edición: 2600 , Miércoles, 21 noviembre 2018
30/10/2012
Publicado el reglamento de la reforma laboral

La opinión pública celebra que el Gobierno facilite los ERE en ayuntamientos, aunque se traduzca en más desempleo

Piden una justa equiparación entre el número de desempleados del sector privado y los del sector público, al que se acusa de ineficiente
ICNr

En plena polémica por la última cifra de desempleo, y mientras desde la opinión pública se exige un ajuste del empleo público que se corresponda con el que se está produciendo en el sector privado, ayer se hizo pública la nueva norma de desarrollo de la reforma laboral que viene a aclarar de qué manera deben proceder los entes, organismos y entidades del sector público para poder llevar a cabo ERE, igual que la empresa privada. Aunque ya existen sentencias que admiten tal posibilidad cuando la administración de que se trate se encuentre en situación de déficit (sin ir más lejos, el pasado viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró perfectamente legal un ERE llevado a cabo por el Ayuntamiento de Estepona), los ciudadanos tomaron la publicación de la nueva norma como un `punto y aparte´ que llevará a las instituciones públicas a recortar personal en mucha mayor medida. Y, aunque la traducción sea que más personas irán al paro, la mayoría consideró que la norma resulta `justa´, aunque sólo sea por igualar la situación de todos los ciudadanos ante la posibilidad del despido.

Se trata, en concreto, del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Un texto cuya principal novedad reside en que los entes, organismos y entidades del sector público que se encuentren en situación de déficit o cuyos presupuestos se hayan reducido un 5 por ciento en el ejercicio corriente o un 7 por ciento en los dos anteriores, podrán aplicar despidos colectivos entre su personal laboral desde mañana. Con esta norma se aclara en qué casos existen `causas económicas´ que puedan llevar al ente de que se trate a acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas, con indemnizaciones de 20 días por año trabajado. Es decir, se abre la puerta a la posibilidad de abaratar el despido en el ámbito del sector público, creando seguridad jurídica en cuanto a cuáles serán las condiciones para que existan tales causas.

Eso sí, la norma no se aplica a los funcionarios, aunque sí a alrededor de 840.000 personas, es decir, quienes componen el colectivo conocido como personal laboral contratado y el personal de empresas con más del 50 por ciento del capital público. Así, las regulaciones de empleo aplicables en las administraciones públicas podrán justificarse en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, tal y como están previstas en el sector privado, entendiéndose por causas económicas una `insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes´. En cuanto al número de afectados, se podrá hablar de despido colectivo si la medida afecta a diez trabajadores de un departamento de al menos cien empleados, o al 10 por ciento de la plantilla de un organismo de entre 100 y 300 asalariados, o a 30 personas de una entidad que emplee a más de 300.

En cuanto a la posibilidad de adoptar medidas intermedias, como aplicar  reducciones de jornada o de salario, ello sólo es posible en entidades de derecho público y otros organismos dependientes de una o varias administraciones públicas que obtengan más del 50 por ciento de sus ingresos del mercado. Se aclara, además, que si el despido es por causas técnicas u organizativas, las administraciones públicas deberán presentar una memoria explicativa que acredite la concurrencia de dichas causas, incluyendo los presupuestos de los dos últimos ejercicios (con gastos de personal) y la plantilla laboral del departamento afectado, entre otras cosas.

SE ACABA EL `CHOLLO´ DEL EMPLEADO PÚBLICO

Para los lectores, el hecho de que el nuevo reglamento recoja con detalle la posibilidad de llevar a cabo despidos colectivos en un contexto público resulta una importante novedad y, tal vez, el único acierto de la reforma laboral, en el sentido de introducir una herramienta para que no sólo el sector privado soporte el peso del ajuste que debe asumir la totalidad de la economía española. Los internautas celebraron que se acabe el `chollo´ de los empleados públicos -no estaría de más, a su juicio, que se acabara también el `chollo´ político-  y se apoyaron en que es del todo lógico que el trabajo del contratado eventual termine cuando no hay necesidad de este servicio, igual que en la empresa privada. Así, por triste que resulte que crezca el desempleo, para la opinión pública, `es lo razonable´.

No tanto lo es el hecho de que los funcionarios no entren en paraguas de esta norma, aunque también se aseguró que el hecho de permitir a las administraciones acotar vía empleados puede servir para aumentar la carga de trabajo del funcionariado y, por lo tanto, introducir una mayor eficiencia en este sector. Se habló también de la posibilidad de `reubicar´ a quienes, atados al sector público de por vida, puedan resultar más útiles en otros sectores internos en caso de que el propio se encuentre sobredimiensionado, aunque para ello sea necesario mejorar los mecanismos de formación y promoción interna. En sentido contrario, desde la posición del funcionariado se record que no puede equipararse `media hora de entrevista de trabajo´ con una oposición de `mínimo dos años´. `El funcionario pasa una oposición, lo que conlleva años de estudio de preparación. Por esos años no se los puede despedir. ¿O acaso un trabajador privado ha estado dos o tres años (aparte de su carrera universitaria o similar) preparándose para lo que le están pagando?´, aclaró un lector.

Sin embargo, también existen puntos dudosos en la norma, que entra en vigor hoy: `la cuestión más grave es que ahora los gobernantes despedirán a quienes no pertenezcan a su partido, aunque sean los trabajadores más efectivos, aprovechando la situación para colocar a familiares y amigos, cuando escampe la situación´, aseguró un lector. Se trata de un peligro posible, dado que muchos cargos `son de confianza´ y, por tanto, vienen `a dedo´, sin un proceso selectivo previo. La reforma, en este sentido, se calificó como `un paso más para que los políticos gestionen su empresa personal con el dinero de todos, a su antojo y con sus amigos´. Así, `viendo como han gestionado estos últimos 15 años unos y otros os podéis ir haciendo una idea de como acabará esto: cuando la gente se de cuenta que la miseria y el hambre no son coyunturales sino que son parte del nuevo modelo que están montando los banqueros y políticos correrá la sangre´, sentenció un internauta.

Del mismo modo, cabe la posibilidad de que esta herramienta, sencillamente, no se utilice. `No esperéis que se apliquen grandes ERE en todo tipo de organismos públicos: ningún partido querrá utilizarlo porque es la manera en que todos ellos se garantizan seguir teniendo enchufados a sus amigos y familiares, esos que jamás aprobarían una oposición y aunque la aprobaran, no estarían dispuestos a trabajar por los mil euros que gana el funcionario´, aseguró un lector.

En todo caso, para la mayoría, la clave de la norma se encuentra en que, gracias al nuevo marco,  se ahondará en el proceso de reestructuración que ya se ha iniciado en sectores como el educativo y el sanitario. Los internautas recordaron que `mucho de ese personal labora ya ha sido despedido´ y que lo más probable es que `ahora le toque a los ayuntamientos´. Eso sí, también se recordó que el hecho de que vaya más gente al paro no servirá para que llegue más dinero a la ciudadanía, ni para promover políticas de crecimiento, ni para relajar la presión fiscal: sólo servirá para pagar los intereses de la deuda y para sanear el sector financiero. Con ello, se alimenta el círculo vicioso que lleva a la depresión. Y es que, a más desempleo, menos consumo y, a menos consumo, más despidos provocados por la falta de ventas. La consecuencia es que mientras no surjan políticas que liberen de tantas cargas a empresarios y consumidores, no habrá `brotes verdes´ que valgan, por lo que se demandaron medidas paralelas a favor del crecimiento que logren que se cree empleo `por otro lado´ mientra se destruye allí donde es necesario. Es decir, que se trabaje no sólo en recortar, sino en crear un nuevo modelo económico que haya que cubrir con el trabajo de los ciudadanos.

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