edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
10/06/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La OIT destaca una mayor desigualdad de los ingresos en detrimento del trabajo en cada Estado

Javier Ardalán

La desigualdad cada vez mayor en los ingresos en el interior de los países es, a día de hoy, un hecho y esta tendencia va asociada a un cambio en la distribución de los ingresos, en detrimento del factor trabajo, según las conclusiones del Informe sobre el Trabajo en el Mundo de 2014, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto ocurre también en los países en desarrollo.

Los datos indican que un aumento de las desigualdades puede ser perjudicial para el crecimiento económico en la medida en que el efecto negativo en el consumo asociado a las desigualdades cada vez mayores supera cualquier efecto positivo resultante de la mayor rentabilidad de las inversiones y competitividad de los costos.

Estos resultados tan negativos ocurren probablemente –señala la OIT en su informe- debido a que en muchos países los efectos de la competitividad se han visto empañados por la disminución de la participación de los ingresos provenientes del trabajo, lo que conduce a un déficit de la demanda agregada global y a una carrera hacia el abismo en cuanto a salarios y normas laborales.

Además de los efectos en la economía, estas mayores desigualdades en los ingresos pueden erosionar la cohesión social e intensificar el malestar social, como ha ocurrido en algunos países árabes y asiáticos.

Desafortunadamente, la capacidad de los países en desarrollo para compensar la participación cada vez menor de los ingresos provenientes del trabajo a través de una tributación progresiva es más limitada que en el caso de las economías avanzadas.

Por consiguiente, es fundamental fortalecer las instituciones del mercado de trabajo, lo cual puede mejorar la distribución de la renta entre el factor capital y el factor trabajo. Esto puede lograrse facilitando el diálogo entre empleadores y trabajadores, reforzando las leyes laborales y las normas fundamentales del trabajo, así como aplicando una protección social bien diseñada con objeto de garantizar una distribución de los ingresos más equilibrada en los países en desarrollo. Países como Argentina, Brasil, y más recientemente, Túnez, cuentan con experiencias muy positivas al respecto.

A pesar de estas tendencias positivas, los problemas sociales y de empleo siguen siendo agudos en la mayor parte de los países emergentes y países en desarrollo. Más de la mitad de los trabajadores del mundo en desarrollo, cerca de 1.500 millones de personas, se encuentran en situación laboral vulnerable.

Estos trabajadores tienen menos posibilidades que los trabajadores asalariados de acceder a modalidades de trabajo formales, contar con protección social, como sistemas de pensiones o salud, o tener ingresos regulares. Tienden a encontrarse atrapados en un círculo vicioso de ocupaciones de baja productividad, malas remuneraciones y capacidad limitada para invertir en la salud y la educación de sus familias, lo que a su vez perjudica el desarrollo general y las perspectivas de crecimiento, no sólo de ellos mismos sino de las generaciones futuras.

El empleo y el trabajo decente deberían ser un objetivo fundamental de la agenda para el desarrollo después de 2015, según señala la OIT, que ha adoptado una serie de importantes iniciativas que, como parte de una nueva agenda de desarrollo establecida bajo los auspicios de las Naciones Unidas, podrían contribuir notablemente a mejorar los niveles de vida de todas las mujeres y los hombres del mundo.

El desafío del empleo también es cualitativo. De hecho, el nivel de educación está mejorando rápidamente en la mayoría de los países en desarrollo, lo cual ha ido agrandando la brecha entre las competencias adquiridas en la educación y el nivel de competencias que exigen los empleos disponibles.

Los países en desarrollo están alcanzando a las economías avanzadas. El proceso de convergencia económica entre los países en desarrollo y las economías avanzadas ha cobrado impulso. Entre 1980 y 2011 la renta por habitante en los países en desarrollo aumentó una media del 3,3 por ciento al año, una cifra muy superior al aumento medio del 1,8 por ciento registrado en las economías avanzadas. Este proceso de convergencia se ha visto acelerado desde principios del decenio de 2000, en particular desde el inicio de la crisis mundial de 2007 y 2008.

Los países que más han invertido en empleos de calidad desde principios del decenio de 2000, el nivel de vida (medido por el crecimiento de la renta media anual por habitante) mejoró más que en las economías en desarrollo y las economías emergentes que destinaron menos recursos.

Se calcula que durante los cinco próximos años accederán al mercado de trabajo unos 213 millones de trabajadores nuevos, de los cuales 200 millones pertenecerán a países en desarrollo.  Actualmente, la tasa de desempleo juvenil ya supera el 12 por ciento en los países en desarrollo, una cifra tres veces superior a la tasa de desempleo de los adultos.

La falta de empleos de calidad es un factor determinante de la emigración, en particular entre los jóvenes con formación de los países en desarrollo. La diferencia entre los salarios de los países receptores y de los países emisores llega a ser de 10 a 1. En 2013, más de 230 millones de personas vivían en un país que no era el país en que habían nacido, unos 57 millones más que en 2000; y un 50 por ciento de estas personas eran originarias de Asia Meridional.

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