edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
01/12/2016
LA OREJA DE LARRAZ

La OCDE estima que el fraude y los tipos reducidos del IVA en España suponen una pérdida de 59% de la recaudación

Javier Ardalán
España perdió un 59% del potencial de recaudación que se conseguiría si todos los productos estuvieran sometidos al tipo general (en su caso el 21%) y si no hubiera ningún fallo o fraude en la recaudación, según las conclusiones del Informe anual sobre las tendencias de los impuestos sobre el consumo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El tipo de IVA estándar español es del 21,0%, cifra superior a la media de la OCDE, que a 1 de enero de 2016 era del 19,2%, frente al 17,7% del 1 de enero de 2009. España aplica tipos de IVA reducidos del 4% y del 10% a  una serie de bienes y servicios. Desde 2009, 22 de los 34 países de la OCDE que tienen un IVA han elevado su nivel IVA por lo menos una vez. En línea con esta tendencia, España elevó su tipo de IVA estándar en 2010 y 2012.

De esta forma, España se sitúa como el cuarto país de la OCDE que menos aprovecha el potencial de recaudación del IVA en relación con el potencial que ofrece su tipo general, sólo por encima de México, Grecia e Italia, lo que se explica sobre todo por la extensión de los tipos reducidos y el fraude. Sobre la base de los datos de 2014 (los últimos disponibles) el nivel de "eficiencia" del IVA en México es del 32%, el 37% en Grecia e Italia y el 41% en España.

El índice de ingresos por IVA (VRR) en España fue de 0,41 en 2014, por debajo de la media de la OCDE de 0,56. La VRR es una medida sobre el rendimiento de los ingresos de un sistema de IVA. Una proporción de 1 reflejar un sistema del IVA que aplica un tipo único de IVA a un base integral de todos los gastos en bienes y servicios consumidos en una economía - con la aplicación perfecta del impuesto. Casi la mitad de los Estados de la organización (16) estaban por debajo del 50% y 28 por debajo del 65%.

Los autores del estudio constatan una tendencia a limitar el alcance de los tipos reducidos, para tener en cuenta las conclusiones de otro de sus informes de 2014 que cuestiona la idea de que tengan un efecto redistributivo.

A ese respecto, insisten en que los tipos bajos de IVA, aunque sean para productos de primera necesidad que son los que más consumen las personas con menores ingresos, no son eficaces en términos redistributivos.

En concreto, aconsejaron dedicar una parte de lo que se obtendría extendiendo el tipo general del IVA a subsidios exenciones fiscales o subsidios a los grupos de ingresos reducidos, para reducir así el impacto regresivo que tiene este impuesto.

Las Directrices de la OCDE sobre el IVA señalan que el IVA es un impuesto de base amplia sobre el consumo final, plurifásico, que recaudan las empresas sobre el valor añadido producido en cada fase de producción o distribución, y cuyo coste, en principio, no soportan estas.

De acuerdo con las Directrices, el concepto de neutralidad del IVA tiene distintas dimensiones, por lo que es preciso definir una serie de principios de neutralidad, como que los sujetos pasivos no deben soportar la carga económica del Impuesto, salvo en aquellos casos que así lo prevea la legislación de manera clara y explícita. También, se establece que en el caso de empresarios similares realizando transacciones similares deberían estar sujetos a similares niveles de gravamen. Y, además, que las reglas del IVA deben estar diseñadas de forma tal que no constituyan el motivo principal de las decisiones empresariales.

Los representantes de más de un centenar de Estados y jurisdicciones han dado su apoyo a las directrices de la OCDE sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que buscan garantizar que en las transacciones transfronterizas se paga efectivamente en la jurisdicción donde se consumen los productos, lo que servirá para reducir al mínimo los riesgos de que las normas fiscales no coordinadas distorsionen el comercio internacional.

Estos acuerdos se han logrado en la reunión anual del Foro Global de la OCDE sobre el IVA, que se ha celebrado los pasados días 5 y 6 de noviembre en París (Francia). Con ello se trata, en primer lugar, de garantizar que el IVA grava el consumo privado y no la actividad empresarial, es decir, que no afecta a la producción y no genera desajustes en el comercio transfronterizo.

El segundo gran objetivo es que en el caso de transacciones de servicios entre empresas, el gravamen sólo se aplique en el país de recepción del servicio. Los nuevos estándares pretenden impedir las consecuencias de aplicar el IVA sin coordinación entre países, lo que puede llevar a una doble imposición o a privar a los Estados de una importante fuente de financiación.

El paquete final de medidas aprobado por el Foro Global incluye normas recomendadas para la recaudación del IVA en los servicios transfronterizos, incluyendo las descargas de Internet y a los consumidores privados (B2C). En 2014, se estima que las ventas B2C facturaron algo más de 1,4 billones de dólares, con un aumento de casi el 20 por ciento sobre 2013. Y las previsiones mundiales sobre el sector se sitúan en 2,4 billones de dólares en 2018.

Por ello, frente a estas cifras globales, los representantes de los Estados y jurisdicciones miembros de la OCDE y los Gobiernos del G-20 consideran esta brecha en el IVA como un desafío clave para el comercio mundial, tan importante como para afrontar una reforma integral, coherente y coordinada de las normas fiscales internacionales.

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