edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
13/09/2013
Vuelve la paga de Navidad

La opinión pública, a favor de congelar un año más el salario de los funcionarios

Los ciudadanos reclaman al Gobierno un recorte en profundidad de la estructura pública y apoyan toda política a favor de la eficiencia del sector
ICNr

Los presupuestos de la austeridad, que se prolongarán un año más y, si cabe, con más dureza en 2014, empiezan a dar malas noticias a los diferentes sectores de la sociedad. El primero de ellos ha sido el de los trabajadores de la Administración Pública, que no verán mejora salarial alguna de cara al próximo ejercicio. Se trata de una novedad a medias: desde 2010, la partida de los Presupuestos Generales del Estado destinada a los gastos del personal público se ha mantenido sin cambios, y 2014 no será una excepción. Sin embargo, la noticia, difundida ayer por la prensa, sirvió de marco para retomar un debate siempre latente: la necesidad de cortar por lo sano en las Administraciones Públicas, rebajando salarios `inflados´ con respecto a la empresa privada y diezmando si es necesario el volumen de personal, al que se acusa nuevamente de `ineficiente´. 

La decisión de mantener los sueldos públicos congelados un año más –tanto para la Administración central como para la autonómica y la local- responde a un intento del Gobierno por conseguir llevar las cuentas al camino que marca Bruselas, a pesar de que la meta final parece cada vez más lejana. Como compensación, los funcionarios podrían recuperar días moscosos y la paga extraordinaria de Navidad, una medida que ha despertado sentimientos encontrados entre los lectores. De momento, el Ministerio de Hacienda sigue trabajando para que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 vea la luz muy pronto, concretamente, en la reunion del Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes 27 de septiembre. 

Ello dibuja un escenario muy criticado ayer por los afectados, que recordaron que sus remuneraciones no han sido revisadas al alza desde 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incluyó una rebaja del 5 por ciento en sus sueldos, en el marco de sus medidas para reducir el déficit. Aquella medida fue acompañada de otra igual de polémica, como fue la congelación de las pensiones. Aquel recorte se econsolidó en 2011 con la decisión de congelar los salarios del funcionariado, y esa decisión se ha repetido ejercicio tras ejercicio. La historia se repite en 2014, aunque con incentivos como la recuperación de esos días libres por asuntos propios, que habían pasado de seis a tres durante 2013. 

Pero la revisión más polémica viene de la mano de la recuperación de la paga extraordinaria de Navidad, medida que despertó oposición incluso dentro de sus filas y que acabó con decisiones `rebeldes´ en el marco de varias comunidades autónomas, a lo que se suma su paso –victorioso- por el Tribunal Consitucional. 

NECESIDAD DE RECORTAR

En este contexto, los internautas retomaron el debate sobre la práctica de `hinchar plantillas´ y otorgar sueldos desproporcionados a sus beneficiarios por tareas que, en el sector privado, funcionarían de modo muy distinto. Los ejemplos se cuentan por miles y la documentación acerca de esta realidad es cada vez más abundante; un hecho que los medios de comunicación han fomentado, documentando casos –Galicia, Málaga son algunos ejemplos- de la forma en que funciona la adjudicación de puestos de trabajo y los procesos de selección a cargos  públicos, demostrando un `absoluto desprecio´, a juicio de los lectores, hacia la procedencia del dinero público y hacia el grueso de los contribuyentes. 

Por este motivo, en el imaginario de la opinión pública existe una asociación directa entre trabajo público –sea del tipo que sea- e ineficiencia, y ello lleva a los ciudadanos a aplaudir -con el evidente desacuerdo de los afectados, aunque con excepciones- cualquier recorte que afecte a quienes forman parte de la estructura del Estado y del resto de las administraciones. `Tanto colocar amigos, comprar voluntades, etc. ha supuesto hinchar las plantillas, y ahora no se pueden pagar´, resumió un lector. 

Los ciudadanos recordaron que los ajustes que se han llevado en la empresa privada han sido mucho más drásticos y, lo que es peor, la incertidumbre acerca de la posibilidad de perder el empleo es constante. En el mejor de los escenarios –el del no despido, o el de conseguir trabajo antes de que se acabe la ayuda pública-, los salarios se han reducido con dureza para hacer frente a la contracción de la economía, y eso es algo que el sector público, simplemente, no sufre de la misma manera.

Sin embargo, del otro lado, los funcionarios recordaron el efecto que el recorte tendrá en el consumo y, por ende, en la recuperación económica. Congelar nuevamente los sueldos supone que `tres millones de empleados publicos y sus familias seguiremos sin consumir´, a los que se suman `los 14 millones que suman parados y pensionistas´. Además, se hizo hincapié en el problema que supone meter en el mismo saco a toda la masa laboral relacionada con las Administracones. Se puso en el punto de mira a asesoes de políticos y cargos a dedo, que son `los que realmente ganan sueldos millonarios´. 

Otro aspecto clave en la defensa del funcionariado se encuentra en la falta de medidas en otros sectores, con la lucha contra el fraude fiscal a la cabeza. En definitiva, se defiende que, mientras el Estado hace la `vista gorda´ con ciertas prácticas, los perjudicados son `los de siempre´, es decir, los contribuyentes. La urgencia por cumplir con Bruselas no sería tal si el Gobierno `hiciera los deberes´ en las materias en que debe hacerlo, tal y como volvió a recordar ayer la opinión pública. 

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