edición: 2852 , Viernes, 22 noviembre 2019
27/12/2010

La Oficina Presupuestaria de las Cortes nace con la estadística desfasada

Juan José González
El Gobierno acaba de aprobar la puesta en marcha –sobre el papel- de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. Sólo sobre el papel, es decir, el 16 de noviembre pasado se podía leer en el periódico del Estado, el BOE, la ley 37/2010, que aprobaba la creación de la citada oficina. Pues bien, en un ejercicio de reafirmación de “el que hace la ley, hace la trampa”, aserto que bien podría encabezar a modo de preámbulo la mencionada ley, el Gobierno ponía en marcha un organismo independiente para evaluar las políticas fiscales del Ejecutivo, similar a un consejo de política fiscal, respondiendo así a la reiterada solicitud de numerosas instituciones y organismos internacionales, entre ellos el Consejo Europeo de Bruselas. Sin embargo, la respuesta del Gobierno español a dichas demandas, reúne todas las características de una singular añagaza o tomadura de pelo.

La Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales está llamada a ser “el mecanismo de asesoramiento técnico en materia de seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado”. La idea, fruto de la presión del BCE, FMI, BM, OCDE y otros muchos más, es muy buena porque el Ejecutivo se compromete por esta vía a proporcionar, no solamente asesoramiento técnico a las Cámaras legislativas -cuyos miembros ya no tendrán más disculpas para no profundizar (trabajar) en asuntos de ingresos y gastos del Estado, por desconocer su complejidad- sino también, a evaluar la información sobre la ejecución presupuestaria.

Hasta aquí todo esta bien etiquetado y empaquetado, sin embargo, el asunto tiene una trampa: la información de la que se va a nutrir principalmente esa oficina ya está publicada, ya era conocida, ¿dónde?; en la página web del Ministerio de Economía, en la que se puede comprobar las estadísticas de ejecución presupuestaria con periodicidad mensual, así como las estadísticas correspondientes a las inversiones materializadas del presupuesto –semestral- y la liquidación de éste así como de los organismos dependientes del Estado.

Es decir, que la creación de la mencionada Oficina, deberá ser interpretada como una argucia temporal para quitarse de en medio las reclamaciones constantes de Bruselas para cumplir con la Directiva Comunitaria que recogía la recomendación/obligación de poner en marcha el citado organismo. Por tanto, Bruselas ya no podrá reclamar a España el cumplimiento de ese ‘consejo independiente’ dentro de las Cámaras legislativas, puesto que ya está en marcha, si bien, el contenido, la información indispensable para que sea operativa ya será conocida, estará desfasada, y por tanto, nada podrá ser evaluado, criticado ni fiscalizado.

Hasta tal punto esta Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales es buena idea que en un momento como el actual sería interesante que un organismo de un perfil presupuestario explicara a Sus Señorías, y estas a su vez a los ciudadanos, sobre el impacto de las deudas a las que debe hacer frente el Estado, o la desviación de la financiación de este, o la marcha de las finanzas de las empresas del sector público, así como un largo listado de cuestiones que sí estarían en la dirección marcada recientemente por el Ejecutivo, esto es, de mayor exigencia en la transparencia de la actividad fiscal del Estado.

Un nuevo organismo que se pone al servicio de los diputados y senadores que puede ser gran utilidad para todos los partidos de la oposición, ya que podrán seguir la ejecución de todas las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales que ellos mismos han votado –a favor, en contra o con abstención-, pero siempre y cuando cuenten con la información a tiempo, lo que no parece al caso. Y es que, al final, el papel lo aguanta todo.

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