edición: 2741 , Martes, 18 junio 2019
17/09/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La OCDE publica sus primeras siete recomendaciones para crear leyes que obliguen a las multinacionales a tributar

Javier Ardalán

La OCDE publicó este martes sus primeras siete recomendaciones para lograr un consenso internacional coordinado para combatir la evasión fiscal por parte de empresas multinacionales mediante la erosión de bases impositivas y el traslado de beneficios a países que evitan la tributación o la reducen a la mínima expresión (BEPS, por sus siglas en inglés).

El informe de la OCDE, encargado por el G-20, tiene como objetivo primordial crear un conjunto único de normas fiscales internacionales para poner fin a la elusión fiscal de las empresas con actividad transfronteriza.

El fraude y la elusión fiscales representan un problema grave y pluridimensional, que exige un planteamiento coordinado a nivel nacional, de la UE e internacional. Dado que los Estados miembros conservan sus competencias en materia fiscal, es importante que estos tomen medidas a nivel nacional.

No obstante, teniendo en cuenta la globalización actual de la economía y la naturaleza transfronteriza del fraude y la elusión fiscales, así como el afán de los Estados miembros por mantener su competitividad, las medidas unilaterales a nivel nacional no bastan, por sí solas, para lograr el efecto deseado. Por tanto, todos los esfuerzos deben ir dirigidos a establecer una estrategia fiscal común europea, concreta y cohesionada, que todos los Estados miembros adopten y pongan en práctica.

Se estima que la Unión Europea pierde un billón de euros de ingresos públicos al año debido al fraude y la elusión fiscales. La brecha tributaria ha alcanzado una magnitud alarmante y representa un coste anual de aproximadamente 2.000 euros por ciudadano europeo. El promedio de ingresos tributarios que pierde Europa hoy en día supera el importe total que los Estados miembros gastan en sanidad y equivale a más de cuatro veces el importe destinado a la educación en la UE.

Muchos gobiernos tienen que hacer frente a menores ingresos y a mayores costes de cumplimiento. Además, las BEPS  socavan la integridad del sistema tributario, ya que la opinión pública considera que los bajos impuestos declarados por las grandes empresas son injustos. Cuando las normas dejan que las empresas reduzcan su carga fiscal trasladando sus ingresos fuera de las jurisdicciones en las que se realizan las actividades que generan esos ingresos, otros contribuyentes de esa jurisdicción tienen que soportar una carga mayor. Y, además, las empresas se ven perjudicadas por el desequilibrio que se produce en la competencia y las multinacionales en su reputación.

La expansión de la economía digital también supone desafíos para la fiscalidad internacional. La economía digital se caracteriza por basarse, como ninguna otra, en activos intangibles, por el uso masivo de datos -especialmente los personales-, por la adopción general de modelos comerciales poliédricos que aprovechan el valor de las externalidades generadas por los servicios gratuitos, y por la dificultad para determinar la jurisdicción bajo la que tiene lugar la creación de valor.  Estos fenómenos han creado oportunidades para que las multinacionales minimicen enormemente su carga tributaria, por lo que muchos gobiernos tienen que hacer frente a menores ingresos y a mayores costes de cumplimiento.  Estas debilidades ponen en peligro el marco actual basado en el consenso, haciendo necesaria una importante movilización de los tomadores de decisiones para evitar que los problemas empeoren.

Estas recomendaciones serán un tema clave en la agenda de los ministros de finanzas del G-20 en su próxima reunión, organizada por el ministro de Finanzas de Australia Joe Hockey, durante los días 20 y 21 de septiembre, en Cairns (Australia). Además, pueden verse aún afectadas, además, por las decisiones tomadas con respecto a los elementos restantes del Plan de Acción de BEPS, que está previsto para sea presentado a los gobiernos del G-20 para su aprobación definitiva en 2015.

Este trabajo tiene como base el plan de acción BEPS, que cuenta con  15 recomendaciones clave que deben analizarse antes de 2015, según el calendario establecido por la propia OCDE.  El proyecto tiene como objetivo ayudar a los gobiernos a proteger sus bases imponibles y ofrecer una mayor seguridad y previsibilidad a los contribuyentes, combatiendo que las nuevas normas internas que establezcan los Estados puedan dar lugar a situaciones de doble imposición, aumenten las cargas de cumplimiento innecesarias o impongan restricciones a la actividad transfronteriza legítima.

Los siete elementos del Plan de Acción incluidos en las recomendaciones de la OCDE, tratan de mejorar la transparencia de las Administraciones tributarias y aumentar la seguridad y previsibilidad a los contribuyentes mediante la mejora de la documentación de precios de transferencia e incluye la obligación de incluir la información contable, incluida la facturación y beneficios, país a país- Un amplio desglose de la actividad en cada una de las jurisdicciones en las que actúe. Además, se buscará garantizar la coherencia de los Impuestos sobre Sociedades a nivel internacional, mediante nuevas disposiciones fiscales sobre el modelo  de elaboración de tratados para neutralizar los arreglos entre las sociedades de híbridos.

Se persigue también realinear la fiscalidad y la sustancia relevante para restaurar los beneficios previstos de las normas internacionales y para prevenir el uso indebido de tratados fiscales, así como asegurar que los precios de transferencia resultantes están en línea con la creación de valor, a través de acciones para abordar temas de precios de transferencia en el área clave de los  intangibles.

Finalmente, se persigue facilitar una rápida aplicación de las acciones de BEPS a través de un informe sobre la viabilidad de elaborar un instrumento multilateral para enmendar los tratados fiscales bilaterales, abordar los retos de la economía digital y contrarrestar las prácticas fiscales perjudiciales.  Las medidas propuestas se acordaron después de un proceso de consulta transparente e intensivo entre la OCDE, G-20 y los países en desarrollo y las partes interesadas del sector empresarial, laboral, académico y de organizaciones de la sociedad civil.

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