edición: 3007 , Viernes, 10 julio 2020
16/09/2011

La Oficina del Defensor del Pueblo se alinea con quienes creen que las cláusulas de suelo y techo son abusivas

Javier Ardalán
La Oficina del Defensor del Pueblo considera que existe una clara falta de reciprocidad en la aplicación de las cláusulas de suelo y techo en la Memoria de 2010, que ayer presentó la Defensora del Pueblo en Funciones, María Luis Cava Llano, ante el Pleno del Congreso de los Diputados. La Memoria considera que los ciudadanos no son informados adecuadamente a la hora de firmar el correspondiente contrato, viéndose desprotegidos en el ejercicio de sus derechos.

Además, recuerda que existe una sentencia, de 30 de septiembre de 2010, que anuló unas cláusulas de suelo y techo del BBVA, Caixa Galicia y Cajamar, del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla  al considerar que eran abusivas por la falta de reciprocidad de las mismas.

En esta sentencia del magistrado juez Miguel Ángel Navarro explica que el abuso reside en el "evidente desfase" que existe entre los suelos y techos de los préstamos hipotecarios, que proporciona un beneficio al banco que carece de "reciprocidad en perjuicio del consumidor".

La sentencia considera que es claro y notorio que las limitaciones alza no son semejantes, según dice la Orden Ministerial de Transparencia Bancaria, sino que la relación es desproporcionada y señaladamente por el lado del techo en relación al suelo.

Navarro concluye que se trata de cláusulas que "aparecen integradas en una pluralidad de contratos" y que son "impuestas" por las entidades bancarias al usuario, quien "debe aceptarlas y adherirse a ellas si quiere el servicio" dentro de las cláusulas generales del préstamo hipotecario.

No obstante, en 2007, el Banco de España como el Ministerio de Economía publicaron sendos informes sobre la materia en el que concluyeron que  estas cláusulas son legales siempre que se conjuguen con una adecuada protección de los derechos de los consumidores, y que las obligaciones que la normativa vigente de transparencia impone a las entidades de crédito que incorporan estas cláusulas a sus contratos, su normalización y, en particular, la advertencia notarial sobre su contenido, pueden considerarse garantía adecuada para que el cliente pueda conocer con suficiente precisión el alcance del coste financiero que asume.

El informe del Banco de España manifiesta que las cláusulas de acotación a los tipos de interés integran el núcleo obligacional del contrato, por cuanto sirven para fijar el tipo de interés, siendo que el mismo se rige por el principio de libertad en la fijación del mismo.

Además, dice que la utilización de una acotación a la baja de la variación del tipo de interés vendrá acompañada de ventajas para el prestatario en forma de reducción del precio a abonar en forma de interés remuneratorio, aumento del periodo de carencia o de amortización del préstamo.

En las entrevistas con las entidades, se puso de manifiesto que la causa básica del establecimiento de las cláusulas que establecen limitaciones al descenso de los tipos de interés (incluso en muchos de los casos que también incorporan un techo para dicha variación) es mantener un rendimiento mínimo de esos activos (de los préstamos hipotecarios) que permita a las entidades resarcirse de los costes de producción y mantenimiento de estas financiaciones, costes que según el mismo informe estaría integrado en dos grandes grupos el coste del dinero, que en el caso de nuestras entidades está constituido mayoritariamente por recursos minoristas y los gastos de estructura necesarios para producir y administrar los préstamos, que son independientes del precio del dinero.

En esta misma línea, se ha pronunciado el Juzgado Mercantil de Madrid nº 2, cuyo titular, el magistrado Javier Yáñez, en sentencia de 8 de septiembre de 2011, considera que no se puede afirmar en general que la cláusula ha sido objeto de negociación individualizada por referirse a un elemento esencial del contrato, sino que habremos de estar al caso concreto.

En sus argumentos, Yáñez indica que existe una necesidad de salvaguardar una debida correlación entre los tipos de intereses y con ello con una finalidad de proporcionar estabilidad a los resultados de la entidad y que con ello se favorezca la estabilidad financiera, elemento de interés público.

Considera la sentencia que es necesario examinar si a ambas partes se les atribuye los mismos derechos y obligaciones, no si las prestaciones derivadas del contrato son equivalentes. Y manifiesta que no cabe fijar la desproporcionalidad o falta de reciprocidad en la asimetría de las acotación y por lo tanto en el distinto rango de los tipos de interés, sino que habría de tenerse en cuenta el resto de los elementos integrantes del préstamo; desde luego no es aconsejable acometer el examen de asimetría de las limitaciones a la variación al tipo de interés, con el único sustento de la evolución económica en el periodo precedente.

Nos encontramos, afirma Yáñez con un préstamo hipotecario vivienda, identificado así en la propia escritura, en cuyas cláusulas financieras, se identifica el tipo de interés de referencia bien por aplicación del referencial (Euribor) o bien por el establecimiento de un mínimo de referencia al que se aplica el diferencial del 0,70%.

Nada impediría a la entidad financiera, explica, establecer un diferencial de 1 o del 1,5% para el caso en que el Euribor, fuera inferior a al tipo que se estableciese. Se trata por tanto de distintas fórmulas utilizadas por la entidad para la fijación del precio, en un sistema de libre concurrencia y de agresiva competitividad entre las diferentes entidades financieras, cuyo primer reflejo lo podemos observar en la fijación de los tipos de interés y de los sistemas utilizados para el establecimiento del tipo resultante.

Por todo ello, esta sentencia considera que las cláusulas de suelo y techo no son abusivas.

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