un régimen de contribuciones previas o ex ante, constituyó al mismo tiempo un síntoma de la evolución de nuestro sistema financiero y un impulso a su modernización, en un contexto de cambios sociales, políticos y económicos cruciales en nuestra historia reciente. Las posteriores reformas de aquel primer sistema de garantía, efectuadas a lo largo de tres décadas, se comprenden hoy, con la debida perspectiva, como hitos singulares que han acompañado el progresivo desarrollo, en complejidad, capacidad y volumen, de nuestro sistema financiero. Un primer momento de revisión del sistema tuvo lugar a principios de los años ochenta, pocos años después de su creación, ya que si bien se percibió a los fondos como un valioso instrumento para afrontar los problemas del sistema bancario, se constató que la complejidad jurídica y económica de la crisis de un establecimiento bancario hacía conveniente ampliar las posibilidades de actuación de los fondos, de modo que su objeto no fuera simplemente el de garantizar los depósitos en caso de suspensión de pagos o quiebra de una entidad, sino que alternativamente pudieran contribuir a reforzar la solvencia y el funcionamiento de las entidades, evitando en última instancia un eventual, y posiblemente más costoso, pago de depósitos.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de estafa. Engaño bastante. No se cumplieron los deberes de autotutela del propio patrimonio, por lo que el daño económico sufrido no es imputable objetivamente a la acción del autor. Tribunal Supremo. Sentencia 27 de mayo de 2011
La Audiencia Provincial de instancia declaró probado que el acusado mantenía relaciones comerciales con determinada Caja de Ahorros, con la que concertó una línea de descuento por importe de 350.000 euros. La dicha línea de descuento formalmente carecía de limites subjetivos en cuanto a la identidad de los librados cuyos efectos era posible descontar, si bien que de hecho se limitó a los documentos expedidos por determinada persona cuya solvencia era conocida por la entidad de crédito que, por el contrario, no consideraba suficiente la del acusado para responder del abono de deudas en la cuantía a que ascendía el límite de aquella línea de descuento. Y en estas condiciones se vino operando entre el acusado y la entidad financiera, hasta que en el año 2005 dicho acusado se propuso obtener dinero a crédito para ampliar su actividad comercial, y como no la obtuviera directamente de la Caja de Ahorros comenzó a presentar con cargo a la línea de descuento pagarés propios girados contra otras cuentas corrientes de las que él mismo era titular, si bien que en los pagarés ni se identificaba el librado ni su firma era la habitual y conocida en la Caja; y dado que únicamente le admitían pagarés de aquella persona de conocida solvencia, él mismo indicaba a los empleados de la Caja de Ahorros, faltando a la verdad, que el librado era dicha persona de incuestionada solvencia, anotando los empleados en la relación de efectos entregados la procedencia de cada uno de ellos según las indicaciones del acusado, e identificando la firma como correspondiente a aquella persona. En estas condiciones, durante los años 2005 – 2006 el acusado presentó alrededor de 90 pagarés con lo que en total obtuvo descuentos por total importe ascendente a 265.000 euros. Engaño bastante. Inexistencia. En el presente caso el recurrente niega que efectuara por su parte maniobra engañosa alguna, que fuera eficaz para inducir a error a la entidad financiera, cuya equivocación se debió a su propio descontrol de los pagarés descontados por el recurrente. Este se limitó a decir a los empleados de la Caja que los pagarés habían sido librados por aquella persona solvente, pero el acusado no hizo constar este dato en los títulos ni puso la firma de este señor, ni dejó de domiciliar los pagarés en su propia cuenta corriente. Es decir, que lo verbalmente manifestado a los empleados lo desmentía la literalidad de los documentos, bastando con su sola lectura para saber que la cuenta en que debía abonarse los pagarés no era la de la persona solvente sino en la del acusado. Situación que evidencia la inidoneidad del engaño y la evidencia de que el error padecido por la Caja fue consecuencia de la falta de comprobación y de control de los pagarés que se admitieron al descuento. Es doctrina de la Sala (SSTS. 31.03.2009 y 19.05.2009, entre otras), que se excluye la Estafa cuando la representación errónea de la realidad por el sujeto pasivo deriva exclusivamente de un comportamiento suyo imprudente no inducido a su vez por artimañas o ardides del sujeto activo, y en tal caso el error no es objetivamente imputable al engaño. La protección patrimonial que ofrece el derecho penal es subsidiaria, porque lo primero que se requiere es que los titulares del patrimonio hayan observado el comportamiento exigible en orden a su protección. En el presente caso no se cumplieron los deberes de autotutela del propio patrimonio, por lo que el daño económico sufrido no es imputable objetivamente a la acción del autor sino a la desatención de quienes debieron, pudiendo hacerlo, desplegar los exigibles deberes de autoprotección que hubiera conjurado el riesgo y el resultado dañoso.


Mercantil

La mera circunstancia de que la consignación no fuese precedida ni acompañada de ofrecimiento de pago al perjudicado no pueden considerarse razón suficiente para no liberar del recargo por mora. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de junio de 2011
Tratándose de un supuesto en que del accidente se derivaron daños personales para la víctima con una duración estimada para su curación y estabilización de las lesiones superior a tres meses, el tenor literal del apartado 2º de la Disposición Adicional de la Ley 30/95, en redacción vigente a fecha en que se llevó a cabo la cuestionada consignación en el juicio de faltas precedente, imponía a la aseguradora el deber de consignar dentro del plazo de tres meses siguientes al siniestro la cantidad que considerase debida, y de solicitar al mismo tiempo del órgano judicial un pronunciamiento expreso sobre su suficiencia o insuficiencia, al objeto de poder ampliar la que se considerase no bastante con arreglo al informe médico forense obrante, sin que se condicionara la eficacia liberatoria de la consignación que se ajustara a tales parámetros al cumplimiento del previo o simultáneo ofrecimiento de pago al perjudicado. Dado que la  aseguradora demandada efectuó una primera consignación en el juicio de faltas precedente dentro del plazo legal de tres meses siguientes a la fecha del siniestro que el Juzgado de Instrucción declaró como suficiente la mera circunstancia de que la consignación no fuese precedida ni acompañada de ofrecimiento de pago al perjudicado, y de que la aseguradora se opusiera expresamente a su entrega diciendo que de la misma no podía deducirse un reconocimiento de responsabilidad no pueden considerarse razón suficiente para no liberar del recargo por mora.

Prescripción de las acciones de reclamación del pago de comisiones. Plazo trianual: aplicación del artículo 4 LCA. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de junio de 2011
En virtud de lo sentado en Sentencia de 22 de enero de 2007, que, siguiendo la misma línea argumental que la anterior de 18 de abril de 1967, ha confirmado la inclusión en la expresión genérica del artículo 1967.1º («agente «) a todos los que tienen por oficio gestionar negocios ajenos, con independencia por tanto, ha de entenderse, de si se desempeña tal función con carácter esporádico o de forma estable.  Por ello, estima el TS que las acciones de reclamación de las retribuciones debidas al agente, como efecto del contrato de agencia, prescriben en el plazo de tres años que establece el artículo 1.967 del Código Civil, por ser aplicable su regla 1ª. En definitiva, tal y como ya señaló la sentencia dictada y las posteriores dictadas por esta Sala el 7 de octubre de 2010   y el 15 de octubre de 2009 , las acciones de reclamación de las retribuciones debidas al agente, como efecto del contrato de agencia, prescriben en el plazo de tres años que establece el artículo 1.967 del Código Civil, por ser aplicable su regla 1ª  , por lo que el recurso de casación debe ser desestimado.


Civil

Habiéndose declarado justificada la resolución  dejó de existir la obligación de la promotora respecto de los compradores y, en consecuencia, no cabe imputarle incumplimiento. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de junio de 2011
Las partes son libres a la hora de regular sus obligaciones contractuales (artículo 1255 del Código Civil  ) así como el tiempo en que han de ser cumplidas, y en este caso los contratantes, al proceder a la novación del contrato mediante documento suscrito el 22 de junio de 2005, comenzaron por establecer unas obligaciones mensuales de pago por parte de los compradores mediante letras de cambio, que no fueron cumplidas, lo que dio lugar al requerimiento resolutorio por parte de la vendedora, según lo expresamente estipulado en el indicado documento; momento a partir el cual, habiéndose declarado justificada la resolución  dejó de existir la obligación de la promotora respecto de los compradores y, en consecuencia, no cabe imputarle incumplimiento alguno de conformidad con lo dispuesto en los artículos que se citan ni puede haber sido conculcado el artículo 1256 del Código Civil  , ya que de ninguna forma quedó la validez y el cumplimiento la obligación al arbitrio exclusivo de la demandante.

El contrato de apoderamiento taurino es un contrato atípico que participa, como presupuesto esencial, de la naturaleza del mandato representativo. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de junio de 2011
El contrato de apoderamiento taurino es un contrato por el que los demandantes, como tales apoderados, se obligan a representar y dirigir la carrera artística del torero poderdante, demandado, en todos los órdenes y ámbitos de su actuación profesional como matador de toros y contratarán por cuenta del mismo todas sus actuaciones profesionales, con un plazo de duración determinado, se fijan los honorarios, gastos y desembolsos, distinguiendo temporadas y señalando la forma de pago.
Este contrato es un contrato atípico, podría decirse que es «típicamente atípico» que participa, como presupuesto esencial, de la naturaleza del mandato (artículos 1709 y siguientes del Código civil) representativo (artículo 1259 del mismo código).
El apoderamiento en general (concepto formal) tiene naturaleza atípica y participa del mandato y representación voluntaria, con más afinidades a esta figura jurídica, conformando acto jurídico por medio del cual el principal concede voluntariamente al apoderado poder y facultades de representación para llevar a cabo las funciones y actividades que constituyen el objeto del encargo, proyectándose en lo externo en cuanto relaciona y liga al representado con los terceros, siempre que el apoderado- representante actúe dentro de los límites del poder.


Laboral

El proceso de tutela de derechos fundamentales es ejercitable aún cuando la lesión no sea actual y con independencia del proceso por despido. Acumulación de acciones. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 13 de junio de 2011
La cuestión que se aborda en las presentes actuaciones es la relativa a si la acción de tutela -indemnizatoria- de los derechos fundamentales mediando despido, puede ser objeto de procedimiento independiente o si la decisión empresarial extintiva ejerce fuerza atractiva sobre las restantes manifestaciones de la conducta hostigadora, hasta el punto de vincular la denuncia de ésta a un necesario proceso por despido y someterla igualmente al plazo de caducidad previsto para esta modalidad procesal. La frase «se tramitarán inexcusablemente» utilizada por art.182 LPL va referida tan sólo a concretar la modalidad procesal que ha de seguirse cuando se pretenda la nulidad de un despido en base a alegada vulneración de derecho fundamental, y que ha de ser la del despido, pero en forma alguna puede entenderse la expresión legal en el sentido de que mediando despido, la indemnización atribuible a la lesión del derecho fundamental necesariamente haya de pretenderse en el proceso por despido. Es más, en el supuesto ahora debatido la demanda por el despido para nada hizo mención a que la medida extintiva se hubiese producido con vulneración de los derechos fundamentales, en tanto que la pretensión indemnizatoria de esta última se ejercita con mucha posterioridad y al margen de ese cese conciliado, por lo que en el concreto caso de que tratamos es más claramente inargumentable la vis atractiva del procedimiento por despido y la aplicación del plazo de caducidad.

Despido disciplinario en el que se solicita nulidad o subsidiariamente improcedencia por vulneración de derechos fundamentales. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 14 de junio de 2011
En el presente procedimiento sobre despido disciplinario del que fueron objeto tres trabajadores de la empresa, se solicita la nulidad del mismo o subsidiariamente la improcedencia, con alegación de vulneración de derechos fundamentales. En el recurso presentado por la primera trabajadora, no se aprecia contradicción entre las sentencias comparadas, para abordar los motivos sobre nulidad del despido, por  considerar legitimada su actuación dada su condición de representante sindical, según argumenta la recurrente, tampoco respecto al segundo motivo, pues entre los hechos que relata la sentencia de contraste y los de la recurrida, en cuanto a los indicios en la conducta antisindical de la empresa, no cabe establecer similitud alguna sobre la que apoyar la contradicción. Y finalmente, tampoco se aprecia contradicción en el tercer motivo propuesto en el que se alega la nulidad del despido en el supuesto trato desigual sufrido. Respecto al segundo trabajador, correrá igual suerte en cuanto no se aprecia contradicción entre las sentencias comparadas en que apoyar su motivo sobre prescripción de la falta imputada. No cabe apreciar igualdad sustancial entre los hechos, lo que hace que, aún siendo igual el criterio adoptado en ambas sentencias acerca de la necesidad de que  el expediente no supere el plazo de quince días hábiles para que surta el efecto interruptivo que se reclama, en un caso, la recurrida, dicho plazo no se había superado  y en otro, la de contraste, si lo había sido. Se reclama también la declaración de improcedencia del despido por eludir la demandada  el trámite de audiencia  del demandante en el expediente disciplinario, tampoco cabe apreciar contradicción, ya que en la referencial  se produjo  la omisión de la mención de hechos de distinta naturaleza en el trámite de audiencia en tanto que en la recurrida  el pliego contiene una mención de los mismos hechos que la carta  de despido, si bien  con empleo de una terminología menos precisa. Tampoco prospera su pretensión de declaración de nulidad del despido por discriminatorio.


Administrativo

Impugnación indirecta de instrumentos de planeamiento. Tribunal Supremo. Sentencia 31 de marzo de 2011.
Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo son los órganos competentes para conocer de las impugnaciones indirectas de las disposiciones generales, naturaleza de la que participan los instrumentos de planeamiento. Además, la competencia del Juzgado viene determinada por el acto impugnado directamente por lo que una vez sentado que la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha de entenderse dictada como si de segunda instancia se tratara, tal resolución queda excluida del recurso de casación pues éste únicamente procede contra las sentencias dictadas en única instancia.

Aprobación de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa. Tribunal Supremo. Sentencia 31 de marzo de 2011.
No ha existido falta de motivación en la sentencia de instancia toda vez que contiene una respuesta razonable y comprensible a efectos de su impugnación, que considera que los terrenos de la entidad recurrente se han incluido en zona de dominio público marítimo terrestre por constituir un complejo de playa-duna-estuario que forma una flecha arenosa en playa. Y quedando claro que el deslinde efectuado por la Administración debía incluir los terrenos de la entidad recurrente, es evidente que los mismos no han perdido su carácter demanial por su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...